El transporte público de Bogotá se prepara para un nuevo ajuste tarifario que impactará directamente el bolsillo de millones de usuarios. La Alcaldía tiene listo un proyecto de decreto, publicado el 31 de diciembre de 2025 para comentarios ciudadanos, que propone incrementar $350 la tarifa de TransMilenio, TransMiCable y TransMiZonal, dejando el pasaje pleno en $3.550 para 2026.
La cifra supera la proyección que se había discutido previamente en el Concejo, donde se hablaba de una tarifa de $3.450, y también rebasa el aumento inicial calculado por el Distrito, que contemplaba una subida de $250. El factor determinante, según el documento, es el inesperado incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional, un ajuste de 23 % que elevó los costos de operación del sistema y obligó a replantear el modelo de financiación.
En una ciudad donde el transporte masivo depende en gran medida de mano de obra y contratos indexados a variables económicas, el aumento tarifario aparece como un mecanismo para evitar un desequilibrio fiscal y garantizar que el sistema continúe prestando servicio. Sin embargo, el cambio también abre un debate previsible: mientras algunos sectores sostienen que el incremento es inevitable, otros advierten sobre el impacto en los usuarios informales, estudiantes y hogares vulnerables, además del riesgo de que la evasión aumente en estaciones y buses.
Del $3.450 al $3.550: el ajuste que cambió el tablero
El proyecto de decreto publicado por el Distrito modifica lo que estaba previsto en el presupuesto y lo que se debatió durante semanas en el Concejo de Bogotá. La tarifa inicialmente contemplada para 2026 era de $3.450, un incremento en línea con el cálculo de un salario mínimo que se proyectaba entre 9 % y 10 %. Sin embargo, el alza salarial decretada por el presidente Gustavo Petro cambió el escenario: lo que era una subida moderada se transformó en una revisión más agresiva.
Con la tarifa propuesta de $3.550, el aumento anual sería del 10,6 % frente a los $3.200 que pagaron los usuarios en 2025. El texto del decreto establece que la tarifa plena aplicará al componente troncal y zonal del Sistema Integrado de Transporte Público, e incluye dentro de los zonales los servicios urbanos, complementarios y especiales.
Por qué el salario mínimo golpea al sistema de transporte
La argumentación central del Distrito y de TransMilenio es directa: el sistema es altamente dependiente de la nómina y los costos de operación. La empresa sostiene que el incremento salarial impacta de manera inmediata en los contratos de operación, y sin una compensación en la tarifa se generaría una presión financiera que podría poner en riesgo el servicio.
TransMilenio calcula que, si no se aplica el ajuste a la tarifa después del alza del salario mínimo, el sistema podría enfrentar un faltante de recursos para 2026 de entre 125.614 millones y 147.775 millones de pesos. Además del factor laboral, la compañía advierte que el incremento también responde a otras variables económicas como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios del Productor (IPP) y el aumento en insumos esenciales para la operación, incluidos los energéticos.
Los expertos: un aumento necesario, pero con costos sociales
Para Darío Hidalgo, profesor de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Javeriana, el ajuste tarifario refleja una realidad estructural: el transporte masivo de Bogotá opera bajo contratos indexados parcialmente al salario mínimo y a los costos de energía, lo que convierte cualquier variación nacional en un golpe directo al sistema.
Según el investigador, el incremento es comprensible desde la lógica financiera del servicio, pero su efecto social será desigual. Hidalgo considera que los trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos podrían amortiguar el impacto gracias al aumento del subsidio de transporte, que les permitiría adquirir alrededor de 70 pasajes mensuales frente a los 62 que podían comprar el año anterior.
Sin embargo, el panorama cambia para quienes viven en informalidad, estudiantes y asalariados que superan los dos salarios mínimos: para ellos, el incremento podría traducirse en mayor gasto relativo sin un crecimiento proporcional del ingreso.
Subsidios, TransMiPass y transbordos: lo que se mantiene en 2026
El proyecto de decreto establece que los apoyos dirigidos a personas mayores, ciudadanos con discapacidad y hogares clasificados en el Sisbén se conservarán durante 2026. También seguirá vigente el paquete TransMiPass, con un costo mensual de $160.000, pensado como alternativa para quienes requieren un volumen elevado de viajes.
A esto se suma la continuidad de los transbordos gratuitos en un periodo de 125 minutos, un mecanismo que busca aliviar el costo final del usuario que necesita varias conexiones dentro del sistema.
La evasión vuelve a aparecer como amenaza
Uno de los efectos que los expertos proyectan es el incremento de la evasión, un fenómeno que históricamente ha impactado la sostenibilidad financiera de TransMilenio. Aunque este indicador había logrado reducirse al 13 % de las validaciones en el sistema troncal, el aumento tarifario podría revitalizar la práctica de ingresar sin pagar, especialmente en zonas con alta precariedad económica.
Hidalgo recuerda que renegociar contratos para reducir la dependencia salarial no es una solución sencilla. De hecho, señala que administraciones pasadas —incluidas las de Gustavo Petro y Claudia López— intentaron modificaciones contractuales sin lograr resultados estructurales, dado el peso legal y operativo de los acuerdos vigentes.
La presión ya estaba anunciada: Asocapitales y el Distrito lo advirtieron
Antes de que el decreto se publicara, ya existían alertas institucionales. Asocapitales advirtió que el incremento del salario mínimo generaría presión sobre las tarifas del transporte urbano, ya que entre el 40 % y el 55 % de los costos operativos en sistemas masivos corresponden a salarios, prestaciones y aportes vinculados directa o indirectamente al mínimo.
TransMilenio recordó, además, que el sistema emplea alrededor de 35.000 trabajadores, muchos de ellos en rangos salariales cercanos al mínimo, lo que amplifica el efecto del decreto nacional.
Lo que viene: comentarios hasta el 7 de enero y firma final
El documento permanecerá abierto a comentarios ciudadanos hasta el 7 de enero. Luego, si la decisión se mantiene, el decreto deberá ser firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán y por la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz Acosta. En ese punto, Bogotá confirmará si el pasaje de su sistema integrado inicia 2026 con una tarifa que no solo refleja el costo del transporte, sino también las consecuencias directas de la política salarial nacional.
Con información de El Tiempo
