La prevención sísmica en Venezuela volvió a ocupar un lugar central en el análisis de especialistas luego de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que devastaron el norte del país el pasado 24 de junio. El desastre dejó un balance oficial de 5.346 fallecidos, provocó el colapso de 190 edificios y dañó cientos de estructuras adicionales.
Para ingenieros y expertos en gestión del riesgo, la magnitud de la tragedia no solo refleja la fuerza del fenómeno natural, sino también las consecuencias de reducir la inversión en planificación, mantenimiento de edificaciones y preparación institucional para responder a emergencias de gran escala.
Prevención sísmica en Venezuela evidencia las consecuencias de décadas sin planificación
Los terremotos registrados el 24 de junio marcaron uno de los episodios más devastadores de la historia reciente de Venezuela y reactivaron un debate que durante años permaneció relegado: la necesidad de fortalecer las políticas de prevención sísmica antes de que ocurra un desastre de gran magnitud.
Las dos sacudidas, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con pocos segundos de diferencia y afectaron principalmente al estado La Guaira y otras zonas del norte del país. Además de las miles de víctimas mortales, la emergencia dejó comunidades enteras destruidas, miles de personas desplazadas y una infraestructura severamente comprometida.
Para Juan Manuel Fuentes García, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica (SMIS), la tragedia no puede analizarse únicamente desde la intensidad del movimiento telúrico. En su opinión, también refleja la ausencia de estrategias sostenidas de mitigación del riesgo en un territorio históricamente expuesto a la actividad sísmica.
El especialista recordó que existían antecedentes técnicos que advertían sobre la posibilidad de un terremoto importante en la región.
Según explicó, diversos estudios identificaban un período de retorno aproximado de sesenta años para un evento de esas características, una proyección que prácticamente coincidió con el momento en que ocurrió el doble sismo.
Fuentes García considera que la principal enseñanza del desastre radica en comprender que la memoria colectiva suele debilitarse con el paso del tiempo.
Cuando transcurren varias décadas sin grandes terremotos, disminuye la percepción del riesgo y muchas ciudades reducen los esfuerzos destinados a la actualización de normas, inspección de edificaciones y fortalecimiento de los sistemas de respuesta.
A su juicio, esa situación contribuyó a que numerosas construcciones permanecieran expuestas a un fenómeno que, desde el punto de vista geológico, siempre fue considerado posible.
El ingeniero sostuvo que una política permanente de prevención debe incluir evaluaciones técnicas periódicas, actualización de reglamentos de construcción, programas de mantenimiento estructural y estrategias de planificación urbana orientadas a disminuir la vulnerabilidad de las comunidades.
La experiencia de México muestra la importancia de fortalecer las normas de construcción
La tragedia venezolana también motivó comparaciones con la experiencia acumulada por México después de los terremotos de 1985 y 2017.
Juan Manuel Fuentes explicó que esos eventos impulsaron profundas modificaciones en la normativa de construcción y en los procedimientos técnicos aplicados a nuevas edificaciones.
El especialista señaló que el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México ha experimentado actualizaciones constantes con el propósito de incorporar nuevos conocimientos sobre ingeniería sísmica y mejorar la resistencia estructural de los inmuebles.
Sin embargo, reconoció que los desafíos persisten.
Indicó que aproximadamente el 98 % de los edificios existentes fueron construidos antes de la entrada en vigor de los criterios actuales, circunstancia que mantiene un amplio parque inmobiliario con diferentes niveles de vulnerabilidad frente a un terremoto de gran intensidad.
Para el ingeniero mexicano, la antigüedad de muchas edificaciones constituye uno de los factores que explican los daños observados en Venezuela.
A ello sumó otras variables como la ocurrencia de dos terremotos consecutivos, la poca profundidad del evento sísmico y la falta de mantenimiento preventivo en numerosos inmuebles.
En el caso específico de las zonas costeras, destacó que la corrosión del acero utilizado en las estructuras representa un problema adicional.
La exposición permanente a ambientes salinos acelera el deterioro de los materiales y disminuye progresivamente la capacidad de resistencia de las edificaciones cuando no reciben mantenimiento adecuado.
Fuentes García afirmó que reducir esos riesgos exige políticas públicas sostenidas y una planificación urbana basada en información técnica actualizada.
También considera indispensable identificar previamente las construcciones más vulnerables para intervenirlas antes de que ocurra un nuevo evento sísmico.
Desde su perspectiva, invertir en prevención resulta considerablemente menos costoso que enfrentar las consecuencias humanas, económicas y sociales derivadas de un desastre de gran magnitud.
Protocolos de respuesta y cultura preventiva fortalecen la resiliencia de las ciudades
La etapa posterior a un terremoto representa otro componente esencial dentro de la gestión integral del riesgo.
Teresa Jessie Cervantes Quiroz, integrante del Comité de Seguridad Estructural y consejera del Colegio de Ingenieros Civiles de México, destacó que la rapidez y organización con la que actúan las autoridades puede marcar una diferencia significativa en la protección de vidas humanas.
La especialista señaló que disponer de protocolos previamente establecidos permite coordinar de forma eficiente a los organismos de emergencia, equipos de rescate, instituciones públicas y voluntarios durante las primeras horas posteriores al desastre.
En Venezuela, las labores de búsqueda entre edificios colapsados demostraron la enorme complejidad que implica atender simultáneamente cientos de estructuras afectadas y miles de personas damnificadas.
Cervantes explicó que México desarrolló importantes mecanismos de actuación después de las experiencias vividas en los terremotos de 1985 y 2017.
Entre ellos figura el protocolo de actuación sísmica impulsado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, mediante el cual equipos especializados inspeccionan rápidamente los edificios afectados para determinar si pueden seguir utilizándose o requieren evacuación inmediata.
La especialista considera que compartir estas experiencias entre países latinoamericanos puede fortalecer la capacidad regional para responder a futuras emergencias.
No obstante, insistió en que la preparación no comienza cuando ocurre un terremoto.
Según explicó, la verdadera resiliencia urbana se construye mediante un trabajo permanente que incluye capacitación continua de ingenieros, actualización de reglamentos, educación ciudadana, simulacros frecuentes y coordinación constante entre autoridades, universidades, colegios profesionales y organizaciones de protección civil.
En ese sentido, afirmó que la cultura preventiva debe convertirse en una política sostenida y no limitarse a períodos posteriores a una tragedia.
Especialistas coinciden en que la resistencia de una ciudad frente a un terremoto depende tanto de la calidad de sus edificaciones como del nivel de preparación de sus instituciones y de la capacidad de respuesta de la sociedad.
Los terremotos registrados en Venezuela vuelven a recordar que los fenómenos naturales no siempre pueden evitarse, pero sus consecuencias sí pueden reducirse mediante planificación, inversión y prevención.
La experiencia vivida tras el doble sismo del 24 de junio coloca nuevamente la gestión del riesgo en el centro del debate regional. Para los expertos, la magnitud de la tragedia demuestra que la prevención sísmica en Venezuela requiere políticas permanentes, actualización técnica, supervisión de las edificaciones y protocolos de respuesta capaces de actuar con rapidez cuando ocurre una emergencia. La resiliencia de las ciudades, concluyen, no se construye después de un desastre, sino mediante decisiones sostenidas que permitan reducir la vulnerabilidad antes de que vuelva a producirse un gran terremoto.
Con información de El Economista
