El 7 de noviembre se ha convertido en una fecha temida para más de 600.000 venezolanos residentes en Estados Unidos. Ese día expirará formalmente el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa migratorio que, desde 2021, les había permitido vivir y trabajar legalmente mientras su país seguía sumido en una crisis humanitaria y política.
La reciente ratificación del fallo de la Corte Suprema de Justicia ha dejado a miles de familias en la incertidumbre, sin saber si podrán permanecer en territorio estadounidense o si enfrentarán procesos de deportación inminentes.
A la par de la tensión política por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las historias personales detrás del TPS exponen un drama humano profundo: el miedo a perderlo todo en un solo día.
El futuro en pausa: “El 7 de noviembre lo pierdo todo”
Para María Fernanda Angulo, conocida como Mafe, el fin del TPS significa la desaparición de toda una vida construida en cinco años. “Ese día lo pierdo todo: mi licencia, mi permiso de trabajo, mi tranquilidad”, dijo al diario El País.
Instalada en Florida desde 2019, Mafe trabaja en una organización de ayuda a migrantes, pero la nueva coyuntura la ha llevado a un estado de angustia permanente. “Desde que ganó Trump, sabía que esto venía. Ha sido un año cuesta arriba, muy difícil psicológicamente”, confiesa.
Su temor no es solo la pérdida de estatus legal, sino el regreso al país que la vio partir. “Me da pánico volver a Venezuela”, admite, recordando la represión política y la pobreza que dejaron su salario de psicóloga reducido a “una Coca-Cola y una bolsa de papas fritas”.
Para Mafe, la anulación del TPS representa algo más que un trámite: es la amenaza de ser devuelta a un lugar donde su vida corre peligro.
El músico que teme perder su partitura de vida
Mariano Santana, de 29 años, también vive con el reloj migratorio en cuenta regresiva. Graduado del prestigioso Berklee College of Music, llegó a Estados Unidos tras sobrevivir a un asalto en Caracas.
Ha trabajado como compositor, profesor y productor, incluso participó en la gira del grupo mexicano RBD en 2023. Sin embargo, su carrera podría quedar truncada con el fin del programa migratorio.
“Renové mi permiso sabiendo que podía no valer nada. Invertí dinero en algo que tal vez no me sirva”, explica con resignación.
Aun así, intenta mantenerse sereno: “No dejo que el miedo me paralice”.
El joven artista recuerda cómo conoció a compatriotas que atravesaron el Darién con niños en brazos: “Yo salí en avión; ellos caminaron entre la muerte. Me siento afortunado, pero también culpable”.
Con una década fuera de su país, Mariano percibe similitudes inquietantes entre la Venezuela que huyó y el Estados Unidos que ahora teme. “Hay corrupción, intolerancia, autoritarismo. Es como ver un reflejo de lo que dejamos atrás”, lamenta.
Un fallo que dejó a miles en el limbo
El TPS, creado en 1990, protege a ciudadanos de países en crisis para evitar su deportación. Bajo el gobierno de Joe Biden, fue otorgado a los venezolanos en 2021 y renovado en 2023 ante el deterioro de la situación bajo Nicolás Maduro.
Antes de dejar el cargo, Biden extendió su vigencia hasta 2026, pero la nueva administración —liderada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem— revocó la ampliación, dejando sin protección a cientos de miles de beneficiarios.
Organizaciones migratorias como America’s Voice y Venezolanos Unidos en EE. UU. presentaron demandas contra la medida.
En septiembre, el juez Edward M. Chen falló a favor de los demandantes, calificando la anulación del TPS como “arbitraria y caprichosa”. Sin embargo, la Corte Suprema anuló su decisión, devolviendo la incertidumbre a los migrantes.
De la protección a la persecución
Las consecuencias son inmediatas: pérdida del derecho a trabajar, imposibilidad de renovar licencias y riesgo de detención. Según la American Immigration Council, más del 70 % de los venezolanos con TPS trabajan en sectores esenciales, como salud, construcción y servicios, contribuyendo con más de 4.500 millones de dólares anuales a la economía estadounidense.
Aun así, el discurso político ha cambiado. Trump calificó a los venezolanos de “delincuentes y enfermos mentales”, declaraciones que han profundizado el miedo en comunidades de Florida, Texas y Nueva York, donde residen la mayoría de los beneficiarios.
La esperanza en pausa
A pocos días de la fecha límite, miles de venezolanos se preparan para un futuro incierto. Algunos evalúan solicitar asilo, otros se aferran a recursos legales que podrían extender su permanencia.
Mientras tanto, las organizaciones humanitarias alertan sobre un posible colapso social si las deportaciones se concretan.
Mafe, como muchos otros, se aferra a la fe: “Tengo miedo, pero también esperanza. Los venezolanos no vinimos a quitar nada. Vinimos a empezar de nuevo”.
El 7 de noviembre marcará más que el fin de un programa migratorio: será una prueba de humanidad para Estados Unidos, un país que hoy enfrenta el dilema entre la política y la compasión.
Con información de El País
