La emergencia educativa en La Guaira amenaza con dejar a miles de niños y adolescentes sin clases después de que los terremotos destruyeran planteles, dañaran viviendas y fragmentaran comunidades enteras. Docentes y voluntarios han convertido casas, canchas y campamentos en espacios provisionales de aprendizaje, mientras las instituciones intentan reconstruir sus instalaciones y acompañar a estudiantes marcados por el duelo, las lesiones y el desplazamiento.
En medio de la devastación, Yaraís Ballesteros abrió las puertas de su vivienda para crear una pequeña escuela informal llamada Rincón de Luz. Allí recibe a 23 niños y adolescentes de entre cuatro y 15 años que perdieron temporal o definitivamente sus centros de estudio.
Ballesteros, especialista en educación especial y paciente de lupus, dirige la iniciativa junto con su hermana, quien también perdió su hogar. Ambas organizaron un lugar donde los menores pueden conversar, jugar, aprender y expresar lo que sienten después de una experiencia que cambió sus vidas.
La educadora escogió el nombre Rincón de Luz porque quería ofrecer una alternativa frente al dolor que domina numerosas comunidades. Su propuesta no se limita a impartir contenidos académicos. También busca integrar las emociones, recuperar rutinas y proporcionar un entorno donde los participantes vuelvan a sentirse acompañados.
Cada alumno presenta necesidades diferentes. Uno de los niños, de nueve años, todavía no sabe leer ni escribir. Otro, de siete, perdió a su hermano. Ballesteros entiende que no puede abordar ambas situaciones de la misma manera y adapta las actividades según la edad, el nivel educativo y la experiencia de cada estudiante.
Emergencia educativa en La Guaira afecta a cientos de planteles
Los movimientos sísmicos dejaron 432 escuelas afectadas en el área metropolitana de Caracas, según datos de UNICEF citados en el texto base. La situación adquiere especial gravedad en La Guaira y, particularmente, en Catia La Mar, zona identificada como epicentro del segundo terremoto.
El Ministerio de Educación reportó daños en 116 de las 316 instituciones que funcionan en la entidad. El desglose difundido señala 14 colapsos completos, 38 casos con deterioro medio y otras 86 instalaciones con afectaciones menores. Sin embargo, estas tres categorías suman 138, una cantidad superior al total general informado, por lo que las autoridades deberán depurar las cifras para establecer la dimensión exacta de la crisis.
Los daños no terminan en las estructuras. Las comunidades educativas perdieron alumnos, docentes, trabajadores y representantes. Muchas familias también quedaron sin vivienda o abandonaron el estado para buscar refugio en otras regiones.
El Complejo Educativo Juan José Mendoza, ubicado en Caraballeda, refleja la dimensión humana de la tragedia. La directora Diana Ferrer aseguró que 217 de los 1.000 estudiantes inscritos fallecieron, junto con 11 integrantes del personal.
Ferrer explicó que gran parte del alumnado vivía en urbanismos donde se concentraron numerosas pérdidas humanas y materiales. Para la directora, cada ausencia representa la desaparición de alguien que formaba parte de una comunidad con la cual compartía diariamente.
Madeleine Cova, coordinadora de segundo año, estima que la cantidad de estudiantes desaparecidos podría alcanzar varios centenares. Su cálculo todavía necesita confirmación oficial, pero muestra la incertidumbre que enfrentan docentes y familias mientras continúan las búsquedas.
Los sobrevivientes tampoco salieron ilesos. Cova conoce casos de alumnos que sufrieron amputaciones, perdieron a sus seres queridos o abandonaron La Guaira junto con sus familias. La propia docente se trasladó a Caracas para cuidar a una sobrina de 25 años, a quien los rescatistas encontraron viva, pero herida, bajo los restos de un edificio.
El terremoto no terminó para las escuelas cuando la tierra dejó de moverse. La ausencia de compañeros, la pérdida de familiares y el miedo a ingresar en construcciones cerradas continúan afectando a estudiantes y trabajadores.
La recuperación requiere mucho más que reparar paredes. Las autoridades deberán garantizar atención psicológica, continuidad académica y condiciones seguras. También tendrán que localizar a quienes se desplazaron y determinar si pueden regresar a sus instituciones habituales.
Las iniciativas comunitarias ofrecen una respuesta inmediata. Espacios como Rincón de Luz permiten que los niños recuperen horarios, mantengan contacto con otros menores y expresen sus emociones mediante dibujos, juegos o conversaciones.
Estas experiencias no sustituyen un sistema educativo formal, pero reducen el aislamiento y ayudan a restablecer cierta normalidad. La rutina puede brindar seguridad a menores que perdieron referencias fundamentales en cuestión de minutos.
Estructuras inestables mantienen en alerta a las comunidades
El Liceo Bolivariano Cruz Felipe Iriarte, ubicado en Mare Abajo, Catia La Mar, permanece en pie pese a los graves daños. Durante nueve años recibió a más de 1.000 estudiantes y debía celebrar su primera graduación de bachillerato, pero la tragedia impidió que la promoción completara ese momento.
Ahora, el edificio representa una amenaza para las viviendas cercanas. Los residentes solicitan una demolición controlada porque temen que la estructura caiga sobre sus casas o agrave los desperfectos existentes.
Cruciger, vecina y propietaria de una pequeña bodega frente al liceo, afirma que la comunidad no sabe cómo lograr una respuesta. Las familias quieren reparar sus viviendas, pero consideran que no pueden comenzar mientras la edificación conserve su estado actual.
Las calcomanías rojas y amarillas colocadas en numerosas fachadas muestran el nivel de afectación de la calle. Algunas propiedades presentan daños severos y otras requieren una intervención urgente.
Para Cruciger, el plantel tampoco representaba únicamente una construcción. Sus nietos estudiaban allí y buena parte de los niños de la comunidad compartía sus aulas. La pérdida del espacio altera la vida de todo el sector.
Una situación similar ocurre en La Atlántida, donde el colegio Gabriela Mistral colapsó sobre una pequeña calle residencial. Tybaire Weky, propietaria y subdirectora, acudió al lugar después del sismo con la intención de abrir las puertas a quienes necesitaran refugio. Al llegar encontró destruido el proyecto que su familia construyó durante 34 años.
La madre de Weky creó inicialmente un preescolar y su padre amplió las instalaciones de forma progresiva. Cada año levantaba el aula necesaria para recibir un nuevo grado hasta que el centro llegó a quinto año.
Con el tiempo, Weky adquirió la casa que se convirtió en la sede de la institución. El colegio reunió después a todos sus estudiantes en un mismo espacio y pasó a representar buena parte de la historia laboral y familiar de sus fundadores.
Aunque el colapso destruyó décadas de esfuerzo, ninguna persona murió dentro del edificio. El único ser vivo que permanecía en el lugar era el gato de la escuela, al cual encontraron con vida entre los restos.
Ese hecho le ofrece a Weky una razón para mantener la esperanza. La educadora asegura que recuperará el proyecto, aunque todavía necesita resolver los problemas materiales y encontrar un espacio adecuado para continuar.
La demolición de las edificaciones inestables exige estudios técnicos y procedimientos controlados. El uso de maquinaria sin planificación podría dañar las viviendas contiguas, levantar materiales peligrosos o poner en riesgo a los trabajadores.
Las autoridades deben delimitar cada zona, evaluar la inclinación de los muros y definir cómo retirar los restos. Mientras ese proceso no avance, las familias permanecerán expuestas y no podrán recuperar plenamente sus hogares.
La reconstrucción también tendrá que cumplir normas de resistencia sísmica. Levantar nuevamente los centros sin mejorar su seguridad devolvería a los alumnos a una condición de vulnerabilidad.
El retraso del año escolar amenaza a miles de estudiantes
En el Colegio San José de Catia La Mar, Pedro Machado y otros profesores trabajan desde mesas instaladas en la cancha. Machado ha dedicado 46 de sus 52 años de vida a la institución y ahora enfrenta responsabilidades que superan ampliamente la enseñanza.
El equipo debe conseguir recursos para reparar las instalaciones, ordenar la documentación de quienes no regresarán y reorganizar el funcionamiento del centro. Además, tiene que procesar numerosas carpetas antes del 14 de septiembre, fecha anunciada para el inicio del año escolar.
El plantel registra 150 deserciones y 13 fallecidos, entre ellos ocho docentes. Numerosos representantes también perdieron sus viviendas o fuentes de ingresos.
La zona que albergaba 16 aulas colapsó. Ese espacio representaba cerca del 75 % de la infraestructura, por lo que la institución inició una campaña de recaudación para financiar la recuperación.
Machado considera difícil retirar los escombros y reparar el colegio en apenas mes y medio. Aunque los trabajadores desean reanudar la formación, reconocen que el proceso exigirá tiempo, dinero y asistencia especializada.
La dirección también desconoce cómo reorganizará las jornadas laborales y los salarios del personal. Si el plantel no puede abrir sus espacios, deberá buscar sedes temporales, establecer horarios alternos o recurrir parcialmente a la educación a distancia.
El Colegio Madre Emilia, en Maiquetía, enfrenta un escenario diferente. El edificio permanece en pie, pero todas sus paredes presentan daños de mampostería. Su directora, Carmen Graciela Fuentes Terán, sostiene que la institución no recibirá alumnos hasta que complete las reparaciones y garantice su seguridad.
El centro cuenta con 918 estudiantes y 67 docentes y trabajadores administrativos. Una alumna de cuarto año y una empleada fallecieron, mientras cuatro maestras perdieron sus hogares.
Aunque la mayoría de las familias no sufrió daños estructurales graves, varios representantes quedaron desempleados. Esta situación dificulta el pago de las mensualidades y pone en riesgo la estabilidad financiera de la institución.
Según su directora, el colegio no había recibido apoyo del Ministerio de Educación al momento del testimonio. La empresa que construyó el inmueble comenzó a colaborar con la demolición de las paredes afectadas.
Una vez que lleguen los materiales, las obras podrían tardar entre ocho y diez semanas. Ese plazo hace inviable el regreso el 14 de septiembre. Fuentes Terán insiste en que no permitirá el ingreso de los niños sin garantías completas.
La crisis también alcanza a la red educativa católica. Ángel Tovar, presidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), reportó al menos 99 estudiantes, 91 representantes y 13 trabajadores fallecidos dentro de su comunidad en La Guaira.
La AVEC también identificó daños críticos en 20 planteles y calculó que unos 4.214 alumnos no podrán volver a sus centros habituales. Las instituciones estudian la instalación de espacios temporales y el uso parcial de herramientas virtuales.
La educación a distancia ofrece una alternativa, pero no todas las familias cuentan con computadoras, teléfonos, conexión estable o electricidad. Las autoridades deberán evitar que esa opción amplíe las desigualdades entre quienes pueden conectarse y quienes perdieron sus equipos o viviendas.
En el campamento transitorio del estadio César Nieves, Yasmily Urimare Ramírez dirige otra escuela improvisada para unos 80 alumnos. La docente, con 28 años de experiencia, perdió su apartamento y el colegio donde trabajaba.
Ramírez también afronta una situación médica delicada porque es paciente oncológica y su doctora de cabecera murió durante la tragedia. Pese a sus propias pérdidas, mantiene activo el espacio con el apoyo de cuatro voluntarios.
Toldos, cuadernos, juguetes, colores y botellas de agua donadas forman parte de las aulas provisionales. Sin embargo, el equipo también debe recibir, clasificar y distribuir los suministros, una labor que consume tiempo y esfuerzo.
La escuela funciona porque su fundadora entendió que los niños necesitaban un lugar para reunirse después de perder sus casas y salones. Allí, estudiar también significa conversar, jugar y aprender a atravesar el duelo.
La emergencia amenaza con alejar a una generación de las aulas si la respuesta no avanza con rapidez. La recuperación deberá combinar reconstrucción segura, apoyo económico, atención emocional y alternativas académicas accesibles.
Las escuelas representan mucho más que edificios. Constituyen espacios de protección, convivencia y estabilidad para los menores. Devolverlas a las comunidades permitirá recuperar una parte esencial de la vida cotidiana, pero hacerlo sin condiciones adecuadas podría exponer nuevamente a los estudiantes.
Mientras llegan las soluciones definitivas, las pequeñas iniciativas de docentes y voluntarios sostienen la continuidad educativa. Entre carpas, canchas y salas domésticas, las comunidades de La Guaira intentan impedir que los terremotos también destruyan el futuro escolar de sus niños.
Con información de El País de España
