La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos ratificó este viernes la Ley SB 264, impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que impone restricciones a la compra de terrenos y propiedades por parte de ciudadanos de varios países, entre ellos Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria. El fallo, aprobado por mayoría (dos votos contra uno), representa una victoria política para el mandatario republicano, al tiempo que reaviva un intenso debate sobre la discriminación y el alcance de las políticas migratorias en el país.
La decisión judicial revierte los intentos de organizaciones civiles que habían demandado la ley por considerarla contraria a los principios constitucionales de igualdad y libertad económica. Mientras el gobierno de Florida celebra la sentencia como una herramienta de protección estatal y soberanía, los grupos de derechos humanos la califican de retroceso xenófobo, aludiendo a las viejas “leyes de tierras para extranjeros” del siglo pasado.
Qué establece la Ley SB 264
Aprobada en 2023, la norma prohíbe a la mayoría de los ciudadanos chinos adquirir propiedades o terrenos ubicados a menos de 16 kilómetros de instalaciones consideradas estratégicas, como bases militares o centros de infraestructura crítica. Sin embargo, la legislación extiende restricciones, aunque más leves, a personas originarias de Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria, bajo el argumento de evitar posibles amenazas a la seguridad estatal.
En su voto disidente, el juez Charles Wilson advirtió que la medida representa “una resurgencia moderna” de las “alien land laws”, aquellas normativas de mediados del siglo XX que prohibían a los inmigrantes no ciudadanos poseer tierras en Estados Unidos. Wilson cuestionó además que la regulación de las inversiones extranjeras es una competencia federal, no estatal, función que recae en el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS).
Por el contrario, el juez Robert Luck, autor del fallo mayoritario, argumentó que los demandantes no demostraron haber sido afectados directamente por la medida, al no estar domiciliados en China. En su decisión, precisó que la ley no prohíbe por completo la adquisición de bienes, sino que limita zonas específicas por razones de seguridad.
Efectos en el mercado inmobiliario de Florida
La sentencia llega en un momento sensible para el mercado de bienes raíces de Florida, uno de los más dinámicos y globalizados de Estados Unidos. Según cifras de Miami Realtors (2024), cerca del 20% de las transacciones inmobiliarias en el estado proviene de compradores extranjeros. Expertos advierten que las nuevas restricciones podrían reducir la inversión internacional, particularmente en regiones como Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde la compra de viviendas por parte de venezolanos, brasileños y canadienses ha sido fundamental para el crecimiento económico.
Los analistas inmobiliarios prevén una caída en la demanda y un aumento en la incertidumbre entre los agentes del sector. “Florida ha sido históricamente un refugio para inversionistas latinoamericanos. Esta ley puede cambiar esa percepción y ralentizar el ritmo de construcción y desarrollo urbano”, señaló un corredor consultado por medios locales.
Seguridad o discriminación: el debate político
El gobernador Ron DeSantis ha defendido la medida como un acto de soberanía frente a lo que describe como la creciente influencia de gobiernos considerados “hostiles” por Estados Unidos, en especial China. Según el mandatario, el objetivo de la ley es impedir que potencias extranjeras adquieran terrenos cercanos a infraestructuras críticas, como puertos, plantas de energía o bases militares.
No obstante, organizaciones de derechos civiles sostienen que la legislación fomenta la exclusión y alimenta prejuicios hacia comunidades migrantes. El Centro de Estudios Asiático-Americanos del Sur calificó la ley como una amenaza para la convivencia multicultural de Florida, mientras que la Coalición Venezolana en el Exilio (COVEX) advirtió que “criminaliza a ciudadanos inocentes solo por su país de origen”.
Repercusiones sociales y diplomáticas
La aprobación definitiva de la SB 264 podría tener efectos diplomáticos más amplios, especialmente con países latinoamericanos. En el caso venezolano, activistas temen que la medida profundice la vulnerabilidad de miles de migrantes que invirtieron sus ahorros en propiedades en Florida, y que ahora enfrentan incertidumbre sobre su estatus legal.
Para economistas, el fallo también refleja una tendencia creciente en Estados Unidos hacia políticas de proteccionismo económico, en un contexto de rivalidades geopolíticas y campañas presidenciales. En el plano social, el riesgo es que la medida legitime un discurso de exclusión, afectando la percepción sobre comunidades extranjeras que durante décadas han contribuido al desarrollo económico del estado.
La disputa en torno a la Ley SB 264 está lejos de concluir. Grupos de defensa de derechos civiles ya evalúan nuevas acciones legales ante la Corte Suprema, mientras el gobierno de Florida celebra una victoria que, aunque jurídica, deja en evidencia las profundas divisiones sobre el rol de los inmigrantes y la propiedad privada en la sociedad estadounidense contemporánea.
Con información de El Nacional
