La iniciativa del presidente colombiano Gustavo Petro de articular un trabajo conjunto de inteligencia con las Fuerzas Militares de Venezuela, con el objetivo de enfrentar a grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC en la zona del Catatumbo, ha generado una fuerte polémica. Especialistas en derecho internacional, ciencia política y seguridad advierten que la propuesta, calificada por el propio mandatario como “complicada”, encierra vacíos jurídicos y riesgos estratégicos que podrían comprometer la seguridad nacional e incluso tensar más las relaciones con Estados Unidos, en medio de la reciente revocatoria de su visa.
Una propuesta inesperada en el Consejo de Ministros
Durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros, Petro pidió a su titular de Defensa, Pedro Sánchez, que no tuviera miedo de impulsar una cooperación en inteligencia con el ejército venezolano. El presidente defendió la idea asegurando que solo con la articulación de ambos países es posible obtener una visión más completa sobre las rutas del narcotráfico, el accionar de grupos ilegales y la posible complicidad de autoridades estatales.
No obstante, el ministro Sánchez ha negado hasta ahora cualquier comunicación formal con su homólogo venezolano, Vladimir Padrino, lo que incrementa la percepción de que la propuesta presidencial carece de un plan concreto.
Críticas desde la academia y la sociedad civil
El profesor Walter Arévalo, de la Universidad del Rosario, señaló que la cooperación binacional en inteligencia puede ser de doble filo: aunque permitiría detectar movimientos y estructuras criminales en ambos lados de la frontera, también abre la puerta a que información sensible termine en manos equivocadas, como el ELN o la Segunda Marquetalia.
En la misma línea, Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, advirtió que la falta de claridad sobre las amenazas específicas y la ausencia de criterios legales sólidos convierte la propuesta en una medida frágil. Recordó que existen pruebas de vínculos entre sectores militares venezolanos y grupos armados irregulares, lo que compromete la confiabilidad de cualquier alianza.
Vicios de legitimidad y carencia de transparencia
Analistas coinciden en que un acuerdo de esta naturaleza estaría “viciado” desde su origen, pues no contaría con la legitimidad que tendría si se realizara con un gobierno comprometido de manera genuina con la lucha contra el crimen organizado. La politóloga Socorro Ramírez subrayó que temas sensibles, como los colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela, ni siquiera han sido incluidos en la agenda bilateral, lo que refleja prioridades desordenadas en la relación.
Una lectura diplomática: ¿provocación a Estados Unidos?
La investigadora Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, interpretó la propuesta más como una provocación hacia Estados Unidos que como una estrategia estructurada de seguridad nacional. Según ella, no se trata de una orden presidencial con respaldo técnico, sino de un gesto político en un contexto de tensiones crecientes con Washington.
Por su parte, el politólogo Eduardo Pizarro Leongómez recordó que Colombia no debe apoyar acciones de fuerza de Estados Unidos en el Caribe, ya que una eventual intervención militar afectaría directamente la estabilidad nacional. Sin embargo, también advirtió que, en las actuales circunstancias, compartir inteligencia con Venezuela podría poner en riesgo la seguridad colombiana, al exponer información estratégica a un socio poco confiable.
La propuesta de Gustavo Petro de compartir inteligencia militar con Venezuela se debate entre la necesidad de combatir estructuras ilegales que operan en la frontera y el riesgo de entregar información sensible a un régimen cuestionado por su cercanía con esos mismos grupos. Mientras el presidente insiste en que se trata de una medida pragmática, expertos en seguridad, derecho y relaciones internacionales coinciden en que la iniciativa carece de bases sólidas, pone en entredicho la soberanía nacional y podría convertirse en un nuevo foco de fricción diplomática, tanto con Caracas como con Washington.
Con información de El Nacional
