El presidente interino de la República del Perú, José María Balcázar, deberá enfrentar un juicio oral por presunta apropiación ilícita, según dispuso el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo. La decisión judicial se produce pocos días después de que el político asumiera la jefatura del Estado, el 18 de febrero de 2026, tras ser elegido presidente del Congreso y quedar habilitado por sucesión constitucional en un escenario marcado por inestabilidad institucional.
La citación marca un momento delicado para el Ejecutivo, ya que el mandatario deberá comparecer ante la justicia mientras ejerce la Presidencia. El tribunal consideró que el expediente ya superó las fases preliminares de investigación y control de la acusación, por lo que corresponde avanzar a la etapa de juzgamiento formal.
Acusación y competencia del tribunal
De acuerdo con el expediente, Balcázar es investigado por el presunto delito de apropiación ilícita común, tipificado en el artículo 190 del Código Penal peruano, en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque. La imputación está relacionada con hechos contra el patrimonio de la entidad profesional durante su gestión como decano.
El juzgado determinó su competencia conforme a las normas procesales vigentes y estableció que la valoración de los medios probatorios deberá realizarse en audiencia pública. El objetivo será examinar documentos, testimonios y peritajes que sustenten la acusación fiscal o la defensa del imputado.
Fechas y advertencias procesales
La audiencia de inicio de juicio oral fue programada para el 16 de junio de 2026 a las 10:00 a.m. El tribunal indicó que la sesión podrá desarrollarse de manera presencial o virtual, utilizando plataformas digitales si así se dispone. Sin embargo, la resolución enfatiza que la asistencia del acusado es obligatoria.
En caso de inasistencia injustificada, el juzgado podría declararlo reo contumaz, lo que habilitaría la emisión de órdenes de captura y la continuación del proceso sin su presencia. La advertencia se fundamenta en el Código Procesal Penal y responde al principio de sujeción a la jurisdicción.
Asimismo, el documento dispone la notificación formal a todas las partes: el imputado, su defensa, el fiscal acusador, los testigos y los peritos. El propósito es garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa y la observancia del debido proceso.
Organización del expediente
La resolución judicial ordena la conformación de dos cuadernos dentro del caso. El primero, denominado cuaderno principal, concentrará las actuaciones procesales, resoluciones y documentación esencial. El segundo, el cuaderno de pruebas, reunirá los elementos admitidos para ser expuestos en la audiencia oral.
Este esquema busca facilitar el análisis de los medios de convicción por parte del Ministerio Público y de la defensa técnica. Ambas partes dispondrán de un plazo determinado para revisar la evidencia y formular observaciones antes de la instalación del juicio.
El Poder Judicial recordó que las actuaciones cuentan con plena validez jurídica mediante el uso de firmas electrónicas certificadas, mecanismo que asegura la continuidad del proceso dentro de un marco de legalidad y modernización tecnológica.
Reacción del Colegio de Abogados
El Colegio de Abogados de Lambayeque emitió un pronunciamiento público en el que manifestó su rechazo a la postulación de Balcázar a la presidencia del Congreso, cargo que posteriormente lo ubicó en la línea de sucesión presidencial. La institución expresó preocupación e indignación por las imputaciones que pesan sobre el ahora jefe de Estado.
En el comunicado se recordó que, durante su gestión como decano, Balcázar fue objeto de cuestionamientos éticos, civiles y penales, incluyendo presunta apropiación de fondos y cambios en la titularidad de cuentas bancarias. Según la entidad, estos hechos derivaron en su expulsión definitiva del gremio.
El colegio exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a actuar con imparcialidad y diligencia para evitar la prescripción de los procesos y asegurar el cumplimiento de la legalidad.
Un escenario institucional complejo
La apertura del juicio oral coincide con un momento de fragilidad política en el Perú, que ha experimentado una sucesión de presidentes en la última década. La situación plantea interrogantes sobre la estabilidad del Gobierno interino y el impacto que el proceso penal podría tener en la conducción del Estado.
Mientras se aproxima la fecha de la audiencia, el país observa con atención el desarrollo del caso. La comparecencia del mandatario ante la justicia será un episodio determinante, no solo en el ámbito jurídico, sino también en el terreno político, donde la transparencia y la rendición de cuentas adquieren especial relevancia.
Con información de Infobae