El salario mínimo regresa al escenario de discusión tras la orden del Consejo de Estado de expedir un decreto provisional que corrija las fallas técnicas del aumento fijado en diciembre pasado. El alto tribunal consideró que el incremento del 23 por ciento decretado por el Gobierno no tuvo en cuenta de manera suficiente los criterios establecidos en la legislación vigente. Mientras representantes sindicales, voceros empresariales y delegados oficiales sostienen reuniones, avanza el plazo para que, a más tardar el viernes, se publique la nueva disposición transitoria.
La decisión judicial no solo obliga a revisar la cifra adoptada, sino que recuerda con precisión los parámetros que deben orientar cualquier determinación sobre la remuneración básica. Inflación pasada y proyectada, desempeño productivo y garantía del mínimo vital son los pilares técnicos que, según la sentencia, deben sustentar el acto administrativo. A continuación, el panorama actual de cada uno de estos factores.
Inflación: variaciones recientes y expectativas al alza
Cuando comenzó la negociación a finales del año anterior, el dato disponible del índice de precios correspondía a octubre, mes en el que la variación anual se ubicaba en 5,5 por ciento. Posteriormente, el indicador descendió a 5,2 por ciento en noviembre y cerró el año en 5,1 por ciento. Es decir, la tendencia mostraba una desaceleración moderada en el costo de vida.
Sin embargo, tras la expedición del ajuste del 23 por ciento, el comportamiento cambió. En enero, la inflación anual repuntó hasta 5,35 por ciento, lo que encendió alertas sobre posibles efectos secundarios del aumento. A ello se suma la modificación de las expectativas para el presente año: antes del decreto, el pronóstico se situaba en 4,6 por ciento, pero luego de la medida se elevó a 6,3 por ciento.
Este contexto implica que cualquier nueva determinación deberá ponderar no solo el dato consolidado del año anterior, sino también las proyecciones revisadas, ya que el poder adquisitivo de los trabajadores depende directamente de la evolución de los precios.
Productividad: señales mixtas en los registros oficiales
El segundo componente clave es el rendimiento de los trabajadores. Según las cifras presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en la mesa de concertación, la productividad por empleado registraba una caída de 0,32 por ciento hasta octubre. Este retroceso, en principio, restaría margen a incrementos elevados, pues la normativa busca que el crecimiento salarial guarde relación con la capacidad real de generación de valor.
No obstante, el análisis no se agota en ese indicador. El Dane también divulga la productividad por hora trabajada, variable que mostró un aumento de 0,57 por ciento. Esta medición refleja que, aunque el número de trabajadores pudiera no haber incrementado su aporte global, el tiempo efectivo de labor sí presentó mejoras.
A ello se suma la Productividad Total de los Factores, cálculo que integra tanto el aporte del trabajo como el del capital, es decir, maquinaria, equipos y tecnología. En los tres primeros trimestres del año pasado, este indicador explicó 0,91 por ciento del crecimiento del valor agregado, el cual avanzó 2,91 por ciento. Esta combinación ofrece una visión más amplia del desempeño económico y será determinante en el análisis técnico que respalde el nuevo decreto.
Mínimo vital: referencia constitucional y línea de pobreza
El tercer criterio está vinculado con el principio de mínimo vital consagrado en la Constitución. La exigencia es que la remuneración básica permita cubrir una canasta suficiente de bienes y servicios esenciales. Para estimar ese umbral, el Gobierno utiliza la línea de pobreza calculada por el Dane.
En 2024, dicho valor se fijó en 460.198 pesos por persona. Con una variación de precios de 5,3 por ciento, para 2025 la cifra ascendería a 484.588 pesos. Si se considera que los hogares colombianos están compuestos, en promedio, por tres integrantes, el ingreso necesario para superar esa línea en 2025 sería de 1’453.764 pesos.
Bajo ese escenario, si en un hogar promedio solo trabaja una persona, el salario mínimo vigente en 2025, equivalente a 1’423.500 pesos, representaba el 98 por ciento del ingreso requerido para ubicarse por encima del umbral de pobreza. Al sumar el subsidio de transporte, la remuneración total superaba en 11,7 por ciento esa referencia para una familia de tres miembros.
Las proyecciones indican que para 2026 bastaría un incremento de entre 5 y 6 por ciento para que un hogar promedio con un único perceptor de ingresos supere la línea establecida. Este cálculo será central en la argumentación del Ejecutivo al momento de justificar el ajuste transitorio.
Una decisión con impacto amplio
La expedición del nuevo acto administrativo no solo busca cumplir una orden judicial, sino también enviar señales de estabilidad a trabajadores y empleadores. El equilibrio entre protección del ingreso, sostenibilidad empresarial y control inflacionario marcará el rumbo del debate en los próximos días.
Con el reloj en cuenta regresiva, el Gobierno deberá integrar los datos actualizados y ofrecer una justificación sólida que responda a los criterios técnicos exigidos. El resultado definirá el salario mínimo mientras el Consejo de Estado adopta una decisión definitiva sobre el incremento inicialmente decretado.
Con información de El Tiempo
