Salario mínimo bajo fuego cruzado: gremios, analistas y expresidentes cuestionan el aumento decretado por Petro

Las críticas coinciden en un punto central: el debate anual sobre el porcentaje de ajuste estaría ocultando un problema estructural más profundo del mercado laboral colombiano

El incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, fijado en un 23,7 % por decreto presidencial, abrió una de las discusiones económicas y políticas más intensas de los últimos años. Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta para mejorar el ingreso real de los trabajadores y dinamizar la economía, gremios empresariales, centros de pensamiento y figuras del liderazgo político nacional alertan sobre posibles efectos adversos en el empleo formal, la inflación y la sostenibilidad empresarial.

Las críticas coinciden en un punto central: el debate anual sobre el porcentaje de ajuste estaría ocultando un problema estructural más profundo del mercado laboral colombiano, caracterizado por baja productividad, alta informalidad y una limitada capacidad de generar salarios por encima del mínimo. En este contexto, las reacciones no se hicieron esperar y reflejan una profunda fractura sobre el rumbo económico del país.

Un salario mínimo que se acerca peligrosamente al ingreso mediano

Uno de los cuestionamientos más reiterados provino del ICP Colombia, que puso el foco en una señal de alarma estructural: el salario mínimo en el país equivale hoy al 92,31 % del salario mediano. Este indicador, poco habitual en economías desarrolladas, revela que la mayoría de los trabajadores percibe ingresos muy cercanos al piso salarial legal.

Según el centro de análisis, esta situación evidencia una debilidad profunda del aparato productivo, incapaz de generar remuneraciones diferenciadas y escalas salariales amplias. En lugar de elevar el bienestar general, el incremento del mínimo estaría comprimiendo la estructura salarial y reduciendo los incentivos para la formalización y la mejora de la productividad.

El ICP subrayó que el debate público se ha concentrado casi exclusivamente en el porcentaje del aumento, dejando de lado discusiones clave como la calidad del empleo, la educación laboral y la competitividad empresarial, factores determinantes para elevar los ingresos de forma sostenible.

Fenalco: “una decisión tomada y una concertación ficticia”

Desde el sector comercial, Fenalco fue uno de los gremios más críticos. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, calificó la mesa de concertación como una “farsa” y aseguró que la decisión del incremento ya estaba definida desde el inicio del proceso.

Para el gremio, el alza cercana al 23 % no responde a la realidad económica del país y tendrá consecuencias directas sobre el empleo formal. Fenalco advirtió que el aumento elevará significativamente los costos laborales, afectando especialmente a pequeños y medianos comerciantes, quienes enfrentan márgenes reducidos y dificultades para trasladar esos costos al consumidor.

Según Cabal, el impacto no se limitará al mercado laboral, sino que terminará reflejándose en un mayor costo de vida, lo que paradójicamente erosionaría el poder adquisitivo que se busca fortalecer.

 

Las advertencias desde la oposición política

Las reacciones también se trasladaron al escenario político. El expresidente Iván Duque afirmó que aumentar el salario mínimo de forma “desmedida” en un contexto de crecimiento económico moderado constituye un acto de irresponsabilidad fiscal y social.

En su mensaje, Duque sostuvo que la medida podría provocar pérdida de empleos formales, quiebras empresariales y presiones inflacionarias, afectando principalmente a los sectores más vulnerables. Además, comparó la estrategia del Gobierno con políticas aplicadas en otros países de la región, que —según su visión— terminaron espantando la inversión y ampliando la informalidad.

En una línea similar, el exmandatario Álvaro Uribe criticó duramente la decisión, señalando que el Gobierno “endulza el oído de los trabajadores, pero les amarga la vida”. Para Uribe, el incremento salarial sin respaldo productivo destruye empleo y castiga a quienes dependen de la estabilidad económica para sostener sus negocios y sus ingresos.

 

 

AmCham Colombia: presión sobre empresas y beneficios limitados

Desde el ámbito binacional, la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) advirtió que el aumento del 23,7 % resulta insostenible en las condiciones actuales. El gremio destacó que el salario mínimo solo beneficia directamente a cerca del 20 % de la población ocupada, mientras que el impacto negativo se distribuye sobre el resto del sistema productivo.

AmCham alertó que el ajuste incrementa los costos reales de contratación, presiona la inflación y afecta de manera desproporcionada a las micro, pequeñas y medianas empresas, responsables de una porción significativa del empleo formal en el país.

Según la entidad, lejos de consolidar un avance social duradero, la medida podría debilitar la estabilidad empresarial y terminar afectando el poder adquisitivo de los hogares, especialmente si el alza de precios supera el beneficio nominal del aumento salarial.

 

Un debate que va más allá del porcentaje

Las reacciones al aumento del salario mínimo revelan una discusión de fondo que Colombia no ha resuelto: cómo mejorar los ingresos de los trabajadores sin comprometer el empleo, la inversión y la estabilidad económica. Mientras el Gobierno insiste en que el salario no es un costo sino un motor de riqueza, sus críticos señalan que sin productividad, crecimiento sostenido y formalización, los aumentos elevados pueden convertirse en un arma de doble filo.

El choque de visiones deja claro que el salario mínimo sigue siendo un símbolo político y económico, pero también un reflejo de las limitaciones estructurales del país. El verdadero desafío, coinciden varios analistas, no está únicamente en cuánto sube el mínimo cada año, sino en cómo crear las condiciones para que más colombianos ganen, de forma estable y sostenible, mucho más que ese mínimo.

EL VENEZOLANO COLOMBIA

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