Los Centros Intégrate enfrentan un riesgo real de suspender sus actividades en Colombia después del 30 de septiembre debido a la falta de recursos y de una entidad nacional que asuma formalmente su operación. La incertidumbre amenaza una estrategia que acumula 559.952 atenciones y ha acompañado a más de 200.000 migrantes, colombianos retornados y miembros de comunidades de acogida.
El convenio que cofinancia su funcionamiento vence al finalizar septiembre. Hasta ahora, el Gobierno colombiano no ha expedido un acto administrativo que defina qué institución recibirá las competencias, el presupuesto y la responsabilidad de coordinar la red.
La estrategia opera mediante 20 centros fijos, nueve Tríadas de Atención Integral y una unidad móvil. Su cobertura alcanza 25 municipios de 18 departamentos, incluidos territorios con una alta concentración de población venezolana, como Cúcuta, Maicao, Arauca, Riohacha y Bogotá.
El posible cierre no representa todavía una decisión nacional consumada. Algunas alcaldías pueden mantener sus sedes con recursos propios, como ocurriría en Medellín. Sin embargo, los municipios con menor capacidad financiera tendrían mayores dificultades para sostener los equipos, instalaciones y servicios.
Centros Intégrate enfrentan una fecha límite para continuar
El 30 de septiembre termina el convenio que mantiene activa la operación nacional. Si las autoridades no encuentran una solución antes de esa fecha, la estrategia podría interrumpir sus actividades, cerrar sedes y desvincular a más de 200 trabajadores.
En Cúcuta, integrantes de equipos voluntarios y de cooperación internacional ya recibieron información sobre el posible cierre de la operación el 25 de septiembre, según publicó El Espectador. La situación contrasta con Medellín, donde la administración municipal asignó presupuesto para conservar el servicio.
La diferencia muestra que la continuidad dependerá, al menos temporalmente, de la capacidad y la voluntad de cada gobierno local. Este escenario puede generar una red fragmentada: algunas ciudades mantendrían la atención, mientras otras perderían uno de sus principales puntos de orientación migratoria.
Los municipios fronterizos afrontan el panorama más complejo. Maicao concentra a más de 68.000 migrantes, pero cuenta con recursos limitados y atiende otras necesidades sociales acumuladas. Arauca y Norte de Santander también enfrentan violencia, desplazamiento interno y emergencias humanitarias que compiten por el mismo presupuesto público.
La red brinda orientación sobre regularización, protección internacional, acceso a la justicia, salud, empleo y emprendimiento. Sus trabajadores también ofrecen acompañamiento psicosocial y remiten casos hacia las instituciones competentes.
Los centros no reemplazan hospitales, juzgados, colegios ni oficinas migratorias. Su función consiste en acercar esa oferta institucional a ciudadanos que desconocen el sistema, enfrentan barreras documentales o no saben a qué entidad acudir.
Esta intermediación tiene especial importancia para las personas en situación irregular. El temor a una sanción o deportación puede alejarlas de las instituciones y dificultar el acceso a servicios básicos. Los equipos proporcionan información para que cada usuario conozca sus alternativas y pueda gestionar su caso.
Con corte al 15 de agosto de 2026, la estrategia reportó 559.952 atenciones y más de 200.000 personas beneficiadas. La diferencia entre ambas cifras responde a que un mismo ciudadano puede necesitar orientación en varias áreas durante su proceso de integración.
El coordinador nacional de la estrategia, Marcos Muleth, sostiene que regularizar no equivale a integrar. Obtener un documento resuelve una parte del proceso, pero la inclusión también requiere empleo, educación, salud, servicios financieros y participación en la vida comunitaria.
Los cambios institucionales dejaron a la estrategia sin un responsable claro
Los antecedentes de los Centros Intégrate se remontan a 2019, cuando Barranquilla abrió un espacio de integración local con apoyo del Gobierno y de la cooperación internacional. La experiencia se extendió hacia otros territorios hasta convertirse en una red nacional.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional aportó recursos operativos y logísticos durante una parte de ese proceso. Los recortes aplicados a USAID en 2025 afectaron numerosos programas internacionales, incluidos los relacionados con migración en Colombia.
Tras esa reducción, el Ministerio de Igualdad asumió el manejo de la estrategia. Sin embargo, la desaparición de esa cartera por problemas en su creación abrió una nueva incertidumbre sobre el futuro de sus programas.
Las funciones del ministerio deben distribuirse entre otras entidades, principalmente el Ministerio del Interior y el Departamento para la Prosperidad Social. No obstante, todavía falta una decisión normativa específica que identifique al responsable de los Centros Intégrate.
Sin esa definición, ninguna institución puede asumir de manera estable el presupuesto, los contratos, la coordinación territorial y la continuidad laboral de los equipos. El problema no depende únicamente de encontrar dinero, sino de establecer quién administrará la política.
La red reúne el trabajo de 80 entidades, 16 organizaciones nacionales y 25 alcaldías, según una carta de Muleth citada por El Espectador. Esa estructura permitió concentrar distintos servicios dentro de una ruta común.
Si la operación se interrumpe, Colombia no solo perdería puntos físicos de atención. También podría dispersar el conocimiento acumulado por funcionarios y profesionales que aprendieron a coordinar respuestas ante situaciones migratorias complejas.
La estrategia forma parte de la aplicación territorial de la Política Integral Migratoria, establecida mediante la Ley 2136 de 2021 y el documento CONPES 4100. Sus promotores argumentan que no pertenece a un gobierno determinado, sino que constituye una capacidad del Estado.
Ese planteamiento busca evitar que la red dependa de los cambios políticos. La movilidad venezolana, el retorno de colombianos y la llegada de personas de otras nacionalidades continuarán aunque cambien los ministros o las prioridades del Ejecutivo.
El nuevo enfoque gubernamental agrega otra presión. El presidente Abelardo de la Espriella anunció controles contra extranjeros en situación irregular y planteó deportaciones. Hasta el momento, su administración no ha presentado una propuesta equivalente para fortalecer la integración.
Los operativos y la regularización cumplen funciones diferentes. El Estado puede ejercer control migratorio, pero también necesita mecanismos que permitan a la población acceder a la legalidad, encontrar empleo formal y reducir su dependencia de redes informales.
La integración migratoria también representa una oportunidad económica
Colombia alberga a más de 2,8 millones de migrantes venezolanos. Cerca de 853.000 permanecerían en situación irregular, según cifras de Migración Colombia citadas por Muleth.
La irregularidad no siempre responde a una decisión de evitar los registros. Algunas personas no pudieron acceder a los mecanismos disponibles, llegaron después del cierre de determinadas etapas o encontraron obstáculos para completar sus solicitudes.
Los Centros Intégrate ayudan a identificar esas barreras y explicar las opciones vigentes. También acompañan a empleadores, instituciones educativas y entidades de salud que necesitan comprender la documentación de la población migrante.
Más allá de la atención humanitaria, la integración puede producir beneficios económicos. Un estudio elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones, la Fundación Ideas para la Paz, CAVEX y la Fundación Konrad Adenauer calculó que la población venezolana generó aproximadamente 529 millones de dólares en ingresos fiscales para Colombia durante 2022.
Ese monto representó cerca del 1,9 % de la recaudación nacional, según el análisis. La contribución podría aumentar si más migrantes acceden al empleo formal, abren empresas, cotizan a la seguridad social y participan plenamente en la economía.
El informe también señala que el 62 % de la población venezolana se encuentra en edad productiva. Este dato muestra un potencial laboral que Colombia puede aprovechar si reduce las barreras de contratación, convalida capacidades y facilita la regularización.
La falta de integración, en cambio, impulsa la informalidad. Una persona sin orientación o documentación enfrenta mayor exposición a salarios bajos, explotación laboral y exclusión financiera. Esa precariedad reduce su aporte tributario y aumenta los riesgos sociales.
Mantener los centros no implica crear desde cero una nueva burocracia. La red ya cuenta con sedes, experiencia territorial, equipos capacitados y coordinación entre organismos. La discusión se concentra en preservar esa capacidad y definir una fuente estable de financiamiento.
El tiempo para hacerlo se reduce. Las autoridades nacionales, las gobernaciones, las alcaldías y la cooperación internacional tienen menos de un mes para acordar una transición que evite la suspensión.
Una solución exclusivamente municipal profundizaría las diferencias entre territorios ricos y pobres. Las ciudades con mayor presupuesto podrían sostener el servicio, mientras los municipios fronterizos, que reciben una presión migratoria superior, quedarían con menos herramientas.
Por ello, la continuidad requiere liderazgo nacional. Una entidad debe coordinar el modelo, establecer estándares, distribuir recursos y mantener la articulación con los gobiernos locales.
El futuro de los Centros Intégrate también mostrará cómo entiende Colombia la migración: como una emergencia temporal, un asunto exclusivo de seguridad o una realidad permanente que necesita políticas de inclusión.
La red todavía puede continuar después del 30 de septiembre si el Gobierno define las competencias y garantiza los recursos. Sin esa decisión, el país arriesga más de cinco años de experiencia y deja a miles de personas sin una puerta clara para encontrar al Estado.
Con información de el El Espectador
