El Gobierno colombiano fue categórico: no habrá negociación ni desmovilización con el Tren de Aragua. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, rechazó de forma contundente la solicitud presentada por Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, cofundador de la organización criminal de origen venezolano, quien pidió ser parte de los procesos de paz impulsados por el presidente Gustavo Petro.
El funcionario aclaró que la política de “paz total” no será un refugio para organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el tráfico de personas, reafirmando que el Estado no permitirá que la justicia internacional sea burlada bajo el discurso de reconciliación.
Una carta que desató la polémica
La controversia comenzó tras conocerse la misiva enviada por los abogados de Álvarez Núñez, dirigida al presidente Petro, al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y al propio ministro Montealegre. En el documento, el líder del Tren de Aragua manifestaba su supuesta “voluntad de abrir un camino hacia la desmovilización” del grupo en territorio colombiano, apelando a los principios de la paz total.
La defensa del cabecilla argumentó que su propuesta podía “impactar positivamente la seguridad y el orden público”, comparando el caso con otros procesos de justicia transicional en los que el Estado colombiano ha dialogado con grupos armados como las Autodefensas Unidas de Colombia o figuras como Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.
Sin embargo, detrás del tono conciliador, la carta incluía un punto polémico: la solicitud de suspensión temporal de las órdenes de extradición contra Álvarez Núñez, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá a la espera de ser enviado a Chile, país que lo requiere por delitos graves.
La respuesta del Gobierno: “No vamos a permitir burlas a la justicia”
La reacción oficial fue inmediata. Montealegre descartó cualquier posibilidad de incorporar al Tren de Aragua en los procesos de negociación y calificó la propuesta como un intento de evadir responsabilidades penales internacionales.
“El país debe tener la tranquilidad de que no vamos a permitir que, sobre pretexto de participar en procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes”, declaró el ministro ante medios nacionales.
El funcionario también reveló que el Gobierno está implementando “medidas de diligencia muy serias” para impedir que individuos procesados por delitos transnacionales se beneficien de figuras jurídicas diseñadas para la reconciliación interna.
El Tren de Aragua y su expansión criminal
El Tren de Aragua, nacido en Venezuela hace más de una década, ha sido identificado como una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina. Su estructura, que se expandió a países como Colombia, Chile, Perú y Ecuador, está involucrada en extorsión, secuestro, narcotráfico y trata de personas.
En Colombia, el grupo ha sido responsable de redes de microtráfico y control territorial en zonas fronterizas y urbanas, lo que lo convierte en una amenaza directa para la seguridad ciudadana. En 2024, Estados Unidos declaró al Tren de Aragua como organización terrorista, y sus líderes enfrentan múltiples órdenes de captura y extradición.
Expertos en seguridad consideran que aceptar su participación en un proceso de paz habría significado legitimar un aparato criminal transnacional, más cercano al crimen organizado que a una insurgencia política.
Paz total, pero con límites
El Gobierno colombiano ha insistido en que la paz total —una estrategia que busca integrar a diversos actores armados en procesos de diálogo— no equivale a impunidad. Según el ministro Montealegre, los acercamientos se limitan a grupos con motivaciones políticas o insurgentes, no a estructuras dedicadas al lucro criminal.
“La paz no puede ser usada como un escudo para el narcotráfico ni para el crimen transnacional. Nuestro compromiso es con las víctimas, no con los victimarios”, enfatizó.
La decisión marca una línea roja en la política de paz del Gobierno Petro, que hasta ahora ha mantenido conversaciones con el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, pero que cierra las puertas a organizaciones sin carácter político.
Una advertencia clara
Con su respuesta, el Gobierno colombiano envía un mensaje contundente a las estructuras criminales que operan en el país: la justicia no será negociable. La negativa al Tren de Aragua refuerza la postura del Estado frente a los intentos de grupos delictivos de aprovecharse de los procesos de reconciliación para evitar extradiciones o sanciones.
Mientras alias Larry Changa permanece detenido en Bogotá esperando su extradición, el mensaje del ministro Montealegre deja claro que Colombia no confundirá la paz con la impunidad, y que las puertas del diálogo seguirán abiertas solo para quienes busquen una verdadera transformación política, no para quienes hicieron del crimen una industria.
Con información de El Colombiano
