La negociación del salario mínimo para 2026 avanza en Colombia en medio de expectativas, tensiones y un escenario económico complejo. Desde el 1.º de diciembre, el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras discuten el monto que regirá los ingresos de más de 12 millones de trabajadores.
Aunque la inflación anual —dato clave para este proceso— ya fue revelada por el Dane, las posiciones entre las partes siguen distantes. El Ejecutivo se inclina por un incremento del 13,3 %, una cifra que podría convertirse en una de las más altas de los últimos años y que responde a la idea de garantizar un “salario vital y móvil”.
La apuesta del Gobierno por un salario que cubra necesidades reales
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha planteado un giro en la lógica tradicional de los incrementos salariales. Su propuesta, inspirada en lineamientos de la OIT, busca que la remuneración cubra las necesidades básicas de un hogar promedio, considerando rubros como alimentación, vivienda, educación y salud. Para ello, toma como referencia la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares.
La postura del Ejecutivo, más cercana a las demandas sindicales que en años anteriores, pretende recuperar la capacidad adquisitiva erosionada por la inflación, el encarecimiento de la canasta familiar y el deterioro del empleo formal. No obstante, los gremios empresariales insisten en ajustes moderados. Aseguran que un incremento de dos dígitos podría presionar los costos laborales y desincentivar la contratación, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
Qué significaría un aumento del 13,3 % para el bolsillo de los trabajadores
Para dimensionar el posible impacto del alza, basta con revisar el cálculo sobre el salario mínimo actual, fijado en $1.423.500 para 2025. Con un incremento del 13,3 %, el ajuste equivaldría a $189.925, dejando el salario base en $1.613.426 para 2026.
Este valor no incluye el auxilio de transporte, que también se revisa anualmente y es fundamental para quienes devengan hasta dos salarios mínimos. Durante 2025, este subsidio asciende a $200.000, pero podría experimentar diferentes aumentos según los escenarios propuestos:
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Incremento del 13 %: el auxilio pasaría a $226.000.
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Incremento del 11 %: alcanzaría los $222.000.
De aplicarse las cifras más altas tanto para salario como para transporte, un trabajador podría recibir $1.813.426 mensuales en 2026. Sería uno de los mayores saltos salariales en más de una década, con implicaciones directas en el consumo, la informalidad y la capacidad de ahorro de los hogares.
El debate sobre el empleo y la sostenibilidad del incremento
La discusión no se limita a las cifras. Los gremios económicos —en especial del comercio y la industria— advierten que el aumento propuesto podría generar efectos adversos sobre el empleo formal. Aseguran que para muchos negocios, especialmente aquellos afectados por la desaceleración económica, una carga adicional del 13 % elevaría los costos operativos al punto de frenar nuevas contrataciones o incluso promover despidos.
Al mismo tiempo, las centrales obreras argumentan que los aumentos moderados de años anteriores no compensaron la pérdida del poder adquisitivo y que los salarios deben acercarse a un nivel que permita una vida digna. El pulso entre estas posturas marca el ritmo de la negociación.
Una mesa con tensiones y un ausente influyente
La negociación de este año sumó un elemento adicional: la ausencia del presidente de Fenalco, Jaime Cabal, quien decidió no participar en la mesa argumentando que el Gobierno atraviesa un momento político que podría influir en las discusiones. También calificó de “populista” la intención de impulsar aumentos de dos dígitos.
Por su parte, los sindicatos mantienen su exigencia de un aumento considerable, asegurando que la inflación acumulada y el costo de vida justifican un ajuste ambicioso. El Gobierno, en una posición intermedia pero más cercano a los trabajadores, insiste en la necesidad de garantizar un salario que cubra necesidades esenciales.
Lo que viene en la negociación
El plazo para lograr un acuerdo tripartito vence el 15 de diciembre. Si no hay consenso, el Gobierno podrá fijar el aumento por decreto. Entre tanto, las mesas técnicas continúan analizando escenarios, impactos macroeconómicos y estimaciones de productividad.
Lo cierto es que el salario mínimo de 2026 podría marcar un precedente: uno de los incrementos más altos de los últimos años, en un país donde la discusión salarial es tanto un debate económico como un reflejo de las tensiones sociales y políticas del momento.
Con información de El Tiempo
