A partir del 7 de noviembre, el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado en 2021 a ciudadanos venezolanos llegará oficialmente a su fin, según lo dispuesto por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (Uscis).
La medida deja en incertidumbre a más de 600.000 venezolanos que hasta ahora contaban con una protección legal contra la deportación, además de permisos de trabajo y movilidad interna.
El cambio normativo implica un punto de inflexión para una comunidad que ha encontrado en Estados Unidos su principal refugio ante la crisis humanitaria en Venezuela.
El fin del TPS: una decisión con impacto inmediato
El TPS, implementado en 2021 y renovado en 2023, fue un alivio temporal para cientos de miles de venezolanos que huían de la inestabilidad política y económica de su país.
Sin embargo, a partir de las 23:59 del 7 de noviembre, los amparados por esa designación perderán automáticamente la protección contra la deportación y otros beneficios asociados, como el derecho a trabajar o viajar fuera del territorio estadounidense.
El abogado de inmigración Jesús Reyes, en declaraciones a La Nación, explicó que la medida tendrá efectos inmediatos:
“El TPS permitía a los venezolanos estar protegidos de la deportación, trabajar legalmente y moverse libremente dentro o fuera del país. Pero ya esos beneficios van a terminar para muchas personas”, señaló el especialista.
Pese a la contundencia de la decisión, Reyes aclaró que no todos los beneficiarios serán deportados, especialmente aquellos que cuenten con otros procesos legales en curso.
Asilo y otros procesos que ofrecen protección
De acuerdo con el abogado, quienes tengan casos pendientes de asilo político, peticiones familiares o solicitudes laborales seguirán protegidos bajo esos trámites, siempre que se mantengan activos.
“Si hay personas que tienen otro proceso andando, entonces siguen amparadas por la ley”, enfatizó Reyes.
En este sentido, el fin del TPS no anula ni afecta las peticiones migratorias individuales. Los venezolanos que hayan solicitado asilo podrán renovar sus permisos de trabajo y esperar sus entrevistas sin riesgo de deportación inmediata.
Datos del Migration Policy Institute indican que, hasta diciembre de 2024, existían más de 132.000 casos de asilo pendientes de ciudadanos venezolanos en EE. UU. Ese mismo año fiscal, 3.800 venezolanos obtuvieron el estatus de asilado, siendo el tercer grupo más beneficiado después de China y Afganistán.
Opciones legales tras el fin del TPS
El especialista en inmigración recordó que no existe una medida colectiva que detenga la terminación del TPS, a menos que el gobierno estadounidense emita una nueva designación o prórroga.
Por ello, aconseja a los afectados buscar asesoría legal personalizada para explorar vías alternativas de permanencia legal en el país.
Entre las opciones más comunes destacan:
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Solicitudes de asilo político, para quienes puedan demostrar persecución o riesgo en su país de origen.
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Peticiones familiares, en caso de tener parientes directos con ciudadanía o residencia permanente en Estados Unidos.
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Visas de trabajo o humanitarias, como las categorías especiales para víctimas de delitos, violencia doméstica o trata de personas.
“Independientemente de que termine el TPS, existen otras opciones legales. Lo importante es actuar antes de quedar en un estatus irregular”, subrayó Reyes.
Llamado a la comunidad venezolana
El abogado insistió en la necesidad de mantenerse informados y atentos a las comunicaciones oficiales del DHS y del Uscis, pues los plazos y procedimientos pueden modificarse.
También recomendó no caer en fraudes migratorios ni acudir a intermediarios no acreditados, un riesgo recurrente en momentos de alta vulnerabilidad legal.
Por su parte, organizaciones civiles y consulados han comenzado a ofrecer talleres informativos y asistencia legal gratuita, especialmente en estados con alta concentración de migrantes como Florida, Texas y Nueva York.
Incertidumbre y resiliencia ante un nuevo reto migratorio
La cancelación del TPS de 2021 para venezolanos marca una nueva etapa de incertidumbre para cientos de miles de familias que han construido sus vidas en Estados Unidos.
Aunque existen vías legales para evitar la deportación, los expertos advierten que la falta de información y de recursos puede dejar a muchos en situación irregular.
Para quienes llegaron huyendo de una crisis sin precedentes, la noticia representa una nueva prueba de resiliencia y adaptación.
Mientras tanto, la comunidad venezolana espera que el gobierno estadounidense reconsidere la decisión o establezca un nuevo mecanismo de protección, antes de que el reloj marque las 11:59 del 7 de noviembre, cuando expirará uno de los amparos más importantes para su estabilidad en el exilio.
