Bogotá, convertida en refugio de cientos de miles de venezolanos que huyeron de la crisis y la persecución política, vive hoy un clima de temor e incertidumbre.
El atentado armado contra los activistas Luis Peche y Yendri Velásquez, ocurrido el pasado lunes, marcó un antes y un después en la sensación de seguridad del exilio venezolano en Colombia.
A pocos días del ataque, nuevos incidentes y denuncias de vigilancia han multiplicado la preocupación entre defensores de derechos humanos, líderes opositores y migrantes que sienten que la represión del régimen de Nicolás Maduro ha cruzado la frontera.
El ataque que rompió la sensación de refugio
En una habitación de la Clínica Reina Sofía, el consultor político Luis Peche se aferra a una estampa del recientemente canonizado José Gregorio Hernández, símbolo de fe y esperanza para los venezolanos.
Allí se recupera de las heridas causadas por tres sicarios que lo atacaron junto al activista Yendri Velásquez, defensor de los derechos LGBTIQ+, cuando salían de su residencia en el norte de Bogotá.
“La represión transnacional es una realidad”, afirmó Peche en un video publicado en sus redes. Su mensaje, grabado con voz pausada, refleja el impacto psicológico que el atentado dejó en toda la comunidad venezolana exiliada.
El ataque, ocurrido en pleno mediodía, ha sido interpretado por organizaciones humanitarias como un acto de intimidación coordinado, similar a otros episodios ocurridos en Chile o Perú.
Un nuevo caso que agrava la tensión
Apenas dos días después, el miércoles, una colaboradora de la activista Ana Karina García, presidenta de la fundación Juntos se Puede, fue interceptada por dos hombres venezolanos que la amenazaron y le robaron el celular.
García denunció que una camioneta con placas de Venezuela ha estado vigilando su casa y la sede de su organización, que brinda apoyo a refugiados y retornados.
“El miedo se ha instalado entre nosotros”, declaró la activista, quien pidió protección urgente para su equipo.
El hecho se suma a una serie de denuncias por hostigamientos y seguimientos que, según las víctimas, evidencian un patrón de persecución más allá de las fronteras venezolanas.
Bogotá, epicentro del exilio venezolano
Colombia alberga a casi tres millones de migrantes venezolanos, y de ellos unos 600.000 residen en Bogotá, de acuerdo con cifras de Migración Colombia.
La capital se ha convertido en la “capital del exilio”, un espacio donde conviven periodistas, activistas y dirigentes opositores que escaparon de la represión tras las elecciones de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor sin mostrar pruebas, pese a que la oposición demostró la victoria del candidato Edmundo González.
La Alcaldía de Bogotá ha identificado al menos 500 perseguidos políticos radicados recientemente en la ciudad. Sin embargo, varios de ellos han denunciado presencia de individuos sospechosos, automóviles que los siguen y llamadas anónimas de extorsión.
“Pensábamos que aquí estábamos seguros, pero el miedo volvió”, expresó Angélica Ángel, líder estudiantil de Mérida refugiada en la capital colombiana.
Preocupación internacional y llamado de la ONU
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el ataque y exigió al gobierno colombiano fortalecer las medidas de protección para los activistas venezolanos.
El comunicado recordó que Velásquez fue detenido arbitrariamente en Venezuela en 2024 cuando se dirigía a Ginebra para intervenir ante la ONU, un caso ampliamente documentado por los organismos internacionales.
“El atentado del lunes es una señal de alerta para que el Estado colombiano garantice la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos que han debido huir de sus países”, subraya el pronunciamiento.
El eco político y las advertencias de represión transnacional
El ataque ha generado reacciones de peso en toda la región. La opositora María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, calificó el hecho de “gravísimo” y lo atribuyó a un “patrón de violencia exportado por la dictadura venezolana”.
El presidente chileno Gabriel Boric, que sigue investigando el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago, advirtió que “los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente”.
Por su parte, el investigador Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que Bogotá, por su tamaño, su economía informal y su carácter acogedor, fue el lugar donde el exilio logró integrarse, pero advirtió:
“Sería muy triste que la violencia destruyera ese proceso”.
Un exilio bajo amenaza
El atentado y las denuncias de vigilancia han devuelto la zozobra a la comunidad venezolana que creyó haber encontrado en Bogotá un espacio de paz.
Hoy, los refugiados miran hacia atrás al caminar, se reportan a cada hora y evitan salir solos.
Para muchos, lo que ocurrió con Peche y Velásquez es una advertencia: la persecución no terminó al cruzar la frontera.
En palabras de Gaby Arellano, exdiputada opositora y exiliada en Colombia:
“Hoy todos los perseguidos políticos venezolanos estamos en riesgo. Lo que vivimos es una extensión del miedo que creíamos haber dejado atrás”.
Con información de El País
