Durante décadas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) intentó presentarse como una guerrilla distinta, marcada por una narrativa ideológica que rechazaba el narcotráfico como fuente de financiación. Sin embargo, la realidad en la frontera entre Colombia y Venezuela revela una transformación profunda.
Hoy, el ELN no solo participa del negocio de las drogas, sino que ha construido una estructura transnacional que aprovecha la porosidad fronteriza, la debilidad institucional y la connivencia de sectores del poder venezolano. Este entramado ha convertido al territorio venezolano en una plataforma clave para la producción, el transporte y la exportación de cocaína hacia mercados internacionales.
Negaciones públicas frente a una realidad persistente
El comandante máximo del ELN, Eliécer Erlinto Chamorro, alias “Antonio García”, reaccionó con dureza luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro señalara la participación de la guerrilla en el tráfico de estupefacientes. En un comunicado oficial, el jefe insurgente negó cualquier vínculo con el narcotráfico y defendió la supuesta coherencia ideológica del grupo.
No obstante, estas afirmaciones contrastan con la evolución que ha tenido la organización armada en los últimos años. Aunque el ELN sostiene que su relación con los cultivos de coca se limita al cobro del llamado “gramaje”, múltiples investigaciones demuestran que la actividad va mucho más allá de un simple impuesto territorial.
El abandono de la pureza ideológica
Fundado en los años sesenta bajo principios marxista-leninistas y con influencias de la Teología de la Liberación, el ELN evitó durante décadas involucrarse directamente en el negocio de la droga. Sin embargo, el prolongado conflicto, la pérdida de apoyo social y la necesidad de recursos estables fueron erosionando esa postura.
Con el tiempo, varios frentes comenzaron a depender del dinero proveniente de la economía ilícita. Lo que inicialmente fue presentado como una contribución marginal se transformó en una fuente estructural de ingresos, indispensable para sostener combatientes, armamento, logística y control territorial.
La frontera como eje estratégico del negocio
El dominio de la franja limítrofe entre Colombia y Venezuela resulta crucial para la expansión del ELN. Controlar ambos lados de la frontera permite al grupo gestionar toda la cadena del narcotráfico, desde el cultivo de coca hasta la exportación de cargamentos.
La región del Catatumbo, tomada por el ELN a inicios de 2025, es una de las zonas cocaleras más productivas del mundo. Este avance consolidó el poder del grupo en un territorio clave para la economía ilícita. Del lado venezolano, especialmente en el estado Zulia, los cultivos aún son limitados, pero el reclutamiento de campesinos y la instalación de laboratorios ya están en marcha, según reportes de InSight Crime.
Integración vertical y control financiero
El crecimiento del ELN en el narcotráfico no es improvisado. La guerrilla desarrolló una estructura interna especializada en manejar las economías ilegales: la Estructura de Finanzas y Economías para la Revolución (EFER). Esta división coordina laboratorios, rutas de transporte, pagos y lavado de activos, operando como un verdadero brazo empresarial del Frente de Guerra Nororiental.
La presión militar en Colombia ha acelerado el traslado de centros de producción hacia territorio venezolano, donde la ausencia de controles efectivos facilita el funcionamiento de laboratorios en zonas remotas como Jesús María Semprún. Allí, el ELN actúa como autoridad de facto, imponiendo normas y control social.
Rutas internacionales desde Venezuela
La cocaína producida bajo supervisión del ELN sigue múltiples trayectos. Desde Zulia, los cargamentos atraviesan el lago de Maracaibo hacia el Caribe o parten desde las costas de Falcón rumbo a islas como Aruba, Bonaire y Curazao, antes de llegar a Europa.
Otras rutas incluyen pistas clandestinas en Apure con destino a Centroamérica o el uso del río Orinoco como corredor fluvial hasta el Atlántico. La diversificación de caminos reduce riesgos y amplía la capacidad exportadora de la organización.
Guajira: control social y legitimidad forzada
La región de La Guajira se ha convertido en un punto clave del esquema criminal. El abandono estatal y los abusos históricos han permitido que el ELN construya una percepción de legitimidad entre sectores de la población indígena. Además, la afinidad política de autoridades locales con el chavismo reduce la posibilidad de confrontación institucional.
Maicao, del lado colombiano, funciona como centro logístico para el envío de droga hacia la Guajira venezolana. La reciente detección de un semisumergible artesanal sugiere que la región podría incluso servir como punto de partida para envíos directos a Europa.
Una alianza peligrosa con el poder venezolano
La relación entre el ELN y el régimen de Nicolás Maduro es funcional para ambas partes. El grupo armado obtiene protección, libertad de movimiento y espacios para operar. A cambio, contribuye al control territorial, interviene en procesos electorales y actúa como fuerza de contención frente a amenazas externas.
Este entramado se inscribe dentro de lo que se conoce como el Cartel de los Soles: una red de corrupción que involucra a sectores militares y que permite la circulación de drogas a cambio de sobornos. En un Estado debilitado financieramente, esta economía ilegal se convierte en un mecanismo de supervivencia política.
El ELN ha dejado atrás cualquier pretensión de pureza ideológica. Su expansión en Venezuela responde a una estrategia clara: dominar la frontera, controlar el narcotráfico y consolidarse como actor criminal hegemónico. Bajo la protección del régimen venezolano, la guerrilla avanza hacia un modelo que combina poder armado, economía ilícita y control social. El resultado es un corredor transnacional de cocaína que amenaza la seguridad regional y refuerza una alianza tan rentable como peligrosa.
Con información de insightcrime
