La memoria histórica de la nación resguarda los trágicos sucesos del 11 de abril de 2002 como el punto de inflexión donde la confrontación ideológica desbordó los discursos para teñir de sangre las calles de la capital. Una multitudinaria movilización civil que demandaba la dimisión del mandatario Hugo Chávez terminó en un caótico fuego cruzado que segó la vida de 19 ciudadanos y dejó centenares de lesionados en las inmediaciones de la avenida Baralt y Puente Llaguno.
En medio de aquella confusión, la sentencia contra los policías metropolitanos en Venezuela clausuró las carreras profesionales de los funcionarios: Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín, imponiéndoles una pena máxima de 30 años de presidio en un proceso judicial que, según defensores y observadores independientes, respondió más a la edificación de una narrativa oficialista que a la búsqueda genuina de la verdad científica y balística.
Sentencia contra los policías metropolitanos en Venezuela y el papel del Ministerio Público
El andamiaje acusatorio que sepultó la libertad de los uniformados de la Alcaldía Mayor contó con directores de alta confianza dentro del entramado institucional del chavismo. El entonces fiscal general de la república, Isaías Rodríguez, asumió las riendas de las investigaciones preliminares y coordinó los dictámenes de imputación que llevaron a los agentes al banquillo de los acusados.
Rodríguez, quien ya acumulaba un notable recorrido político como constituyente en 1999 y vicepresidente ejecutivo de la nación, diseñó la estrategia legal que validaba la tesis exclusiva del golpe de Estado, ignorando las denuncias de la defensa sobre la alteración de evidencias y la desaparición de los proyectiles originales. Tras abandonar la jefatura del Ministerio Público en el año 2007, el funcionario continuó disfrutando del favor gubernamental, desempeñándose como embajador en las capitales de España e Italia, antes de integrarse a la Asamblea Nacional Constituyente convocada en 2017.
En los equipos técnicos que sustentaron las denuncias contra los policías también participó activamente la abogada Haifa El Aissami, quien estructuró su ascenso profesional dentro de las fiscalías de alta relevancia política en el oriente y centro del país.
Su firmeza para sostener la acusación estatal frente a las notorias inconsistencias de los peritajes balísticos le valió una proyección internacional inmediata dentro del cuerpo diplomático del palacio de Miraflores. El Ejecutivo nacional la designó posteriormente como embajadora plenipotenciaria ante el Reino de los Países Bajos, posición desde la cual asumió la representación jurídica del Estado venezolano ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y la propia Corte Penal Internacional en La Haya, manteniendo hoy labores de defensa gubernamental en escenarios europeos.
La fase final de este ciclo de acusaciones ministeriales recayó sobre los hombros de Luisa Ortega Díaz, quien heredó la titularidad del Ministerio Público en el año 2007. Durante una década, Ortega Díaz convalidó las condenas y defendió la legalidad del proceso contra los metropolitanos en los foros internacionales, consolidándose como una de las piezas fundamentales del aparato legal bolivariano.
Sin embargo, en el año 2017 la funcionaria ejecutó una ruptura histórica con la administración de Nicolás Maduro al denunciar de forma pública la ruptura del hilo constitucional a través de las sentencias del Tribunal Supremo. Tras sufrir la destitución forzosa por parte de la constituyente, la exfiscal huyó al extranjero, desde donde aporta testimonios a las cortes internacionales sobre las violaciones de derechos humanos, confirmando tardíamente las arbitrariedades y la subordinación de la justicia que los defensores de los agentes denunciaron desde el origen de la causa.
El veredicto de Aragua y la cúspide del Tribunal Supremo de Justicia
La materialización legal de las penas máximas lleva la rúbrica inconfundible de la jueza Marjorie Calderón, quien condujo el voluminoso expediente penal desde los tribunales del Circuito Judicial del estado Aragua. Tras años de debates interrumpidos y severas restricciones al derecho de defensa de los procesados, Calderón firmó el 3 de abril de 2009 la polémica resolución que condenó a los sargentos y a los comisarios de la Policía Metropolitana a tres décadas de confinamiento penitenciario.
Lejos de enfrentar sanciones por las irregularidades procesales ventiladas por las organizaciones de derechos humanos, la jurista recibió un meteórico ascenso dentro de la pirámide judicial, obteniendo en el año 2014 la designación como magistrada principal del Tribunal Supremo de Justicia y asumiendo más tarde la presidencia de la Sala de Casación Social hasta la reforma estructural de las salas en 2022.
Paralelamente al desarrollo del juicio de Maracay, otra figura de gran influencia sectorial consolidaba su poder político en las salas del máximo tribunal del país: Maikel Moreno. Tras ejercer funciones como juez de control inferior en casos de alta sensibilidad política, Moreno escaló posiciones hasta alcanzar la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2017.
Bajo su égida, el Poder Judicial emitió los fallos definitivos que anularon las competencias legislativas de la Asamblea Nacional de mayoría opositora electa en 2015 y blindaron la legalidad de los decretos del Ejecutivo. Esta gestión le acarreó severas sanciones financieras por parte de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, además de acusaciones penales en tribunales de Florida por lavado de activos, obligándolo a mantener una presencia pública sumamente discreta tras abandonar la jefatura del TSJ en el año 2022.
El testimonio que desnudó por completo la manipulación de la causa contra los policías metropolitanos provino del propio seno de la Sala Penal del Tribunal Supremo, bajo la firma del exmagistrado Eladio Aponte Aponte. El exmarino y antiguo hombre fuerte de la justicia militar manejó con discrecionalidad las directrices de los juicios de interés político hasta su destitución en el año 2012, tras verse salpicado por un escándalo de narcotráfico vinculado al empresario Walid Makled.
Una vez en el exilio estadounidense, Aponte Aponte confesó públicamente que la directiva del palacio de Miraflores ordenaba de forma directa el sentido de los veredictos y que los magistrados redactaban las sentencias de trascendencia nacional fuera de los tribunales, validando las denuncias de los familiares de los uniformados sobre la ausencia absoluta de independencia judicial en el país.
Destinos cruzados entre los juzgados y las celdas de reclusión
El desenlace de este largo recorrido judicial expone una hiriente disparidad entre el destino de los acusadores y el sufrimiento prolongado de los acusados. Mientras los sargentos Molina, Bolívar y Rovaín consumieron décadas de su existencia tras las rejas de los penales militares, desprovistos de beneficios procesales mínimos y sufriendo el deterioro biológico de un encierro crónico, los funcionarios que impulsaron sus expedientes utilizaron el caso como una credencial de lealtad ideológica para consolidar fortunas y cuotas de poder público. El tiempo fragmentó aquel bloque monolítico de verdugos judiciales, dividiendo a sus integrantes entre el exilio dorado, la disidencia tardía, el bajo perfil mediático o la protección diplomática en el extranjero.
La desaparición física del exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, quien falleció bajo custodia del servicio de inteligencia en octubre de 2021, opera como otro recordatorio de las consecuencias letales que depara el sistema penitenciario venezolano a los disidentes. Los familiares de los policías metropolitanos continúan exigiendo medidas humanitarias para los escasos sobrevivientes de aquella promoción policial, recordando que las pruebas científicas demostraron que los agentes respondieron a los disparos de civiles armados apostados en las azoteas de los ministerios del centro de Caracas. La persistencia de estas condenas de 30 años simboliza, a juicio de los defensores de los derechos civiles, la vigencia de una justicia instrumentalizada que prefiere sostener mitos políticos antes que reparar las injusticias cometidas en los estrados judiciales.
Con información de La Patilla
