El presidente Gustavo Petro ordenó a los organismos de inteligencia militar suspender de manera inmediata cualquier envío de comunicaciones o coordinación con agencias de seguridad estadounidenses. La decisión, anunciada públicamente a través de sus redes sociales, marca uno de los momentos más tensos en la relación entre Bogotá y Washington en las últimas décadas.
El mandatario colombiano justificó su medida alegando que los recientes ataques con misiles contra embarcaciones civiles en el mar Caribe constituyen una violación a los derechos humanos, por lo que la lucha contra el narcotráfico debe supeditarse a la protección de las poblaciones vulnerables de la región.
Una medida sin precedentes en la cooperación bilateral
La orden del jefe de Estado representa un giro drástico en la política de seguridad colombiana, históricamente alineada con los programas de cooperación militar y antidrogas impulsados por Estados Unidos desde inicios del siglo XXI.
En su declaración, Petro sostuvo que la suspensión se mantendrá “mientras persistan los ataques con misiles a lanchas en el Caribe”, en alusión a una operación militar estadounidense que habría causado la muerte del pescador colombiano Alejandro Carranza.
La decisión del mandatario ocurre, además, mientras el Reino Unido también evalúa sus vínculos en materia de inteligencia con Washington, tras expresar preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza en operaciones marítimas.
Un golpe a la estructura operativa antinarcóticos
La suspensión de comunicaciones afecta directamente los mecanismos de intercambio de información entre las fuerzas armadas colombianas y sus socios extranjeros, pilares fundamentales en la detección y decomiso de cargamentos de cocaína.
Fuentes oficiales recuerdan que una gran parte de las incautaciones realizadas en el país han contado con la colaboración de agencias estadounidenses y británicas. Operaciones históricas, como las que condujeron a la captura o abatimiento de capos como Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, fueron posibles gracias a ese soporte técnico y de inteligencia.
Ahora, la medida podría dejar en el aire varios convenios de cooperación vigentes, con repercusiones inmediatas sobre la capacidad del Estado para combatir las redes del narcotráfico.
Críticas y justificación presidencial
Durante su discurso en la IV Cumbre Celac-UE, Petro reiteró su oposición a los bombardeos en el Caribe, cuestionando la narrativa oficial de Washington sobre la muerte de Carranza.
“El padre pescador, su hija sin universidad, la familia sin techo. No eran narcoterroristas, fueron víctimas de una ejecución extrajudicial”, dijo el mandatario, subrayando que estos hechos vulneran los tratados internacionales y los principios de la democracia.
El presidente comparó los ataques con los que se producen en Gaza, advirtiendo que “los misiles de la misma fabricación caen sobre personas pobres del Caribe”. Su mensaje buscó reforzar la idea de que la política antidrogas global debe basarse en el respeto a la vida y la soberanía de los pueblos.
Recorte de fondos y respuesta del Ministerio de Defensa
El congelamiento de cooperación coincide con el recorte del 20 % de los recursos provenientes de Estados Unidos tras la descertificación de Colombia en materia de lucha antinarcóticos.
Documentos oficiales señalan que los programas bilaterales de asistencia militar ascienden a 1,58 billones de pesos —unos 400 millones de dólares—, destinados al fortalecimiento de áreas de entrenamiento, mantenimiento e inteligencia.
Pese a ello, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró en entrevista que las relaciones continúan estables: “No hemos sentido ningún recorte. Mantenemos coordinación constante con el encargado de negocios John McNamara y seguimos fortaleciendo nuestras capacidades, incluso con apoyo estadounidense”.
Un escenario incierto para la seguridad regional
La suspensión de intercambios entre Colombia y Estados Unidos plantea un desafío sin precedentes para la estabilidad de la región.
Mientras Petro insiste en que la cooperación militar debe someterse a un enfoque humanitario, analistas advierten que el distanciamiento podría favorecer el resurgimiento de estructuras criminales que operan entre el Caribe y Centroamérica.
El futuro de esta relación estratégica dependerá de la capacidad de ambos gobiernos para recomponer la confianza, redefinir sus intereses comunes y evitar que la tensión diplomática escale hacia una ruptura definitiva.
Con información de El Tiempo
