Los daños por los terremotos en Venezuela podrían alcanzar al menos 37.000 millones de dólares, de acuerdo con una evaluación técnica elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), con el apoyo de las empresas especializadas Ingeniar CAD/CAE Ltda y ERN.
El estudio representa la primera estimación cuantitativa sobre el impacto físico directo ocasionado por los dos terremotos que sacudieron el centro norte del país el pasado 24 de junio y ofrece una visión más amplia de las consecuencias económicas derivadas de uno de los mayores desastres naturales registrados en la historia reciente de Venezuela.
La cifra presentada por Naciones Unidas supera ampliamente los cálculos preliminares difundidos días antes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que había estimado daños cercanos a los 6.700 millones de dólares. El nuevo informe sitúa el costo de las pérdidas físicas directas en un monto equivalente aproximadamente a un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para Venezuela durante este año, lo que evidencia la magnitud del desafío que enfrentará el país en el proceso de recuperación.
Daños por los terremotos en Venezuela afectan viviendas, infraestructura y servicios estratégicos
El informe elaborado por la UNDRR concentra su análisis exclusivamente en las pérdidas físicas directas ocasionadas por el doble evento sísmico. Los especialistas evaluaron miles de edificaciones e infraestructuras ubicadas en las zonas donde los movimientos telúricos registraron mayor intensidad.
Según el documento, las edificaciones concentran la mayor parte de las pérdidas. Los daños en viviendas, establecimientos comerciales, centros educativos, hospitales, edificios institucionales e instalaciones industriales representan aproximadamente 24.000 millones de dólares. Esa cifra equivale a cerca del tres por ciento del total de activos expuestos en las áreas afectadas.
El estudio también identifica importantes afectaciones en la infraestructura estratégica del país. Los daños sobre sistemas de agua potable, saneamiento, telecomunicaciones, carreteras, vías férreas, redes eléctricas, puertos, aeropuertos e instalaciones vinculadas al sector petrolero y gasífero alcanzan alrededor de 13.000 millones de dólares.
Los especialistas destacan que la interrupción de estos servicios compromete no solo la atención inmediata de la emergencia, sino también el funcionamiento cotidiano de numerosas actividades económicas y sociales. La rehabilitación de hospitales, centros educativos, redes de transporte y sistemas de distribución de energía figura entre las prioridades para acelerar el proceso de recuperación.
La evaluación también confirma que los terremotos provocaron un impacto simultáneo sobre infraestructura pública y privada, lo que incrementa considerablemente los recursos necesarios para reconstruir las zonas afectadas.
El impacto económico supera ampliamente las primeras estimaciones internacionales
Uno de los aspectos más relevantes del informe radica en la diferencia existente entre esta nueva evaluación y las proyecciones divulgadas inicialmente por otros organismos internacionales.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo había estimado que las pérdidas alcanzaban aproximadamente 6.700 millones de dólares durante los primeros días posteriores al desastre. Sin embargo, la nueva metodología utilizada por la UNDRR incorpora un análisis más detallado sobre el estado de las edificaciones, las redes de infraestructura y los activos físicos presentes en las zonas afectadas.
La diferencia entre ambos cálculos refleja la complejidad que caracteriza las evaluaciones posteriores a grandes terremotos. En las primeras jornadas, la información disponible suele ser limitada debido a la dificultad para acceder a numerosas áreas, verificar daños estructurales y consolidar datos provenientes de distintas instituciones.
Con el paso de los días, las inspecciones técnicas permiten obtener un panorama mucho más preciso sobre el alcance real de las afectaciones. Ingenieros estructurales, especialistas en infraestructura y expertos en gestión del riesgo continúan revisando edificios, hospitales, puentes, carreteras y sistemas de servicios públicos para determinar el nivel de deterioro que presenta cada instalación.
El informe de Naciones Unidas considera que las pérdidas directas representan únicamente una parte del impacto total que enfrentará el país. Las cifras actuales describen el costo de reparar o reemplazar los activos físicos dañados, pero todavía no incorporan otras consecuencias económicas derivadas del desastre.
Por esa razón, los organismos internacionales advierten que el costo definitivo podría incrementarse de manera significativa durante las próximas etapas de evaluación.
La reconstrucción demandará inversiones superiores a las pérdidas directas
La UNDRR señala expresamente que los 37.000 millones de dólares corresponden únicamente a daños físicos directos. El estudio excluye una serie de factores que habitualmente elevan de forma considerable el costo económico de una catástrofe de esta magnitud.
Entre los elementos que aún no forman parte de la estimación aparecen las pérdidas ocasionadas por la interrupción de actividades productivas, el cierre temporal de empresas, la disminución de servicios, las alteraciones en las cadenas de suministro y los efectos derivados de la paralización parcial de sectores económicos estratégicos.
El informe tampoco incorpora los gastos asociados a la atención de la emergencia, la asistencia humanitaria, la reubicación temporal de miles de familias, la rehabilitación psicosocial de las comunidades afectadas ni las inversiones destinadas al reforzamiento estructural de edificaciones que permanecen en pie, pero requieren intervenciones técnicas para garantizar su seguridad.
Asimismo, quedan pendientes los costos relacionados con los impactos ambientales provocados por el desastre, la recuperación integral de espacios urbanos, la reconstrucción de viviendas destruidas y la modernización de infraestructuras críticas bajo criterios de mayor resistencia sísmica.
Los especialistas consideran que la etapa de reconstrucción ofrecerá también una oportunidad para actualizar normas de diseño estructural, fortalecer los sistemas nacionales de gestión del riesgo y desarrollar programas de planificación urbana orientados a reducir la vulnerabilidad frente a futuros eventos naturales.
La experiencia internacional demuestra que los grandes terremotos suelen transformar profundamente la infraestructura de los países afectados. Japón, Chile, Turquía y México reforzaron sus reglamentos de construcción después de enfrentar desastres similares, incorporando nuevas tecnologías y estándares más exigentes para disminuir el impacto de futuros sismos.
En el caso venezolano, el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres representa un primer punto de referencia para dimensionar el esfuerzo económico que exigirá la recuperación nacional. Sin embargo, la propia agencia advierte que el costo definitivo del desastre probablemente superará ampliamente los 37.000 millones de dólares una vez que se incorporen las pérdidas indirectas, los efectos macroeconómicos y las inversiones necesarias para reconstruir ciudades, restablecer servicios esenciales y fortalecer la resiliencia del país frente a futuras amenazas sísmicas.
Con información de EFE
