La Organización de las Naciones Unidas pidió a Estados Unidos detener la expulsión de migrantes hacia países donde puedan sufrir daños irreparables y garantizar que cada persona tenga acceso a un procedimiento legal justo antes de su deportación. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, formuló la solicitud este lunes 7 de septiembre durante la apertura de la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
Türk expresó especial preocupación por el traslado de personas hacia terceros países que no ofrecen garantías suficientes de seguridad, entre ellos Haití. El funcionario reclamó que las autoridades estadounidenses examinen los riesgos individuales y permitan a los afectados impugnar la medida antes de ejecutar su salida.
El alto comisionado también informó que cuatro personas murieron bajo custodia migratoria estadounidense desde su anterior presentación, realizada a finales de junio. Estos casos elevaron a 23 el número de fallecimientos registrados durante 2026, de acuerdo con el balance que presentó ante el Consejo.
La advertencia de la ONU surge mientras el Gobierno de Donald Trump amplía los acuerdos con países africanos para recibir ciudadanos de otras nacionalidades. Liberia, por ejemplo, aceptó albergar hasta 1.200 deportados durante un periodo de 12 meses y recibió el primer grupo de 20 personas el pasado 20 de agosto.
Expulsión de migrantes preocupa a la ONU por posibles daños irreparables
Volker Türk sostuvo que Estados Unidos debe suspender cualquier traslado hacia territorios donde una persona pueda enfrentar tortura, persecución, violencia, detención arbitraria u otras amenazas graves. Su petición se apoya en el principio internacional de no devolución, que prohíbe enviar a alguien a un lugar donde existan motivos fundados para creer que sufrirá daños severos.
Este principio no impide que los Estados administren sus fronteras ni ejecuten decisiones migratorias. Sin embargo, exige que las autoridades evalúen cada caso antes de ordenar una salida y que permitan a la persona presentar sus argumentos, pruebas y solicitudes de protección.
La preocupación aumenta cuando Estados Unidos envía a los migrantes hacia países distintos de sus lugares de origen. Las personas afectadas pueden desconocer el idioma, carecer de redes familiares y no contar con recursos para acceder a abogados, servicios médicos o mecanismos de asilo.
Türk pidió a Washington garantizar un proceso legal justo en las expulsiones hacia terceros territorios. La ONU considera indispensable que los afectados conozcan el destino previsto, dispongan de tiempo para buscar asistencia jurídica y puedan advertir sobre los riesgos que enfrentarían allí.
El traslado inmediato dificulta el acceso a esos recursos. Cuando las autoridades ejecutan una deportación antes de que un tribunal revise el caso, una eventual decisión favorable puede llegar demasiado tarde para evitar el daño.
Haití figura entre los destinos que generan mayor inquietud. La violencia de los grupos armados, la debilidad de las instituciones y el deterioro de los servicios básicos han creado condiciones de inseguridad que afectan especialmente a las personas deportadas sin apoyo familiar o económico.
El alto comisionado no limitó sus cuestionamientos a los traslados. También reclamó responsabilidades por las muertes ocurridas dentro del sistema de detención migratoria estadounidense. Según expuso, cuatro nuevos fallecimientos elevaron el total anual a 23.
Türk pidió investigar las circunstancias de cada caso y determinar si las autoridades cumplieron sus obligaciones de cuidado. Los centros de detención deben garantizar atención médica, alimentación, condiciones sanitarias y protección frente a agresiones, sin importar la situación administrativa de quienes permanecen bajo custodia.
Deportaciones hacia África amplían el alcance de la política estadounidense
Estados Unidos envió el 20 de agosto a Liberia un primer grupo de 20 personas de diferentes nacionalidades. El vuelo salió de Luisiana y aterrizó en el aeropuerto internacional Roberts, cerca de Monrovia, bajo el acuerdo firmado con el país de África occidental.
El Departamento de Estado no reveló públicamente las nacionalidades de todos los pasajeros. Sin embargo, el ministro de Información liberiano, Jerolinmek Piah, explicó a Reuters que la mayoría procedía de América Latina y mencionó ciudadanos de Venezuela, Cuba y Colombia.
Liberia se comprometió a recibir hasta 1.200 personas durante los 12 meses siguientes. El Gobierno liberiano aseguró que trataría a los recién llegados como huéspedes y les permitiría solicitar asilo o trasladarse posteriormente a otro país.
La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados proporcionarían apoyo a los deportados, según la información comunicada por las autoridades de Monrovia. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan la falta de transparencia sobre las condiciones de recepción y el futuro de los afectados.
Algunas personas trasladadas a terceros países cuentan con protección contra el retorno a sus naciones de origen porque jueces migratorios determinaron que allí podrían sufrir torturas u otros abusos. En estos casos, Estados Unidos busca otro territorio dispuesto a recibirlas.
Esta fórmula evita el retorno directo al país considerado peligroso, pero no elimina automáticamente los riesgos. Las autoridades deben comprobar que el tercer Estado ofrece condiciones seguras, acceso efectivo al asilo y protección contra una deportación posterior hacia el lugar del cual huyó la persona.
La administración Trump también alcanzó entendimientos migratorios con otros gobiernos africanos. Entre los países mencionados aparecen Ghana, Camerún, Sierra Leona, Guinea Ecuatorial, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo.
Los acuerdos forman parte de una estrategia para acelerar las deportaciones cuando las naciones de origen rechazan el retorno de sus ciudadanos o cuando existen decisiones judiciales que impiden enviarlos directamente. La política ha generado litigios, cuestionamientos sobre su legalidad y advertencias relacionadas con el trato que recibirán los migrantes.
No constituye el primer caso que afecta a ciudadanos venezolanos. En marzo de 2025, Estados Unidos trasladó a 238 venezolanos a El Salvador bajo la acusación de que mantenían vínculos con el Tren de Aragua. Las autoridades salvadoreñas los recluyeron en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot.
Familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos cuestionaron la falta de pruebas individualizadas contra varios detenidos. Después de salir de la prisión, algunos venezolanos denunciaron golpizas, humillaciones y otras formas de maltrato. Estas acusaciones incrementaron las dudas sobre las garantías que Washington debe exigir antes de enviar personas a otro país.
Muertes bajo custodia y guantes eléctricos elevan las alertas
Además de las deportaciones, Türk cuestionó los planes para proporcionar a los agentes migratorios estadounidenses guantes capaces de administrar descargas eléctricas. El alto comisionado consideró que estos dispositivos podrían incrementar la violencia durante los operativos.
El uso de herramientas eléctricas plantea riesgos médicos, especialmente cuando los agentes las aplican contra personas con afecciones cardíacas, mujeres embarazadas, adultos mayores o detenidos que atraviesan una crisis emocional. Una descarga también puede provocar caídas, lesiones y reacciones físicas difíciles de controlar.
La incorporación de esos equipos requeriría protocolos estrictos, capacitación, supervisión independiente y mecanismos eficaces de rendición de cuentas. Sin estas condiciones, los dispositivos podrían facilitar respuestas desproporcionadas frente a personas desarmadas.
La advertencia adquiere mayor importancia por el incremento de las muertes bajo custodia. La combinación de detenciones prolongadas, problemas de salud, barreras lingüísticas y dificultades para acceder a abogados expone a los migrantes a una situación de especial vulnerabilidad.
Türk reclamó que Estados Unidos establezca las responsabilidades legales por los 23 fallecimientos contabilizados durante 2026. Esto implica investigar no solo la causa médica inmediata, sino también las decisiones previas, la atención recibida y el tiempo que tardaron los funcionarios en responder.
La ONU insiste en que la condición migratoria no reduce los derechos fundamentales. Las personas detenidas conservan el derecho a la vida, la integridad física, la atención sanitaria y un trato digno. El Estado asume una responsabilidad directa cuando restringe su libertad y controla las condiciones en las que permanecen.
El planteamiento del alto comisionado coloca nuevamente la política migratoria estadounidense bajo observación internacional. El Gobierno de Trump defiende las deportaciones como una herramienta necesaria para ejecutar las leyes y acelerar la salida de quienes no tienen autorización para permanecer en el país.
Los organismos humanitarios responden que el control fronterizo debe respetar límites legales. El Estado puede tramitar deportaciones, pero necesita analizar el peligro que enfrenta cada individuo y ofrecer vías reales para solicitar protección.
Las expulsiones hacia terceros territorios añaden otra dificultad: trasladan la responsabilidad de recepción a países que no siempre poseen recursos suficientes para garantizar vivienda, empleo, atención médica y asesoría jurídica. Los deportados también pueden permanecer en un limbo si el nuevo destino no les concede una condición migratoria estable.
La solicitud de Türk no exige suspender todos los procedimientos migratorios. El funcionario pide detener aquellos traslados que puedan causar daños irreparables y garantizar que las decisiones respeten el debido proceso.
El debate se concentra, por tanto, en el equilibrio entre la potestad de Estados Unidos para aplicar su legislación y la obligación de proteger a quienes enfrentan persecución, tortura o violencia. Para la ONU, una deportación no puede ejecutarse únicamente como un trámite administrativo cuando la vida o la seguridad de una persona dependen del destino elegido.
Con información de EFE
