
Un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos presentó una resolución en la que reafirma el respaldo de Washington a una transición democrática pacífica en Venezuela y establece nuevas condiciones para avanzar hacia ese objetivo.
La iniciativa fue impulsada por los senadores Ted Cruz, Rick Scott, Dick Durbin, Tim Kaine, Adam Schiff, Jacky Rosen y Jeanne Shaheen, quienes solicitaron al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez convocar elecciones presidenciales libres, justas y transparentes, además de liberar de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos.
El documento recuerda que el Departamento de Estado concluyó el 1 de agosto de 2024 que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año. También repasa la inhabilitación de María Corina Machado, el impedimento para la candidatura de Corina Yoris y la posterior postulación de González Urrutia por parte de la Plataforma Unitaria.
La resolución señala además que, tras la captura de Nicolás Maduro durante la Operación Resolución Absoluta el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela.
Asimismo, cita declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que la política de la administración del presidente Donald Trump busca promover una Venezuela «amistosa, estable, próspera y democrática», sustentada en elecciones libres y con representación de todos los sectores del país.
Los senadores sostienen que Delcy Rodríguez no cuenta con un mandato otorgado por los venezolanos ni ha dado pasos significativos para convocar comicios presidenciales con garantías democráticas. También recuerdan que el Departamento de Estado reiteró recientemente su respaldo a una transición liderada por los propios venezolanos mediante la vía electoral.
Finalmente, la resolución advierte que cualquier detención arbitraria, desaparición forzada, agresión o acción contra dirigentes políticos, incluidos María Corina Machado y otros aspirantes a cargos públicos, comprometería la transparencia de futuros procesos electorales y podría dar lugar a nuevas medidas de responsabilidad por parte de Estados Unidos contra los involucrados.




