¿Qué debe hacer realmente un Estado antes, durante y después de un terremoto?

Por Martín Flores Araujo | El Venezolano NewsPaper

Cuando un terremoto deja cientos de muertos, miles de heridos y ciudades enteras bajo los escombros, la atención suele concentrarse en las imágenes del desastre: edificios colapsados, hospitales desbordados y familias buscando a sus seres queridos. Sin embargo, una vez pasan las primeras horas, surge una pregunta mucho más profunda: ¿Cómo puede determinarse si un Estado respondió de manera adecuada?

La respuesta no depende únicamente del número de rescatistas desplegados o de la cantidad de maquinaria movilizada. Desde hace décadas, organismos internacionales, especialistas en gestión del riesgo y gobiernos de distintos continentes han construido un conjunto de estándares que establecen qué responsabilidades tiene un Estado antes, durante y después de un terremoto.

No se trata de un listado de buenas intenciones ni de recomendaciones opcionales. Son principios desarrollados a partir de las lecciones que dejaron algunos de los terremotos más devastadores de la historia reciente, desde Japón y Chile hasta México, Turquía, Haití, Nepal o Italia. El objetivo es reducir la pérdida de vidas humanas y acelerar la recuperación de las comunidades afectadas.

Estos criterios, inspirados en instrumentos como el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030) y en las prácticas promovidas por organismos internacionales especializados en protección civil y asistencia humanitaria, permiten analizar cualquier respuesta gubernamental sin centrarse en un país específico. Constituyen una referencia técnica para evaluar qué hizo un gobierno, qué dejó de hacer y cuáles eran sus obligaciones frente a una emergencia de gran magnitud.

Antes del terremoto: la preparación determina cuántas vidas pueden salvarse

La eficacia de una respuesta no comienza cuando la tierra deja de temblar. Empieza mucho antes.

Uno de los principales consensos internacionales sostiene que la gestión del riesgo debe convertirse en una política permanente del Estado y no en una reacción improvisada ante una tragedia.

Eso implica desarrollar mapas de amenaza sísmica, identificar edificaciones vulnerables, fortalecer las normas de construcción, fiscalizar su cumplimiento y diseñar planes nacionales de emergencia que puedan activarse de inmediato.

La prevención también incluye la educación de la población.

Los simulacros, los sistemas de alerta, las campañas de información y la capacitación de instituciones públicas buscan que ciudadanos y autoridades sepan cómo actuar durante los primeros minutos posteriores a un terremoto.

La planificación previa resulta determinante porque, una vez ocurre el desastre, las posibilidades de improvisar son extremadamente limitadas.

Los especialistas suelen resumir este principio con una frase ampliamente aceptada en la gestión del riesgo: los desastres no solo revelan la fuerza de la naturaleza, sino también el nivel de preparación de un Estado.

Las primeras 72 horas: la carrera contra el tiempo

En la gestión internacional de emergencias existe una idea prácticamente unánime: las primeras 24 a 72 horas representan la ventana crítica para salvar vidas.

Durante ese período aumenta significativamente la probabilidad de encontrar personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Por esa razón, uno de los primeros deberes del Estado consiste en activar inmediatamente su sistema nacional de gestión de emergencias.

No basta con que distintas instituciones actúen simultáneamente.

Debe existir un mando unificado capaz de coordinar ministerios, cuerpos de bomberos, protección civil, policías, servicios médicos, autoridades regionales y fuerzas armadas para evitar duplicidad de esfuerzos o vacíos operativos.

La coordinación se convierte en uno de los factores más importantes de toda la respuesta.

Una emergencia mal coordinada puede provocar que algunos sectores reciban abundantes recursos mientras otros permanezcan completamente aislados durante horas o incluso días.

Búsqueda y rescate: la prioridad absoluta

En esta fase inicial, todas las capacidades disponibles deben orientarse a localizar y rescatar sobrevivientes.

Ello requiere equipos especializados en búsqueda urbana y rescate, perros entrenados, sensores acústicos, cámaras térmicas, maquinaria pesada operada con protocolos técnicos y personal médico preparado para atender víctimas rescatadas de entre los escombros.

Las decisiones adoptadas durante estas horas suelen definir el número final de sobrevivientes.

Por esa razón, la rapidez adquiere un valor estratégico.

Cada minuto perdido puede disminuir considerablemente las probabilidades de encontrar personas con vida.

La importancia de las Fuerzas Armadas

En numerosos países, las fuerzas militares desempeñan un papel esencial durante las grandes catástrofes naturales.

No porque sustituyan a los organismos civiles de protección, sino porque disponen de capacidades logísticas difíciles de igualar.

Entre ellas destacan:

• Ingeniería pesada.
• Equipos para remover grandes volúmenes de escombros.
• Helicópteros.
• Aviones de transporte.
• Hospitales de campaña.
• Puentes temporales.
• Comunicaciones de emergencia.
• Sistemas de abastecimiento de combustible.
• Redes nacionales de distribución.

Su participación permite llegar rápidamente a zonas incomunicadas, instalar infraestructura provisional y sostener operaciones que pueden extenderse durante semanas.

En muchos terremotos de gran magnitud, la intervención militar resulta indispensable para mantener operativa la cadena logística del Estado.

Información pública: una herramienta para salvar vidas

Otro componente fundamental consiste en mantener una comunicación permanente con la población.

La información oficial debe ser:

• Frecuente.
• Clara.
• Verificable.
• Basada en evidencia científica.

Durante una emergencia, los rumores pueden multiplicar el caos.

Por ello, las autoridades deben informar sobre:

• zonas de riesgo;
• hospitales disponibles;
• carreteras habilitadas;
• refugios temporales;
• cifras oficiales verificadas;
• recomendaciones de seguridad.

La transparencia también fortalece la confianza ciudadana y facilita la coordinación con organizaciones humanitarias.

¿Cuándo debe solicitarse ayuda internacional?

Ningún país posee recursos ilimitados.

Si la magnitud del desastre supera la capacidad nacional, los estándares internacionales consideran apropiado solicitar cooperación externa.

Esta ayuda puede incluir:

• equipos internacionales de búsqueda y rescate;
• hospitales móviles;
• plantas potabilizadoras;
• expertos en ingeniería estructural;
• ayuda humanitaria;
• apoyo logístico;
• asistencia técnica.

Aceptar cooperación internacional no constituye una señal de debilidad institucional.

Por el contrario, forma parte de los mecanismos previstos para responder a emergencias extraordinarias.

La primera semana: del rescate a la estabilización

A medida que disminuyen las posibilidades de encontrar sobrevivientes, la emergencia entra en una nueva fase.

Las prioridades comienzan a cambiar.

Sin abandonar completamente las labores de búsqueda, el Estado debe concentrarse también en estabilizar las condiciones de vida de la población.

Entre las principales responsabilidades aparecen:

• identificar a las víctimas fallecidas;
• entregar los cuerpos a sus familiares respetando protocolos forenses;
• garantizar atención médica continua;
• instalar refugios temporales;
• distribuir alimentos, agua potable y medicamentos;
• restablecer servicios públicos esenciales.

Cada una de estas tareas exige coordinación entre diferentes instituciones.

Evaluar los edificios antes del regreso

Uno de los errores más peligrosos después de un terremoto consiste en permitir el reingreso prematuro a edificaciones dañadas.

Las réplicas pueden provocar nuevos colapsos incluso varios días después del evento principal.

Por esa razón, ingenieros estructurales deben inspeccionar viviendas, hospitales, escuelas, puentes y edificios públicos antes de autorizar su utilización.

Estas evaluaciones permiten clasificar las construcciones según su nivel de seguridad y reducir el riesgo de nuevas víctimas.

Agua, electricidad y comunicaciones

La recuperación de los servicios básicos constituye otra prioridad.

Sin agua potable aumentan las enfermedades.

Sin electricidad se paralizan hospitales y sistemas de bombeo.

Sin telecomunicaciones resulta más difícil coordinar rescates y localizar personas desaparecidas.

Restablecer estos servicios no solo mejora las condiciones de vida de los damnificados.

También facilita la recuperación económica y administrativa de las comunidades afectadas.

Distribuir ayuda con transparencia

Las organizaciones internacionales insisten en que la ayuda humanitaria debe gestionarse bajo criterios de transparencia, imparcialidad y necesidad.

Esto implica registrar la distribución de alimentos, medicinas, agua, refugios y otros insumos para asegurar que lleguen a quienes realmente los necesitan.

La falta de controles puede generar desigualdades, desconfianza o retrasos que agraven el sufrimiento de la población.

Mantener el orden sin afectar los derechos

Los desastres también generan riesgos para la seguridad.

Saqueos, vandalismo o conflictos por el acceso a recursos pueden aparecer en comunidades gravemente afectadas.

Por ello, el Estado debe garantizar el orden público mediante actuaciones proporcionales que protejan tanto la seguridad como los derechos fundamentales de la población.

El objetivo consiste en evitar que la emergencia derive en una crisis adicional.

La reconstrucción: el desafío que puede durar años

Cuando desaparecen las cámaras de televisión suele comenzar la etapa más compleja.

La reconstrucción puede extenderse durante varios años y requiere inversiones millonarias.

Pero también exige aprender de lo ocurrido.

Uno de los primeros pasos consiste en realizar peritajes técnicos independientes sobre los edificios colapsados.

Determinar por qué fallaron determinadas estructuras permite identificar errores de diseño, problemas constructivos, incumplimientos normativos o condiciones geológicas no previstas.

Sin investigaciones técnicas resulta imposible reducir el riesgo frente a futuros terremotos.

Revisar las normas de construcción

Muchos países modifican sus reglamentos de ingeniería después de grandes terremotos.

Cada desastre aporta nueva información sobre materiales, técnicas constructivas y comportamiento estructural.

Actualizar los códigos de construcción constituye una de las principales herramientas para disminuir la vulnerabilidad urbana.

Sin estos cambios, los mismos errores pueden repetirse en futuras emergencias.

Apoyo económico a los damnificados

La recuperación también tiene una dimensión social.

Miles de familias pueden perder simultáneamente sus viviendas, empleos, negocios y medios de subsistencia.

En consecuencia, el Estado suele implementar programas de asistencia económica, reconstrucción de viviendas, créditos especiales y apoyo a pequeñas empresas para facilitar el retorno gradual a la normalidad.

Infraestructura crítica

Hospitales.

Escuelas.

Carreteras.

Puentes.

Sistemas eléctricos.

Redes de agua potable.

Toda esta infraestructura debe reconstruirse siguiendo estándares superiores de seguridad.

La meta no consiste únicamente en reemplazar lo perdido.

La reconstrucción busca crear ciudades más resilientes frente a futuros desastres.

Las lecciones que no deberían olvidarse

Cada terremoto representa una fuente invaluable de información.

Las autoridades tienen la responsabilidad de documentar lo ocurrido, evaluar fortalezas y debilidades de la respuesta institucional y actualizar los planes nacionales de emergencia.

Estas lecciones alimentan la preparación para futuras crisis.

No hacerlo significa correr el riesgo de repetir los mismos errores.

Las preguntas que permiten evaluar cualquier respuesta gubernamental

Aunque cada terremoto presenta características distintas, existen preguntas que pueden ayudar a analizar objetivamente la actuación de cualquier gobierno:

• ¿Existía un plan nacional de respuesta ante terremotos?
• ¿Se activó inmediatamente después del sismo?
• ¿Hubo un mando unificado para coordinar todas las instituciones?
• ¿Se desplegaron oportunamente equipos especializados de búsqueda y rescate?
• ¿Las Fuerzas Armadas apoyaron las labores de ingeniería, transporte y logística cuando fue necesario?
• ¿La información oficial fue constante, clara y verificable?
• ¿Se movilizaron todos los recursos disponibles del Estado?
• ¿Se solicitó ayuda internacional cuando la capacidad nacional resultó insuficiente?
• ¿Participaron activamente instituciones científicas y organismos técnicos?
• ¿Se protegió a los damnificados y se distribuyó la ayuda con criterios transparentes?
• ¿Se realizaron inspecciones estructurales antes del regreso a edificios afectados?
• ¿Se inició una investigación independiente sobre las causas de los colapsos?
• ¿Se revisaron posteriormente las normas de construcción y los planes nacionales de emergencia?

Más allá del desastre

Los terremotos son fenómenos naturales inevitables. Las catástrofes, en cambio, dependen en gran medida del nivel de preparación institucional, la calidad de la infraestructura y la capacidad de respuesta del Estado.

Por eso, los organismos especializados insisten en que la evaluación de una gestión no debe basarse únicamente en la magnitud del sismo ni en el número de víctimas, factores que muchas veces escapan al control humano. Lo determinante es analizar si las autoridades actuaron conforme a estándares técnicos reconocidos, movilizaron oportunamente los recursos disponibles, coordinaron eficazmente a las instituciones y aprendieron de la experiencia para reducir los riesgos futuros.

Más que emitir un juicio sobre un caso concreto, estos criterios ofrecen un marco objetivo para examinar cualquier respuesta gubernamental frente a un terremoto. En última instancia, la gestión del riesgo no se mide solo por la rapidez con que se enfrentó la emergencia, sino por la capacidad de un Estado para proteger a su población antes de que ocurra el desastre, responder cuando cada minuto cuenta y reconstruir con la mirada puesta en evitar que la tragedia vuelva a repetirse.