
Desde la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, el presidente Gustavo Petro firmó el nuevo decreto que fija el salario mínimo legal mensual vigente en 2 millones de pesos para 2026, manteniendo intacta la cifra adoptada en diciembre de 2025. La decisión se produce luego de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional del acto anterior por presuntos vacíos en su sustentación técnica.
El mandatario aseguró que el Gobierno acogió las observaciones del alto tribunal y que el Decreto 0159 de 2026 incorpora los estudios exigidos por la Ley 278 de 1996. “No nos echamos para atrás”, afirmó Petro tras estampar su firma, enfatizando que el documento será remitido al Consejo de Estado en cumplimiento de sus instrucciones.
Ajustes técnicos y consenso tripartito
El nuevo texto fue elaborado por los ministerios de Trabajo y Hacienda después de alcanzar un acuerdo en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. En esa instancia participaron sindicatos y representantes del empresariado, quienes aceptaron sostener el incremento del 23 %, mientras el Ejecutivo se comprometió a revisar cargas tributarias que afectan al sector productivo.
De acuerdo con el documento, el cálculo base conforme a los parámetros legales —inflación, productividad y crecimiento económico— arroja un aumento del 13,6 %. A este porcentaje se suma un 9,4 % correspondiente al concepto de “cierre de brecha parcial salario vital”, lo que lleva al alza total del 23 %.
El Gobierno sostiene que esta fórmula responde a los criterios establecidos por la norma vigente y que equilibra los factores técnicos con la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.
La revisión del Consejo de Estado
El presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, aclaró que la suspensión provisional no cuestionó el monto del aumento ni sus efectos, sino posibles irregularidades en el procedimiento adoptado inicialmente. Según explicó, la Sala Plena no encontró elementos suficientes para calificar el incremento como desproporcionado en esta etapa preliminar.
Ahora corresponderá a los magistrados determinar si los nuevos argumentos presentados por el Ejecutivo subsanan los señalamientos previos. La decisión de fondo marcará un precedente sobre el alcance del control judicial en materia de política salarial.
Mientras tanto, el salario mínimo continuará en 2 millones de pesos más auxilio de transporte, sin modificaciones inmediatas para trabajadores y empleadores.
Reacciones del sector empresarial
Aunque persisten inquietudes en algunos gremios sobre el impacto económico del aumento, un amplio sector empresarial, encabezado por la Andi, manifestó que mantener la cifra puede evitar mayores traumatismos. Para estos actores, un cambio abrupto podría generar incertidumbre en contratos, presupuestos y proyecciones financieras.
El Gobierno ha señalado que el acuerdo logrado demuestra que es posible conciliar intereses y que la estabilidad jurídica es prioritaria en este momento.
Mensaje político y defensa del aumento
Durante su intervención, el presidente Petro advirtió que podrían presentarse nuevos recursos contra el salario mínimo y pidió a sus simpatizantes continuar defendiendo la cifra adoptada, incluso más allá de su mandato. Para el mandatario, el concepto de salario vital es un componente esencial de su política social y un instrumento para reducir desigualdades.
El desenlace judicial será determinante para establecer si la combinación de criterios técnicos y enfoque social cumple plenamente con las exigencias legales.
Petro firmó el nuevo decreto del aumento del salario mínimo: cifra se mantiene en 23,7% ➡️ https://t.co/5UQ3RO3JHb pic.twitter.com/IJLNs6PtU6
— EL HERALDO (@elheraldoco) February 20, 2026
Con información de El Tiempo


