La noche del miércoles 15 de octubre, la activista venezolana Ana Karina García, directora de la fundación ‘Juntos se Puede’, denunció que su asistente fue víctima de un asalto violento a solo dos cuadras de su residencia en el sur de Bogotá. El hecho, según García, constituye un nuevo episodio dentro de una ola de amenazas y ataques que vienen sufriendo activistas venezolanos en el exilio, y que ha generado alarma entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
La denuncia, difundida por la propia García a través de su cuenta en X (antes Twitter), fue replicada rápidamente por medios internacionales y portales de comunicación independientes que siguen de cerca la situación de los migrantes venezolanos en Colombia.
Un hecho que aumenta la preocupación
Según el relato de la activista, su asistente fue interceptada y despojada de sus pertenencias por un grupo de hombres que la abordaron a escasos metros de la vivienda de García. Aunque la víctima no resultó gravemente herida, el ataque fue interpretado como una advertencia directa hacia la dirigente y su equipo.
“Mi asistente fue interceptada a tan solo dos cuadras de mi casa en Bogotá. Este hecho representa una nueva amenaza contra quienes trabajamos por los derechos humanos de los venezolanos”, expresó García en redes sociales, donde además detalló que ha detectado una vigilancia constante en torno a su domicilio y a la sede de su fundación.
En su denuncia, la líder social aseguró que una camioneta con placas venezolanas ha sido vista en repetidas ocasiones merodeando su entorno. “Durante las mañanas la hemos visto vigilando de cerca tanto la fundación como mi residencia”, escribió, atribuyendo los hechos a un patrón de intimidación sistemática contra activistas que denuncian los abusos del régimen de Nicolás Maduro.
Solicitud de protección y llamado al Estado colombiano
Ante la gravedad de la situación, García solicitó protección inmediata a las autoridades colombianas, incluyendo al presidente Gustavo Petro, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Pido formalmente protección para mi equipo, mi familia y para mí. No podemos seguir trabajando bajo miedo ni amenazas”, manifestó en su comunicado.
La activista subrayó que este ataque no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de hostigamientos que se ha intensificado en las últimas semanas contra líderes venezolanos en el exilio.
Ataques previos y contexto de riesgo
El asalto denunciado por García ocurrió apenas dos días después del atentado armado contra el activista Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche, también de nacionalidad venezolana, ocurrido el lunes 13 de octubre en el norte de Bogotá. Ambos resultaron heridos tras ser atacados por hombres armados mientras se desplazaban en vehículo.
Según García, las amenazas contra Velásquez y Peche provenían de presuntos miembros del grupo criminal Tren de Aragua, quienes los habrían advertido de “consecuencias” si continuaban sus actividades políticas en Colombia. “Les enviaron mensajes con la dirección de sus viviendas. Tuvimos que moverlos por seguridad”, relató la dirigente en entrevista con Semana.
Velásquez, reconocido defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, había sido detenido en Venezuela por razones políticas antes de obtener refugio en Colombia, mientras que Peche se ha destacado como asesor en procesos de incidencia democrática en el exilio.
Críticas a la falta de medidas de protección
Las denuncias de García encontraron eco en la académica y defensora de derechos humanos Ligia Bolívar, quien también huyó de Venezuela y actualmente reside en Colombia. Bolívar criticó la inacción del Gobierno colombiano ante los ataques contra activistas extranjeros.
“La falta de respuestas efectivas deja a los perseguidos políticos en un limbo de indefensión. No estamos en Colombia por las sanciones de Estados Unidos, sino por el apartheid político impuesto por Maduro”, expresó Bolívar.
La experta advirtió además que la burocracia en los procesos de regularización migratoria impide que muchos refugiados accedan a medidas de protección o asistencia, lo que los hace más vulnerables a amenazas y agresiones.
Un patrón de hostigamiento transnacional
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han alertado desde hace años sobre la persecución transnacional de activistas venezolanos. En sus informes recientes, señalan que varios exiliados en países como Colombia, Perú y Chile han sido objeto de intimidaciones, seguimientos y ataques físicos.
El caso de Ana Karina García se suma a esta lista y refuerza la preocupación por la seguridad de los líderes del exilio venezolano. Su fundación, ‘Juntos se Puede’, trabaja con comunidades migrantes en temas de educación, salud y derechos civiles.
Por ahora, las autoridades colombianas no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente, mientras el entorno de García exige una investigación que determine si detrás de los ataques existe una estructura organizada o motivaciones políticas.
Los hechos ocurridos en Bogotá reflejan una escalada de amenazas contra los defensores de derechos humanos venezolanos que han encontrado refugio en Colombia.
El asalto a la asistente de Ana Karina García no solo pone en riesgo a una persona, sino que envía un mensaje de miedo al conjunto del activismo exiliado.
Mientras los organismos de seguridad investigan, las voces de alerta crecen entre las comunidades migrantes, que piden al Estado colombiano acciones concretas para proteger a quienes huyeron de la represión y hoy vuelven a sentirse perseguidos, incluso lejos de casa.
#URGENTE Denunció, que mi asistente acaba de ser interceptada a dos cuadras de su casa en Bogotá, por dos hombres venezolanos, quienes le preguntaron si trabajaba conmigo y en la @fjuntossepuede, a lo cual ella responde que si, e inmediatamente los sujetos le quitan el celular de…
— Ana Karina García (@anak14) October 15, 2025
Con información de Infobae
