Las elecciones presidenciales en Venezuela podrían organizarse en menos de un año desde el punto de vista técnico, pero su realización dependerá de un acuerdo político que permita renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE), revisar el padrón de votantes y ofrecer garantías a todos los sectores. Así lo sostienen el economista Andrés Caleca y el sociólogo Vicente Díaz, exrectores del organismo comicial, quienes advierten que el país debe reconstruir buena parte de su institucionalidad electoral antes de convocar a la ciudadanía.
La dirigente opositora María Corina Machado planteó, un mes después de la captura de Nicolás Maduro, que Venezuela podría celebrar los comicios en un plazo aproximado de 10 meses. Sin embargo, en aquel momento no existía una ruta política definida ni un acuerdo entre los actores que controlaban las instituciones y las principales decisiones nacionales.
A comienzos de agosto, Dinorah Figuera, presidenta de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y representante de un sector opositor en las conversaciones con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, anunció que la reinstitucionalización del CNE podría comenzar en diciembre. La propuesta se enmarca en un plan de transición promovido por Estados Unidos que contempla tres fases.
Caleca considera que la elección debe representar el punto culminante de la negociación y no una decisión improvisada. En su opinión, las partes necesitan discutir las condiciones, acordar las reglas y crear instituciones capaces de generar confianza antes de establecer una fecha en el calendario.
El debate, por tanto, no se limita a determinar si el organismo electoral puede preparar centros, máquinas, boletas y personal en varios meses. La discusión también incluye la independencia de los rectores, la participación de los venezolanos en el exterior, la revisión del sistema automatizado, la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la reconstrucción de una estructura administrativa debilitada por años de control político.
Elecciones presidenciales en Venezuela requieren un nuevo árbitro
Caleca y Díaz coinciden en que la renovación del CNE constituye uno de los primeros pasos necesarios para recuperar la confianza en el voto. Ambos cuestionan la continuidad de Elvis Amoroso al frente del organismo y consideran que su gestión perdió credibilidad tras los comicios del 28 de julio de 2024.
La oposición democrática afirmó que Edmundo González Urrutia obtuvo cerca de 70 % de los sufragios y presentó actas para respaldar ese resultado. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral no publicó de forma desglosada los datos que permitieran verificar públicamente la votación.
Díaz sostiene que el problema no radicó únicamente en recoger las actas, sino en la falta de una respuesta institucional. Según explicó, el organismo incumplió su deber de publicar los resultados y no resolvió las dudas sobre el proceso. Esa actuación, a su juicio, impide que Amoroso pueda presentarse como un árbitro confiable para una nueva contienda.
Caleca también considera inaceptable que las próximas votaciones queden bajo la conducción de las actuales autoridades. Para el exrector, Venezuela necesita nombrar a cinco ciudadanos honestos, independientes y capaces de inspirar confianza entre los opositores, los militantes del oficialismo y quienes no se identifican con ninguna organización.
Los especialistas plantean además reformar la Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley Orgánica de Procesos Electorales. El objetivo consistiría en impedir que dirigentes con militancia partidista reciente ocupen inmediatamente una rectoría del CNE.
La Constitución exige autoridades electorales sin vínculos con organizaciones políticas. No obstante, Díaz cuestionó la práctica mediante la cual una persona renuncia a un partido y poco después presenta su candidatura para dirigir el organismo comicial o integrar otro poder público.
Para evitar esa situación, el sociólogo propuso exigir que los aspirantes a rectores demuestren una desvinculación partidista de cinco o siete años. Esta condición no eliminaría sus preferencias políticas, algo natural en cualquier ciudadano, pero reduciría los nexos orgánicos con las direcciones de los partidos.
Caleca recordó que la antigua Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política establecía una concepción más estricta sobre la independencia de las autoridades electorales. A su juicio, el país debe recuperar ese principio y seleccionar personas que no mantengan compromisos recientes con ninguna organización.
El debate también alcanza al Tribunal Supremo de Justicia. Caleca advirtió que la Sala Electoral ha intervenido durante años en asuntos que corresponden al CNE y conserva la capacidad de alterar los efectos de una votación. Por esa razón, renovar únicamente el Poder Electoral no bastaría para proteger los resultados.
La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno interino acordaron iniciar un proceso para renovar a los magistrados del máximo tribunal. El mecanismo contempla la apertura de postulaciones y la creación de un consejo que revise las credenciales de los aspirantes.
Según Caleca, lograr autoridades confiables tanto en el CNE como en el TSJ representa una tarea compleja. Incluso si las partes alcanzan ese objetivo, los nuevos rectores todavía tendrían que reorganizar las dependencias internas, recuperar capacidades técnicas y revisar la actuación de los funcionarios responsables de ejecutar las operaciones electorales en todo el territorio.
El padrón y el voto exterior concentran grandes desafíos
La organización de una elección creíble exige una auditoría profunda del Registro Electoral y del sistema nacional de identificación. Caleca sostiene que las deficiencias del padrón tienen su origen en el registro civil, por lo que revisar solamente la lista de electores no resolvería las dudas acumuladas.
El Estado tendría que comprobar la validez de los documentos utilizados para inscribir a los ciudadanos y establecer mecanismos que permitan detectar registros duplicados, datos desactualizados o personas fallecidas. Después de ese proceso, el CNE podría corregir el padrón y abrir una jornada amplia de inscripción y actualización.
El voto de los venezolanos en el exterior representa otro de los mayores retos. Millones de ciudadanos abandonaron el país durante los últimos años, pero muchos no pueden registrarse o cambiar su centro debido a requisitos administrativos, falta de consulados y restricciones previstas en las normas actuales.
Caleca propone crear un sistema automatizado que permita a los migrantes inscribirse y actualizar sus datos sin enfrentar exigencias que considera inconstitucionales. El mecanismo necesitaría una plataforma segura, normas claras, procedimientos de verificación y protección de la información personal.
Díaz añadió que Venezuela tendría que restablecer relaciones consulares con los países que albergan importantes comunidades migrantes. Sin una red diplomática activa, resultaría difícil instalar centros, formar mesas, acreditar testigos y garantizar la participación de los electores radicados fuera del territorio nacional.
Los expertos señalan que estas tareas pueden comenzar antes de fijar la fecha de los comicios. De esa manera, el país evitaría concentrar todos los preparativos en un periodo demasiado corto y avanzaría paralelamente en la negociación política y en la solución de los problemas técnicos.
La plataforma automatizada de votación también requeriría una auditoría integral. Aunque Caleca respalda el uso de máquinas, considera indispensable revisar el software, el hardware, los sistemas de captación de huellas y los mecanismos de transmisión y totalización.
Una evaluación independiente tendría que determinar quién administra cada componente, cómo se protege la información y qué controles impedirían una alteración de los datos. Los partidos, las organizaciones ciudadanas y los especialistas deberían acompañar las auditorías para otorgar legitimidad a sus resultados.
La preparación del personal representa otra dificultad. Caleca sostiene que el CNE perdió a numerosos técnicos experimentados por jubilaciones, renuncias y años de partidización. El nuevo organismo necesitaría formar especialistas, reorganizar sus funciones y revisar a los responsables regionales y municipales.
Este proceso no implica necesariamente eliminar a todos los trabajadores. Sin embargo, las autoridades tendrían que evaluar sus competencias, responsabilidades y posibles vinculaciones partidistas. La meta debería consistir en construir una administración profesional que cumpla las normas y responda ante los ciudadanos.
La negociación política definirá el calendario electoral
La capacidad técnica por sí sola no garantiza la convocatoria. Caleca sostiene que Venezuela atraviesa una situación institucional excepcional desde las presidenciales de 2024 y, especialmente, después de los acontecimientos del 3 de enero. Desde su perspectiva, el país funciona mediante un acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
El economista afirma que la administración interina controla el territorio, las finanzas y las instituciones, mientras Washington ejerce una influencia determinante sobre la transición. Por ello, ambos factores tendrían que respaldar la convocatoria y acordar sus condiciones.
Caleca también advierte que la oposición democrática que reivindicó el triunfo de 2024 no ocupa un lugar central en las conversaciones. En su criterio, esa ausencia debilita la legitimidad de cualquier decisión y reduce la capacidad de la sociedad venezolana para influir en la transición.
La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 participa en el diálogo debido al reconocimiento internacional que todavía mantiene esa institución. Estados Unidos considera que la elección parlamentaria de 2015 fue el último proceso venezolano que cumplió condiciones democráticas reconocibles, según la explicación ofrecida por Caleca.
Aunque inicialmente se contempló una negociación entre representaciones parlamentarias, el formato terminó concentrándose en conversaciones entre la Comisión Delegada y el Ejecutivo interino. Los temas incluyen las reformas legales, la protección de los activos en el exterior y la reconstrucción de las instituciones.
El exrector describe este escenario como un proceso tutelado y con características inusuales. Las anteriores transiciones políticas venezolanas tuvieron una participación decisiva de la Fuerza Armada, mientras que el contexto actual incorpora una intervención extranjera mucho más directa.
A pesar de sus reservas, Caleca respalda la negociación como una oportunidad para avanzar hacia la democracia. Sin embargo, advierte que el resultado todavía resulta incierto y que el país podría sustituir un modelo autoritario por otro si no construye contrapesos, instituciones independientes y participación ciudadana.
El plan impulsado por Washington contempla estabilización, recuperación económica, reconciliación nacional y transición política. Para que esa última fase conduzca hacia un sistema democrático, los dirigentes deberán incorporar a más sectores, transparentar los acuerdos y garantizar una competencia electoral real.
Caleca considera que la oposición también necesita fortalecerse antes de concentrar todos sus esfuerzos en una campaña. Los partidos perdieron estructuras, militantes y capacidad organizativa durante años de persecución y desgaste. Los sindicatos, gremios y movimientos ciudadanos atraviesan una situación similar.
Por ello, el reto inmediato consiste en reconstruir el tejido democrático, organizar a la sociedad y obtener representación en las mesas donde se toman las decisiones. Una elección convocada sin estas condiciones podría cumplir los requisitos técnicos, pero no necesariamente resolvería la crisis de legitimidad.
En conclusión, organizar las presidenciales en un plazo inferior a un año resulta posible si las partes comienzan a trabajar de inmediato. No obstante, el calendario dependerá de decisiones que van mucho más allá de instalar mesas y habilitar centros.
Venezuela necesita un CNE independiente, un TSJ confiable, un Registro Electoral depurado, garantías para la diáspora, auditorías técnicas y organizaciones políticas capaces de competir. También requiere un acuerdo que incorpore a la sociedad democrática y establezca reglas aceptadas por todos. Sin esos elementos, fijar una fecha representaría apenas un anuncio; con ellos, podría abrir el camino hacia la recuperación del voto como instrumento legítimo para decidir el futuro nacional.
