
Los Centros Intégrate enfrentan un riesgo real de suspender sus actividades en Colombia después del 30 de septiembre debido a la falta de recursos y de una entidad nacional que asuma formalmente su operación. La incertidumbre amenaza una estrategia que acumula 559.952 atenciones y ha acompañado a más de 200.000 migrantes, colombianos retornados y miembros de comunidades de acogida.
El convenio que cofinancia su funcionamiento vence al finalizar septiembre. Hasta ahora, el Gobierno colombiano no ha expedido un acto administrativo que defina qué institución recibirá las competencias, el presupuesto y la responsabilidad de coordinar la red.
La estrategia opera mediante 20 centros fijos, nueve Tríadas de Atención Integral y una unidad móvil. Su cobertura alcanza 25 municipios de 18 departamentos, incluidos territorios con una alta concentración de población venezolana, como Cúcuta, Maicao, Arauca, Riohacha y Bogotá.
ALGUNAS ALCALDÍAS PODRÍAN MANTENER SUS SEDES
El posible cierre no representa todavía una decisión nacional consumada. Algunas alcaldías podrían mantener sus sedes con recursos propios, como ocurriría en Medellín, según dijo a EL VENEZOLANO COLOMBIA un vocero de esa entidad que prefirió, por el momento, el anonimato.
Sin embargo, los municipios con menor capacidad financiera tendrían mayores dificultades para sostener los equipos, instalaciones y servicios.
En Cúcuta, integrantes de equipos voluntarios y de cooperación internacional ya recibieron información sobre el posible cierre de la operación el 25 de septiembre, según publicó El Espectador. La situación contrasta con Medellín, donde la administración municipal asignó presupuesto para conservar el servicio.
La diferencia muestra que la continuidad dependerá, al menos temporalmente, de la capacidad y la voluntad de cada gobierno local. Este escenario puede generar una red fragmentada: algunas ciudades mantendrían la atención, mientras otras perderían uno de sus principales puntos de orientación migratoria.
Los municipios fronterizos afrontan el panorama más complejo. Maicao concentra a más de 68.000 migrantes, pero cuenta con recursos limitados y atiende otras necesidades sociales acumuladas. Arauca y Norte de Santander también enfrentan violencia, desplazamiento interno y emergencias humanitarias que compiten por el mismo presupuesto público.
La red brinda orientación sobre regularización, protección internacional, acceso a la justicia, salud, empleo y emprendimiento. Sus trabajadores también ofrecen acompañamiento psicosocial y remiten casos hacia las instituciones competentes.
Los cambios institucionales dejaron a la estrategia sin un responsable claro
Los antecedentes de los Centros Intégrate se remontan a 2019, cuando Barranquilla abrió un espacio de integración local con apoyo del Gobierno y de la cooperación internacional. La experiencia se extendió hacia otros territorios hasta convertirse en una red nacional.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional aportó recursos operativos y logísticos durante una parte de ese proceso. Los recortes aplicados a USAID en 2025 afectaron numerosos programas internacionales, incluidos los relacionados con migración en Colombia.
Con información de el El Espectador




