El Gobierno venezolano y la empresa estadounidense Miyamoto International firmaron este viernes un acuerdo para comenzar la remoción de escombros en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos del pasado 24 de junio. La primera etapa contempla el retiro de tres millones de toneladas métricas de materiales, además de asistencia técnica, intercambio de conocimientos y fortalecimiento de las normas de construcción.
El ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, y el ingeniero estructural Kit Miyamoto, fundador y director ejecutivo de la compañía especializada en ingeniería sísmica y gestión de riesgos, suscribieron el convenio en Caracas.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, acompañaron la firma. Su presencia otorgó al acto un carácter político y diplomático, debido a la participación directa de una empresa estadounidense en la recuperación de una región venezolana golpeada por una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente.
El acuerdo amplía el trabajo que Miyamoto International desarrollaba en el país desde las semanas posteriores al doble sismo. La compañía había comenzado a observar las condiciones de las zonas afectadas, compartir evaluaciones de ingeniería y ofrecer recursos técnicos para la respuesta.
La nueva fase se concentrará inicialmente en la retirada de los restos que dejaron los derrumbes. Sin embargo, el convenio también busca mejorar la capacidad del país para reconstruir con mayores niveles de seguridad y enfrentar futuros eventos naturales.
Remoción de escombros en La Guaira comenzará con tres millones de toneladas
La primera intervención tendrá como meta retirar tres millones de toneladas métricas de concreto, acero, bloques y otros materiales procedentes de las edificaciones destruidas. Esta tarea constituye un paso indispensable para despejar las áreas afectadas y permitir que los especialistas evalúen los terrenos antes de levantar nuevas estructuras.
La acumulación de restos limita el acceso de vehículos, dificulta el tránsito de maquinaria y retrasa la rehabilitación de los servicios. También puede representar un peligro para las comunidades cuando persisten paredes inestables, fragmentos suspendidos o piezas que podrían caer.
La remoción requiere una planificación técnica que permita clasificar los materiales y trasladarlos hacia lugares adecuados. Los equipos deberán identificar posibles sustancias peligrosas, separar elementos reciclables y reducir el impacto ambiental de las operaciones.
Las autoridades también tendrán que coordinar los trabajos con las comunidades. Muchas familias conservan pertenencias entre los restos de sus viviendas o esperan recuperar documentos y objetos personales. Por esa razón, cada intervención necesita combinar rapidez, seguridad y comunicación con los afectados.
Kit Miyamoto afirmó que la empresa trabajará junto con compañías privadas venezolanas y los habitantes de las zonas dañadas. El ingeniero explicó que el proyecto pretende sumar capacidades locales en lugar de concentrar todas las operaciones en personal extranjero.
“Estamos combinando las capacidades con el sector privado” venezolano, declaró a Venezolana de Televisión. “Es parte de nuestra meta: trabajar conjuntamente con la población venezolana”, agregó.
La participación de contratistas nacionales puede ampliar el alcance del programa y generar empleos durante la recuperación. Las empresas locales conocen las condiciones geográficas, las rutas de acceso y las necesidades de cada comunidad, mientras Miyamoto aportará experiencia en ingeniería sísmica y gestión postsísmica.
La Guaira concentra gran parte de los daños debido al derrumbe de numerosas edificaciones. Su geografía añade dificultades a la operación: varias comunidades se ubican entre el mar y las montañas, en espacios con vías limitadas y una alta densidad urbana.
El retiro de tres millones de toneladas representará solo una primera etapa. Después, los especialistas deberán revisar la estabilidad del suelo, determinar cuáles estructuras pueden repararse y decidir dónde conviene reconstruir. El despeje de los sectores no implica que las familias puedan regresar inmediatamente.
La asistencia técnica busca elevar la seguridad de las construcciones
El convenio no se limita al traslado de materiales. El Ministerio de Comunicación informó que las partes intercambiarán conocimientos técnicos, fortalecerán los estándares de construcción y aplicarán protocolos avanzados para prevenir desastres y proteger a la población.
Este componente puede influir en la calidad de la reconstrucción. Después de un terremoto, las autoridades deben evitar que la presión por levantar viviendas con rapidez reduzca los controles de seguridad. Cada proyecto necesita estudios de suelo, diseños adecuados y supervisión profesional.
La ingeniería sísmica analiza cómo responden las edificaciones ante los movimientos del terreno. También permite identificar vulnerabilidades, calcular cargas y escoger materiales capaces de reducir el riesgo de colapso.
Miyamoto International posee experiencia internacional en infraestructura, evaluación de daños y recuperación después de desastres naturales. El ministro Ramírez destacó esta trayectoria durante la firma y señaló que la empresa puede aportar conocimientos relevantes para el proceso venezolano.
El funcionario también resaltó la coordinación entre Caracas y Washington. A su juicio, esa cooperación permitirá reunir los recursos y capacidades que necesita la “reconstrucción total” del estado costero.
La magnitud de los daños exige una respuesta que combine distintas áreas. Los ingenieros deberán revisar edificios, puentes, carreteras y redes de servicios. Los urbanistas tendrán que evaluar el uso del suelo, mientras las autoridades locales deberán organizar la reubicación de las familias.
Las comunidades también necesitan información sobre los resultados de cada inspección. Una reconstrucción transparente debería explicar por qué una estructura puede repararse, por qué otra requiere demolición y cuáles normas deberán cumplir las nuevas obras.
El intercambio de conocimientos puede dejar capacidades permanentes en el país. Si ingenieros, técnicos y empresas venezolanas participan directamente en el proceso, podrán aplicar lo aprendido en futuras construcciones y evaluaciones.
Los protocolos de prevención también deben alcanzar a la población. Las comunidades necesitan conocer rutas de evacuación, puntos de encuentro y acciones recomendadas durante un sismo. Las escuelas, hospitales, empresas y edificios residenciales deberían actualizar sus planes de emergencia.
El acuerdo abre, por tanto, una oportunidad para revisar las normas que regulan la edificación en zonas sísmicas. El país no solo debe recuperar lo perdido, sino corregir fallas y reducir la vulnerabilidad antes de una nueva emergencia.
Más de 25.000 viviendas presentan afectaciones moderadas o graves
El último balance oficial, divulgado el 24 de agosto, refleja la dimensión del desafío. Las autoridades contabilizaron 6.509 fallecidos dos meses después de los movimientos telúricos.
El reporte también registró 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y otras 11.001 con daños graves. En conjunto, ambas categorías suman 25.240 inmuebles perjudicados, aunque las necesidades de cada familia varían según el nivel de deterioro.
Las viviendas con daños moderados pueden requerir reparaciones en paredes, techos, instalaciones y áreas comunes. Los casos graves, en cambio, podrían necesitar intervenciones estructurales profundas o una demolición completa.
Esta diferencia determinará el ritmo de retorno. Algunas familias podrán regresar después de trabajos puntuales, mientras otras necesitarán alojamiento temporal hasta que las autoridades construyan o asignen una nueva residencia.
Miyamoto ya mantenía presencia técnica en Venezuela antes de la firma del convenio. Tras los terremotos, la empresa informó en su página web que monitoreaba las condiciones y compartía actualizaciones de ingeniería, observaciones de campo y recursos de respuesta a medida que obtenía nueva información.
El contrato transforma esa participación inicial en una intervención formal. De acuerdo con EFE, el proyecto comenzará con la retirada de escombros y acompañará al Gobierno mientras avanza hacia la reconstrucción.
El éxito de la primera etapa dependerá de la coordinación entre las instituciones, la empresa, los contratistas y los habitantes. También requerirá divulgar metas, plazos y resultados que permitan conocer cuánto material retiran y qué sectores atienden.
La seguridad de los trabajadores constituirá otra prioridad. Los restos de estructuras dañadas pueden moverse inesperadamente, ocultar espacios vacíos o contener elementos cortantes. Los equipos necesitarán maquinaria apropiada, protección personal y supervisión especializada.
La gestión final de los residuos también deberá recibir atención. El volumen anunciado exige identificar áreas de disposición, controlar el transporte y evitar que los desechos terminen en cauces, costas o espacios cercanos a comunidades.
Después de retirar los materiales comenzará el desafío más prolongado: reconstruir viviendas, recuperar servicios y restablecer la actividad económica de La Guaira. El proceso necesitará recursos públicos, inversión privada y seguimiento técnico.
El acuerdo con Miyamoto International representa un avance hacia esa fase, pero no resuelve por sí solo todas las necesidades. La recuperación deberá mantener en el centro a las familias afectadas y explicar con claridad cómo se tomarán las decisiones.
Venezuela inicia así una nueva etapa en la respuesta al desastre. El retiro de tres millones de toneladas permitirá despejar parte de las áreas destruidas, mientras la asistencia especializada buscará evitar que la reconstrucción reproduzca las vulnerabilidades que agravaron las consecuencias de los sismos.
Con información de El Nacional
