Por José Ramón Villalobos
En la extensa línea que divide a Colombia de Venezuela no hay solo un límite geográfico: hay un abismo de incertidumbre, miedo y vulnerabilidad que diariamente enfrentan miles de migrantes que buscan un futuro mejor.
La frontera colombo-venezolana, lejos de ser un corredor humanitario o un punto de integración, se ha convertido en un terreno minado de violaciones de derechos humanos, secuestros, extorsiones y violencia sistemática.
Aunque gobiernos, ONG y organismos internacionales han denunciado en repetidas ocasiones la situación, poco ha cambiado. La ausencia de un control estatal efectivo en muchos puntos de esta frontera ha dejado el camino libre para que grupos armados irregulares, bandas criminales y redes de trata de personas impongan sus propias reglas sobre una población desesperada, que cruza sin papeles, sin dinero y sin protección.
Las trochas —esos caminos informales y peligrosos que bordean el río Táchira y otras zonas del eje fronterizo— se han convertido en rutas de alto riesgo. Quienes las transitan, muchas veces mujeres con niños, jóvenes sin rumbo o adultos mayores que huyen del colapso venezolano, no solo enfrentan el desgaste físico del trayecto: deben pagar “peajes” a grupos criminales, están expuestos a abusos sexuales y en muchos casos son secuestrados para exigir dinero a sus familiares en el exterior. Si no hay quien pague, el destino suele ser trágico.
LA IMPUNIDAD
Uno de los aspectos más alarmantes es la impunidad. Las denuncias rara vez prosperan y las víctimas, sin documentos y con miedo a represalias, no tienen a dónde acudir. Muchas de estas historias nunca llegan a los titulares ni a las instituciones, lo que perpetúa un ciclo de violencia silenciosa.
En medio de este panorama, la respuesta estatal ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente. Aunque Colombia ha dado pasos importantes en la regularización de migrantes con instrumentos como el Estatuto Temporal de Protección, no se ha logrado un control efectivo en las zonas más vulnerables de la frontera. Por su parte, el régimen venezolano mantiene un desinterés sistemático por la protección de sus ciudadanos que huyen, permitiendo que el crimen organizado se consolide en estas áreas.
ES URGENTE
Es urgente una acción coordinada entre ambos países —más allá de las tensiones políticas— con el acompañamiento de organismos internacionales, para garantizar corredores humanitarios seguros, desmantelar las redes criminales que operan en la frontera y proteger de manera real y efectiva los derechos de los migrantes.
No podemos seguir normalizando que una madre cruce con su hijo en brazos sabiendo que puede ser violada, extorsionada o desaparecida. No podemos aceptar que jóvenes que huyen del hambre sean usados como mercancía por bandas de trata. La frontera no puede seguir siendo tierra de nadie.
Detrás de cada persona que cruza hay una historia, una familia, una esperanza. Es momento de devolverles la dignidad.
