La activista y defensora de derechos humanos Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, denunció este martes 22 de octubre la continuidad de una persecución transnacional contra líderes opositores venezolanos que han buscado refugio en Colombia.
Según García, desde el canal del Estado venezolano se habrían anunciado nuevos atentados en territorio colombiano, en lo que considera una extensión del hostigamiento político que atraviesa la región.
En una declaración pública, la dirigente solicitó al Gobierno colombiano mayor celeridad en las medidas de protección, al tiempo que pidió a la comunidad internacional asumir un rol más activo en la defensa de los refugiados políticos venezolanos.
Amenazas y falta de respuesta oficial
García aseguró que las amenazas se han intensificado en los últimos días, vinculándolas con los hechos violentos ocurridos en Bogotá la semana pasada, en los que activistas venezolanos fueron objeto de seguimiento por vehículos con placas extranjeras.
“Los sujetos que atentaron, que persiguieron, no han sido identificados ni detenidos”, afirmó. “No sabemos a quién pertenecen los automóviles que vigilaban nuestros movimientos”, agregó, evidenciando la falta de resultados en las investigaciones por parte de las autoridades colombianas.
La defensora agradeció el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, que ha seguido las denuncias, aunque subrayó que las medidas de protección solicitadas ante la Oficina Nacional de Protección (ONP) —tanto colectivas como individuales— no han sido ejecutadas.
“Se me ha pedido explicar por qué creo que mi vida está en riesgo. Creo que los hechos ocurridos son suficientes para demostrarlo”, sostuvo con preocupación.
Un llamado urgente al Gobierno colombiano
La directora de la Fundación Juntos Se Puede fue enfática en su reclamo al Ejecutivo colombiano:
“Le solicitamos al Gobierno que entienda que no pueden esperar a que haya un atentado directo para que los protocolos de seguridad sean activados”, advirtió.
Según García, existe un patrón de intimidación sistemática contra los opositores venezolanos que residen en Colombia, el cual estaría conectado con operaciones coordinadas desde Caracas.
“Hay un nexo entre la persecución a mi asistente y otros hechos que hemos denunciado ante la Fiscalía. Todo apunta a una acción estructurada y planificada”, afirmó.
La dimensión internacional del hostigamiento
García aprovechó la oportunidad para dirigirse a la comunidad internacional, a la que pidió no permanecer indiferente ante lo que calificó como una “persecución transnacional continuada”.
“Los Estados que ofrecen refugio no pueden permitir que este tipo de hostigamiento ocurra dentro de sus territorios. Deben ser garantes de protección de quienes salimos de Venezuela buscando seguridad”, expresó.
La activista enfatizó que el régimen de Nicolás Maduro continúa extendiendo su influencia represiva fuera de las fronteras, lo que representa una amenaza directa para quienes denuncian violaciones a los derechos humanos o lideran causas democráticas en el exilio.
“Hoy el régimen de Maduro está actuando en territorio colombiano y nuestras vidas corren peligro”, alertó García, visiblemente afectada pero firme en su mensaje.
Exigencias puntuales al Estado colombiano
La Fundación Juntos Se Puede, que brinda apoyo humanitario y legal a migrantes y refugiados venezolanos, presentó una serie de exigencias formales al Gobierno colombiano. Entre ellas destacan tres puntos principales:
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Acelerar los procesos de solicitud de refugio para los venezolanos que huyeron tras las elecciones del 28 de julio.
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Activar los protocolos de protección tanto para la organización como para sus miembros y líderes.
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Garantizar investigaciones transparentes y ágiles sobre los hechos de violencia registrados.
García insistió en que las demoras burocráticas y la falta de reacción estatal agravan la vulnerabilidad de los defensores que se encuentran bajo amenaza constante.
El contexto de una persecución transfronteriza
La denuncia de Ana Karina García se produce en un momento de creciente preocupación por la seguridad de los activistas venezolanos en el exterior. Diversas organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han documentado casos de vigilancia, hostigamiento y ataques físicos fuera de Venezuela, presuntamente ejecutados por agentes o simpatizantes del régimen.
Estos incidentes reflejan lo que expertos en derechos humanos describen como una estrategia de intimidación extraterritorial, destinada a silenciar voces críticas incluso más allá de las fronteras del país.
Una voz que no se apaga
Pese a las amenazas, García aseguró que continuará su labor desde la Fundación Juntos Se Puede, enfocada en proteger y acompañar a quienes han sufrido persecución política.
“No dejaremos de alzar la voz por la libertad y la justicia, aunque intenten silenciarnos”, concluyó.
Su mensaje final resonó como una advertencia y una súplica: “No esperen a que ocurra una tragedia para actuar. Nuestra vida y la de muchos venezolanos en el exilio depende de que se tomen decisiones ahora.”
Ante el aumento de la persecución trasnacional a líderes venezolanos en Colombia y las nuevas amenazas del régimen venezolano, ratificamos nuestras exigencias al Estado Colombiano. pic.twitter.com/0qC7oYEfym
— Ana Karina García (@anak14) October 23, 2025
