El caso de Manuel Tique, un joven cooperante colombiano detenido en Venezuela hace más de un año, ha generado indignación entre organizaciones humanitarias y familiares que denuncian una detención arbitraria con fines políticos. Mientras el gobierno venezolano libera a un grupo de ciudadanos extranjeros, su nombre continúa fuera de las listas oficiales, prolongando la incertidumbre y el dolor de su familia.
Una esperanza frustrada
Diana Tique, hermana del detenido, viajó recientemente hasta la frontera con la esperanza de abrazar a su hermano, tras difundirse rumores sobre la liberación de varios colombianos encarcelados en Venezuela. Sin embargo, su ilusión se desvaneció cuando confirmaron que Manuel no figuraba entre los 18 liberados.
“Fue devastador”, confesó entre lágrimas desde Bogotá. La mujer explicó que en más de un año solo ha podido hablar dos veces con él por teléfono, sin saber en qué condiciones se encuentra ni cuándo podría recuperar su libertad.
Detenciones sin juicio y presuntos fines políticos
Según datos de Human Rights Watch y organizaciones de derechos humanos, cerca de 80 ciudadanos extranjeros permanecen presos en Venezuela sin proceso judicial. Los detenidos, provenientes de países como España, Francia, Colombia y República Checa, estarían siendo usados como piezas de negociación por el gobierno de Nicolás Maduro frente a naciones que no reconocieron su reelección.
Martina Rápido Raguzzino, investigadora de HRW, denunció que estos casos “reflejan la persecución sistemática contra ciudadanos extranjeros” y el uso de la justicia como instrumento político. Los informes coinciden en que muchos fueron arrestados al ingresar al país por puntos fronterizos y ahora permanecen recluidos en la prisión de Rodeo Uno, un centro penitenciario donde las condiciones son descritas como “equivalentes a la tortura”.
Un cooperante convertido en acusado
Manuel Tique, de 33 años, fue arrestado el 14 de septiembre del año pasado en el estado Apure tras presentar su pasaporte en un control migratorio. Trabajaba para el Consejo Danés para los Refugiados, una organización internacional dedicada a la asistencia de desplazados y comunidades vulnerables. Su viaje tenía como propósito impartir un taller sobre distribución de alimentos y medicamentos a grupos locales.
Un mes después, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo señaló públicamente de integrar una supuesta red de conspiradores que planeaban derrocar al presidente Maduro. En televisión nacional, lo acusó de “reclutar mercenarios”. Su familia rechaza tajantemente esas afirmaciones.
“Mi hermano jamás ha tenido vínculos con grupos armados ni políticos. Solo fue a trabajar”, aseguró Diana, quien lamenta no haber recibido ninguna notificación oficial sobre la detención.
Intercambios de prisioneros y diplomacia incierta
El caso de Tique se suma a una larga lista de extranjeros atrapados en un laberinto diplomático. En julio, Estados Unidos consiguió la liberación de diez de sus ciudadanos mediante un canje con el gobierno venezolano, mientras otros países siguen negociando.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que continuará los diálogos con Caracas para lograr la liberación de los cerca de 20 colombianos aún encarcelados. No obstante, familiares y activistas temen que Manuel solo sea liberado dentro de un eventual intercambio político.
La falta de asistencia legal y la ausencia de pruebas concretas agravan su situación. “Si no hay un acuerdo entre gobiernos, temo que lo dejen años en prisión sin juicio”, advirtió su hermana.
Silencio oficial y reclamo humanitario
Hasta ahora, las autoridades venezolanas no han ofrecido información sobre el estado judicial de Manuel Tique ni han permitido que un abogado colombiano lo represente. Los grupos de derechos humanos insisten en que su encarcelamiento es una violación del debido proceso y una muestra del uso de la detención como herramienta de presión diplomática.
Mientras tanto, en Bogotá, su familia mantiene la esperanza de volver a verlo libre. “Solo queremos justicia. Él no es un criminal ni un espía. Es un trabajador humanitario que fue a ayudar”, concluye Diana, entre la angustia y la fe de que su hermano no se convierta en otro nombre olvidado en las cárceles venezolanas.
Con información de The Washington Post
