Un nuevo informe alerta sobre la situación crítica de 457.305 venezolanos que permanecen en un limbo migratorio en Colombia, sin posibilidades claras de acceder a derechos fundamentales como salud, educación o empleo digno. La cifra, difundida por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), pone en evidencia las dificultades que enfrentan miles de personas en condición irregular y cuestiona la capacidad del Estado colombiano para ofrecer alternativas de integración efectivas.
Restricciones y limitaciones en la regularización
Según la ONG Provea, que en conjunto con la Universidad Católica Andrés Bello publicará un informe sobre la migración venezolana en Colombia, la actual administración ha reducido las opciones de regularización disponibles. Mientras en gobiernos anteriores se implementaron mecanismos masivos como el Estatuto Temporal de Protección (ETPV), hoy la principal alternativa es la visa especial de visitante, cuya tramitación exige requisitos difíciles de cumplir.
De acuerdo con datos revelados por la revista Semana, apenas el 11,6 % de las solicitudes de visa especial han sido aprobadas por la Cancillería desde diciembre de 2024, lo que refleja la magnitud de las trabas que enfrentan los migrantes.
Exigencias imposibles de cumplir
El proceso de solicitud de la visa requiere documentos que muchos venezolanos no pueden obtener debido a la crisis en su país de origen. Se demandan certificados apostillados, constancia de ingresos, movimientos migratorios, información de convivientes e incluso el título académico más reciente, condiciones que se vuelven inalcanzables para quienes huyeron de manera abrupta o carecen de recursos para costear la legalización de estos papeles.
En consecuencia, una gran parte de los migrantes se mantiene en condición irregular, sin acceso a contratos formales, seguridad social ni sistemas de educación pública, lo que aumenta su vulnerabilidad social y económica.
Consecuencias directas en la vida de los migrantes
Los venezolanos en situación irregular enfrentan un círculo vicioso: al no tener documentos válidos, no pueden acceder a empleos estables, lo que a su vez les impide cumplir los requisitos económicos que exige el trámite migratorio. Esta situación los empuja a la informalidad laboral, con salarios más bajos y sin protección legal.
El acceso a la salud también se limita drásticamente. Si bien los servicios de urgencias son garantizados, los tratamientos médicos prolongados, la atención preventiva o los medicamentos quedan fuera del alcance de quienes carecen de estatus regular. En el caso de la educación, muchos niños y adolescentes encuentran barreras para matricularse, generando riesgos de exclusión escolar.
Un fenómeno que no se detiene
La crisis política y económica en Venezuela, agudizada tras las elecciones de 2024, ha intensificado la migración hacia Colombia. Entre los recién llegados hay activistas, opositores y defensores de derechos humanos, según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores citadas por medios colombianos.
Este nuevo flujo incrementa la presión sobre las instituciones nacionales y agrava el rezago en los procesos de regularización.
Llamado a una política más incluyente
Organizaciones de la sociedad civil insisten en que es necesario replantear la estrategia migratoria del Estado colombiano. Señalan que la falta de un plan amplio y humanitario no solo compromete los derechos de los venezolanos, sino que también afecta la cohesión social y la estabilidad económica en las regiones receptoras.
Un estatus legal no solo permitiría a los migrantes incorporarse de manera plena a la vida económica y social del país, sino que también ampliaría la base tributaria y contribuiría al desarrollo de Colombia. La regularización, más que un acto de solidaridad, se perfila como una inversión en el futuro común de ambos países.
El limbo migratorio que afecta a más de 400.000 venezolanos en Colombia es una realidad alarmante que evidencia las debilidades de las políticas actuales. Mientras los migrantes permanecen atrapados entre trámites imposibles y ausencia de alternativas, se perpetúa una situación de exclusión que afecta tanto a quienes llegaron en busca de protección como a las comunidades que los reciben.
El desafío ahora es encontrar un equilibrio entre la gestión migratoria y el respeto a los derechos humanos, para transformar la vulnerabilidad en una oportunidad de integración y desarrollo compartido.
Con información de Diario Los Andes
