La revisión de ascensores en Venezuela debe avanzar con rapidez para evitar que miles de habitantes permanezcan confinados de forma indirecta en edificios residenciales, según advirtió el Colegio de Ingenieros de Venezuela.
El gremio solicitó a la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, que intervenga ante las autoridades nacionales y municipales para establecer un plazo máximo de 24 horas destinado a la evaluación técnica de los equipos. También propuso otorgar otras 24 horas a las juntas de condominio para reactivar el servicio cuando los especialistas certifiquen que no existen daños que comprometan la seguridad.
Revisión de ascensores en Venezuela necesita una respuesta inmediata
La Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó una serie de recomendaciones para agilizar la inspección y puesta en funcionamiento de los sistemas de transporte vertical que permanecen detenidos desde el reciente evento sísmico.
El vicepresidente del gremio, arquitecto Richard Casanova, explicó que la paralización acumula casi un mes y afecta especialmente a las personas que viven en edificios de gran altura. La falta de ascensores complica las actividades cotidianas, limita el acceso a alimentos y medicinas, y representa un riesgo para quienes necesitan trasladarse con rapidez por razones de salud.
El Colegio de Ingenieros planteó que las autoridades fijen un lapso perentorio de 24 horas para realizar las evaluaciones técnicas. Empresas registradas, ingenieros mecánicos colegiados, arquitectos y otros profesionales autorizados podrían ejecutar esas inspecciones de acuerdo con sus competencias.
Después de recibir el informe correspondiente, las juntas de condominio tendrían un plazo adicional de 24 horas para reactivar los equipos que superen la revisión. Esta fórmula busca reducir los retrasos administrativos y devolver la movilidad a los residentes sin abandonar los controles de seguridad.
El gremio no propone poner en marcha los ascensores sin una evaluación previa. Por el contrario, exige que profesionales capacitados revisen los sistemas eléctricos, mecánicos, estructurales y de seguridad antes de autorizar su funcionamiento.
La solicitud parte de una diferencia fundamental entre detener un ascensor durante un terremoto y mantenerlo fuera de servicio durante varias semanas. La primera medida protege a los usuarios durante el movimiento telúrico; la segunda puede generar nuevos peligros cuando las autoridades no establecen un procedimiento rápido para comprobar las condiciones del equipo.
Casanova citó la norma europea EN 81-77 y las directrices aplicadas en Japón para explicar que los protocolos internacionales contemplan dos etapas. La primera ordena la detención automática e inmediata del sistema cuando ocurre un sismo. La segunda exige una inspección expedita que permita restablecer la operación en un periodo no mayor de 72 horas cuando el ascensor no presenta daños graves.
Los especialistas denominan a ese periodo “ventana de vulnerabilidad” porque la prolongación de la inactividad reduce la capacidad de respuesta ante emergencias dentro de una edificación. Superar ampliamente ese plazo sin una razón técnica puede perjudicar a la comunidad más de lo que contribuye a su protección.
Trámites burocráticos frenan la reactivación en miles de edificios
Entre las principales propuestas del Colegio de Ingenieros figura la suspensión temporal de la obligatoriedad del certificado emitido por el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos durante la contingencia.
El gremio considera que Sencamer no cuenta con suficiente capacidad técnica para certificar de manera inmediata a todas las empresas que deben atender miles de edificios. Exigir ese requisito como única vía para autorizar las inspecciones podría prolongar el problema durante varios meses.
Como alternativa, la comisión plantea validar temporalmente a las compañías que presenten un registro mercantil vigente. También propone reconocer los informes firmados por ingenieros mecánicos colegiados y otros profesionales legalmente habilitados.
Esta flexibilización no elimina la responsabilidad técnica. Cada especialista deberá respaldar con su firma las conclusiones de la revisión y responder por cualquier omisión, error o irregularidad. La propuesta busca ampliar la cantidad de profesionales disponibles sin convertir un trámite administrativo en un obstáculo para la atención de la emergencia.
Casanova señaló que las instrucciones ambiguas y el temor a posibles sanciones han llevado a muchas juntas de condominio a mantener los equipos detenidos indefinidamente. En numerosos casos, los administradores prefieren no tomar decisiones hasta recibir una orden formal, incluso cuando las empresas encargadas del mantenimiento podrían realizar la evaluación.
La incertidumbre también genera diferencias entre municipios, edificios y compañías prestadoras del servicio. Mientras algunos condominios avanzan con inspecciones privadas, otros permanecen paralizados por falta de criterios claros sobre los documentos requeridos.
El Colegio de Ingenieros considera que la Defensoría del Pueblo puede facilitar una respuesta coordinada y proteger los derechos de los residentes. Una instrucción precisa permitiría unificar los procedimientos, reducir la discrecionalidad y establecer responsabilidades concretas para cada actor.
El gremio también pidió prohibir los cobros adicionales por las inspecciones derivadas del terremoto cuando las empresas mantienen contratos vigentes con los condominios. A su juicio, la revisión posterior a un evento sísmico forma parte de las obligaciones normales de conservación y mantenimiento.
Casanova calificó como “inadmisible e inmoral” que algunas compañías pretendan exigir pagos extraordinarios para cumplir una tarea vinculada directamente con la seguridad del equipo. Los contratos de mantenimiento suelen incluir controles preventivos, atención de fallas y verificación de los componentes esenciales.
El planteamiento no desconoce que una reparación profunda o el reemplazo de piezas puede generar gastos adicionales. Sin embargo, diferencia esos trabajos de la inspección inicial necesaria para determinar si el ascensor puede volver a funcionar.
La transparencia también resulta indispensable. Las juntas de condominio deben recibir informes escritos que expliquen el estado del equipo, los riesgos identificados y las reparaciones requeridas. Esa información permite tomar decisiones con base en criterios técnicos y evita que el miedo o la especulación determinen la continuidad del servicio.
La falta de transporte vertical agrava los riesgos cotidianos
El Colegio de Ingenieros advirtió que mantener un edificio alto sin ascensores durante casi un mes no aumenta necesariamente la seguridad. Por el contrario, esa situación degrada las condiciones de habitabilidad y traslada el riesgo hacia otras áreas.
Los adultos mayores figuran entre los residentes más afectados. Muchas personas no pueden subir o bajar varios pisos por las escaleras debido a problemas cardíacos, respiratorios, articulares o musculares. La paralización puede impedirles acudir a consultas médicas, comprar alimentos o cumplir tratamientos.
Las personas con movilidad reducida enfrentan una situación todavía más compleja. Quienes utilizan sillas de ruedas, bastones o andadores pueden quedar completamente aislados dentro de sus apartamentos cuando el edificio no cuenta con una alternativa accesible.
El problema también afecta a mujeres embarazadas, niños pequeños y pacientes que requieren cuidados continuos. En una emergencia médica, los paramédicos pueden perder minutos valiosos al trasladar a una persona por escaleras estrechas o poco iluminadas.
Casanova señaló que la falta de ascensores también dificulta el abastecimiento. Subir agua, alimentos, bombonas, equipos médicos y otros suministros se convierte en una tarea física exigente, especialmente en torres de numerosos niveles.
La situación genera además una forma de inmovilización forzosa. Muchos residentes reducen sus salidas al mínimo porque no pueden afrontar diariamente el esfuerzo de desplazarse por las escaleras. Esa limitación afecta su independencia y deteriora su bienestar emocional.
El gremio recordó que las autoridades, las juntas de condominio y las empresas de mantenimiento tienen responsabilidades legales. La inobservancia de los riesgos o la ejecución de instrucciones carentes de fundamento técnico puede generar consecuencias civiles, administrativas y penales si una persona sufre lesiones o fallece por falta de evacuación oportuna.
Esta advertencia busca evitar que los administradores mantengan una prohibición general sin considerar las particularidades de cada edificio. Una edificación puede presentar daños estructurales que justifiquen restricciones, mientras otra puede conservar sus ascensores en condiciones adecuadas y necesitar únicamente una revisión preventiva.
Por esa razón, el Colegio de Ingenieros insiste en sustituir las decisiones generales por evaluaciones individuales. Cada sistema debe analizarse según su antigüedad, tecnología, mantenimiento previo y exposición al movimiento sísmico.
La revisión de ascensores en Venezuela representa, en este contexto, una medida de seguridad y también una necesidad social. El objetivo no consiste en apresurar la reactivación sin controles, sino en eliminar demoras injustificadas, ampliar la capacidad de inspección y proteger a quienes dependen del transporte vertical para mantener una vida cotidiana digna.
La intervención solicitada a la Defensoría del Pueblo podría abrir un canal de coordinación entre autoridades, profesionales, empresas y comunidades. Un protocolo claro permitiría revisar los equipos, reparar las fallas y restablecer el servicio en plazos razonables.
Después de varias semanas de paralización, el Colegio de Ingenieros sostiene que la respuesta debe combinar rigor técnico, rapidez y sensibilidad frente a la realidad de los residentes. Mantener ascensores detenidos sin una evaluación oportuna no resuelve la emergencia: prolonga sus efectos dentro de miles de hogares.
Con información de El Nacional
