Colombia entró en un nuevo capítulo de alta tensión política con la inscripción del comité promotor de una Asamblea Nacional Constituyente, un proceso que ya genera alarma en sectores del Congreso, la rama judicial y la oposición. El pasado viernes 26 de diciembre, los promotores registraron oficialmente la iniciativa ante la Registraduría Nacional y, junto al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dieron inicio a la recolección de firmas.
Aunque se trata formalmente de un comité integrado por nueve ciudadanos, el impulso político proviene del presidente Gustavo Petro, quien ha planteado públicamente la meta de recolectar 10 millones de respaldos. Un documento preliminar de 36 páginas, elaborado durante tres meses con asesoría externa —incluido el exministro Eduardo Montealegre—, perfila una reforma estructural capaz de redibujar las reglas institucionales del país:
desde la creación de un Tribunal Constitucional Autónomo hasta posibles cambios al Banco de la República, límites al Congreso y una ampliación del marco de justicia transicional. El debate no solo gira en torno a la conveniencia de cambiar la Carta del 91, sino al riesgo de concentración de poder y al choque frontal entre el proyecto de gobierno y sus críticos.
La hoja de ruta: un comité ciudadano con respaldo presidencial
Aunque la iniciativa fue presentada como un ejercicio ciudadano, el contexto político le imprime un sello gubernamental. Petro no solo la ha defendido en múltiples ocasiones, sino que pidió una meta ambiciosa de firmas y ha presentado la constituyente como una salida frente a lo que considera un “bloqueo institucional” del Congreso.
Los integrantes del comité promotor —cuyos nombres ya están definidos— tienen lista la primera versión del proyecto para presentarlo al Legislativo. En su contenido se expone la visión de país que pretende reformarse y se plantea una recomposición de poderes que, por su alcance, genera inquietud. No se trata de un ajuste parcial: el documento deja claro que la intención es reescribir amplios capítulos de la Constitución, manteniendo únicamente compromisos internacionales adquiridos mediante tratados y salvaguardas para derechos de comunidades étnicas.
El argumento central: “bloqueo institucional” y crisis estructural
En la justificación del proyecto, el comité plantea que el sistema presidencialista colombiano enfrenta un problema de parálisis y bloqueo político, especialmente por la falta de colaboración del Congreso en reformas sociales. Esa premisa se convierte en el corazón del discurso: repensar el modelo institucional para alcanzar objetivos del Estado social de derecho.
El documento enumera una larga lista de motivos que servirían como base de la reforma: cumplimiento del acuerdo de paz, derechos sociales y climáticos, reforma a la salud, vivienda, educación, cultura, transformación del modelo económico, reforma agraria, autonomía territorial de pueblos étnicos, reordenamiento territorial, reforma judicial, reforma política, y enfoques sobre drogas y narcotráfico. En conjunto, se presenta como una reingeniería completa del Estado colombiano.
Una constituyente de 125 delegados y tres meses de deliberación
La propuesta plantea una Asamblea compuesta por 125 delegados elegidos por voto popular. De ese total, 87 serían escogidos en circunscripción nacional; 10 corresponderían a cuotas para afrodescendientes, indígenas y campesinos; 16 serían representantes de circunscripciones transitorias de paz; y dos delegados representarían a los colombianos en el exterior.
La Asamblea tendría un período de sesiones de tres meses, pero su sola instalación implicaría un cambio inmediato en el equilibrio institucional: el documento propone que, una vez en marcha, se reduzca el margen de acción del Congreso y de autoridades judiciales en asuntos reservados a la Constituyente. Aunque se afirma que las instituciones conservarán atribuciones en áreas no delegadas, el lenguaje plantea un redireccionamiento del poder hacia la Asamblea como centro de decisión.
Un Tribunal Constitucional Autónomo y más control sobre el Banco de la República
Entre los cambios más sensibles se encuentra la propuesta de robustecer la jurisdicción constitucional, incluso mediante la creación de un Tribunal Constitucional Autónomo. La idea contempla otorgarle facultades reforzadas para subsanar omisiones legislativas estructurales, lo que implicaría un modelo distinto al actual esquema de la Corte Constitucional.
Otro punto explosivo es el replanteamiento del Banco de la República. La propuesta señala la necesidad de revisar y ajustar su funcionamiento, “complementar el mandato” del emisor y transformar la banca pública, con una política monetaria alineada con un programa de desarrollo productivo popular.
El texto sugiere, además, una mayor presencia estatal en sectores estratégicos, con zonas especiales donde el Estado tenga participación dominante en producción y ganancias, promoviendo economía popular, cooperativa y solidaria. Esta visión se alinea con críticas previas de Petro al banco central y con su enfoque de intervención estatal para reactivar empleo.
Beneficios sociojurídicos para “los violentos” y ampliación del marco JEP
Uno de los apartados más controvertidos del proyecto apunta a lo que describe como reconciliación nacional. Allí se plantea que la Constituyente podría ser una oportunidad para que “los violentos” —en todas sus categorías— depongan armas mediante procesos de sometimiento con beneficios sociojurídicos y negociación política según el caso.
Además, el texto abre la puerta a dar rango constitucional a mecanismos de justicia restaurativa y fortalecer la Justicia Especial para la Paz, incluso ampliando su marco temporal mientras persistan causas profundas de violencia y vulneración de derechos. Este planteamiento genera inquietud en sectores que temen que la justicia transicional se extienda indefinidamente o se use como herramienta política para ofrecer concesiones a actores armados.
La alerta mayor: superpoderes presidenciales y decretos con fuerza de ley
En la sección de reforma política aparece el elemento que más alarma a opositores: la posibilidad de dotar al Presidente de una cláusula residual de competencia legislativa para actuar ante omisiones absolutas del Congreso. En la práctica, esto implicaría otorgarle un margen extraordinario de producción normativa en materias sociales, rompiendo el equilibrio tradicional de pesos y contrapesos.
A esto se suma otro punto delicado: antes incluso de elegir a los constituyentes, el proyecto plantea otorgar facultades extraordinarias por seis meses al presidente para expedir decretos con fuerza de ley que definan detalles del sistema electoral de la Constituyente. Es decir, el Presidente tendría potestad operativa y normativa sobre el proceso que definirá la continuidad del modelo institucional del país.
Petro responde: “No voy a ser dictador”
Tras el aumento de críticas, Gustavo Petro reaccionó en redes sociales y aseguró que no busca quedarse en el poder ni subvertir la democracia. Afirmó que “no voy a ser dictador” y que la constituyente no se hará en su gobierno si se interpreta como un intento de concentración de poder.
Petro también respondió a cuestionamientos de precandidatos presidenciales como Juan Daniel Oviedo, señalando que las acusaciones de autoritarismo son un insulto injustificado. No obstante, desde la oposición figuras como Vicky Dávila, David Luna y Aníbal Gaviria mantienen un rechazo frontal: aseguran que Colombia no necesita una nueva Constitución, sino respeto a la vigente.
Un choque institucional que apenas comienza
El panorama, según distintas fuentes, preocupa en las ramas del poder público porque se trata de una iniciativa que rediseña el Estado y concentra poder en la Asamblea y en el Ejecutivo. Mientras el Gobierno la defiende como salida a un bloqueo político y a múltiples crisis, sus críticos la ven como un salto al vacío que podría debilitar contrapesos democráticos.
Por ahora, el debate apenas comienza: firmas, revisión jurídica, control del Congreso y examen de constitucionalidad marcarán la ruta. Sin embargo, el solo hecho de que una Constituyente vuelva al centro de la discusión plantea una certeza: Colombia entra en una etapa en la que la confrontación no será únicamente electoral, sino institucional. Y en esa disputa se define algo más grande que un gobierno: se define el diseño mismo del poder.
No voy a ser dictador. No insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno.
Usted lideró el gobierno de Duque y el gobierno de Duque con el de Uribe es el de los mayores detractores del Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991. Quedan escenas de miles de… https://t.co/jedoRO285Y
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 27, 2025
Con información de Semana y Portafolio
