La jueza federal Analisa Torres asumió este miércoles 28 de octubre el proceso penal contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, después del fallecimiento del magistrado Alvin K. Hellerstein, quien murió a los 92 años mientras continuaba al frente de uno de los expedientes judiciales de mayor repercusión política para Venezuela. La decisión del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York representa un cambio en la dirección del procedimiento, que incluye acusaciones relacionadas con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, delitos vinculados con armas de guerra y presuntas violaciones de derechos humanos.
La reasignación ocurrió mediante el mecanismo de distribución de expedientes que aplica la jurisdicción federal estadounidense cuando un magistrado deja de ejercer sus funciones por fallecimiento o retiro. Torres recibe una causa que comenzó formalmente en marzo de 2020 y que adquirió una nueva dimensión después de la captura de Maduro y Flores durante una operación militar estadounidense en Caracas, el 3 de enero de 2026. Aunque el cambio no modifica automáticamente las actuaciones anteriores, coloca bajo la responsabilidad de la nueva jueza decisiones que podrían determinar si el proceso continúa hasta el juicio programado para el 14 de junio de 2027.
¿Quién es Analisa Torres, la jueza del caso Maduro, y cuál ha sido su trayectoria en los tribunales de Nueva York?
Analisa Nadine Torres nació en Nueva York en 1959, dentro de una familia vinculada durante varias generaciones al ejercicio del derecho y al servicio público. Su carrera profesional combina experiencia en la práctica privada, la administración municipal y distintas instancias judiciales, una trayectoria que le ha permitido intervenir en controversias civiles, penales y asuntos relacionados con la actividad de las instituciones públicas.
La magistrada cursó estudios universitarios en Harvard College, donde obtuvo su licenciatura en 1981 con la distinción académica magna cum laude. Posteriormente ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, institución en la que consiguió el título de Juris Doctor en 1984, requisito académico fundamental para el ejercicio de la abogacía en Estados Unidos.
Su primera etapa profesional transcurrió en importantes despachos jurídicos de Nueva York. Entre 1984 y 1992 trabajó en firmas especializadas en diferentes áreas del derecho, donde desarrolló principalmente actividades relacionadas con operaciones inmobiliarias, contratos comerciales y transacciones financieras.
Durante ese período participó en asuntos vinculados con la adquisición, venta, arrendamiento y financiamiento de propiedades comerciales y residenciales. Esta experiencia le permitió familiarizarse con controversias contractuales y procedimientos complejos antes de iniciar una carrera dentro de las instituciones judiciales.
En 1992 ejerció brevemente como asesora jurídica de la South Bronx Overall Economic Development Corporation, una organización dedicada a impulsar el desarrollo económico de esa zona neoyorquina. Su trabajo estuvo relacionado con cuestiones inmobiliarias y proyectos de revitalización comercial, en un momento en el que diferentes sectores del Bronx atravesaban procesos de transformación urbana.
Ese mismo año comenzó a trabajar como asistente jurídica del juez Elliott Wilk, integrante de la Corte Suprema del estado de Nueva York. Permaneció vinculada a ese despacho hasta 1999, período durante el cual adquirió conocimientos sobre el funcionamiento interno de los tribunales, la elaboración de decisiones judiciales y la aplicación de las normas procesales.
Paralelamente, entre 1993 y 1995, integró la Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York, organismo encargado de evaluar propuestas relacionadas con el uso del suelo, el desarrollo urbano y otras decisiones que afectan la organización territorial de la ciudad.
Su incorporación directa a la magistratura ocurrió en 2000, cuando comenzó a ejercer como jueza del Tribunal Penal de Nueva York, institución en la que permaneció hasta 2002. Posteriormente pasó al Tribunal Civil, donde desempeñó funciones entre 2003 y 2004.
La siguiente etapa de su carrera la llevó al Tribunal Supremo del estado de Nueva York, cuya denominación puede resultar confusa para quienes no están familiarizados con el sistema judicial estadounidense. A diferencia de lo que ocurre en otros países, esta instancia no constituye el máximo tribunal estatal, sino que funciona principalmente como un tribunal de primera instancia con competencia general sobre asuntos de especial relevancia.
Torres ejerció inicialmente como jueza interina de esa jurisdicción y posteriormente ocupó un cargo judicial mediante elección popular. Durante cerca de una década conoció procesos penales y controversias que exigían la interpretación de disposiciones legales estatales.
Su experiencia despertó el interés de las autoridades federales cuando se abrió una vacante en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción que concentra numerosos procedimientos de repercusión nacional e internacional.
El entonces presidente Barack Obama presentó su primera nominación el 14 de noviembre de 2012. Sin embargo, debido al cierre del período legislativo, la candidatura debió presentarse nuevamente el 4 de enero de 2013.
El Senado estadounidense confirmó su nombramiento el 18 de abril de ese año, mientras que la comisión judicial correspondiente se emitió cinco días después. Desde entonces, Torres forma parte de la judicatura federal y tiene competencia para conocer controversias que involucran leyes nacionales, organismos gubernamentales, delitos federales y otras materias asignadas a esa jurisdicción.
Su llegada al tribunal neoyorquino estuvo precedida por una evaluación de sus credenciales profesionales. La Asociación Estadounidense de Abogados, conocida por sus siglas en inglés como ABA, había otorgado una valoración favorable a su candidatura.
La trayectoria familiar de Torres también constituye un elemento destacado de su biografía. Su padre, Frank Torres, ejerció como juez del Tribunal Supremo del estado de Nueva York en el Bronx y participó en la política regional como legislador del Partido Demócrata.
Su abuelo, Felipe N. Torres, también desempeñó responsabilidades legislativas y judiciales, entre ellas funciones dentro del sistema de tribunales de familia.
Esos antecedentes explican la presencia del derecho y la administración pública en distintas generaciones de su familia, aunque no permiten establecer conclusiones sobre la manera en que la magistrada resolverá el proceso contra Maduro.
En Estados Unidos, los jueces federales reciben sus nombramientos mediante un procedimiento constitucional que combina la nominación presidencial y la confirmación del Senado. Una vez incorporados al cargo, deben ejercer sus funciones con independencia de los intereses políticos de quienes participaron en su designación.
Por esa razón, el hecho de que Obama la haya nominado o que algunos de sus familiares mantuvieran vínculos con el Partido Demócrata no constituye evidencia de una orientación partidista en sus decisiones judiciales.
Las resoluciones que adopte tendrán que sustentarse en las leyes aplicables, los argumentos procesales y las pruebas que las partes presenten ante el tribunal.
La muerte de Alvin Hellerstein y el proceso judicial que comenzó en 2020
El fallecimiento de Alvin K. Hellerstein produjo un cambio inesperado en la conducción de un expediente que el magistrado conocía desde hacía más de seis años. El juez murió el miércoles 28 de octubre de 2026, a los 92 años, después de mantener una actividad judicial considerable incluso durante la última etapa de su vida.
La información sobre su muerte fue confirmada por autoridades del Distrito Sur de Nueva York. Según la comunicación judicial, falleció por causas naturales, lo que obligó al tribunal a iniciar el procedimiento administrativo para redistribuir los asuntos que permanecían bajo su responsabilidad.
Hellerstein había llegado a la judicatura federal en 1998, durante la presidencia de Bill Clinton. Antes de recibir ese nombramiento, desarrolló una extensa carrera como abogado y prestó servicios jurídicos en el Ejército estadounidense.
Durante casi tres décadas en los tribunales federales de Manhattan conoció algunos de los litigios más relevantes de la historia reciente del país, incluidos procedimientos relacionados con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
En aquellas causas intervino en controversias sobre indemnizaciones, responsabilidades civiles y reclamaciones de personas que sufrieron enfermedades o daños como consecuencia de su participación en las labores de rescate y recuperación posteriores a los ataques.
También dirigió litigios financieros de gran complejidad, procesos por presuntos fraudes empresariales y controversias relacionadas con figuras políticas estadounidenses.
Entre sus decisiones más conocidas estuvieron varias resoluciones vinculadas con Donald Trump, particularmente las solicitudes para trasladar a la jurisdicción federal un caso penal que se desarrollaba ante los tribunales estatales de Nueva York.
La participación de Hellerstein en asuntos que involucraban a dirigentes de diferentes sectores políticos contribuyó a consolidar su reputación como un magistrado acostumbrado a expedientes de elevada exposición pública.
Sin embargo, durante sus últimos meses de actividad, el proceso contra Maduro adquirió especial importancia debido a las circunstancias que rodearon la detención del exmandatario venezolano y su traslado a Estados Unidos.
La acusación original presentada por el Departamento de Justicia en marzo de 2020 señalaba la presunta participación de Maduro y otros funcionarios venezolanos en una estructura destinada a facilitar el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.
Según la Fiscalía, determinados integrantes del poder político y militar venezolano habrían utilizado instituciones estatales y relaciones con organizaciones criminales para favorecer operaciones internacionales de narcotráfico.
La acusación también establecía conexiones entre esas actividades y grupos armados, lo que permitió a los investigadores incorporar la figura penal de conspiración para cometer narcoterrorismo.
No obstante, durante varios años el expediente avanzó sin que Maduro estuviera bajo custodia de las autoridades estadounidenses, circunstancia que limitaba la posibilidad de celebrar un juicio en su contra.
La situación cambió el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar en Caracas que terminó con la captura de Maduro y Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Nueva York.
El procedimiento provocó importantes interrogantes jurídicos relacionados con la soberanía de Venezuela, el alcance de las facultades del Gobierno estadounidense y la posibilidad de procesar penalmente a quien había ejercido la presidencia de otro país.
Tras su llegada a territorio estadounidense, ambos comparecieron ante la justicia federal y rechazaron las acusaciones formuladas por la Fiscalía.
El proceso adquirió una nueva dimensión el 8 de octubre de 2026, cuando el Departamento de Justicia presentó una acusación sustitutiva ampliada que incorporó cargos de conspiración para cometer torturas.
De acuerdo con los fiscales, Maduro, Flores y otros integrantes de la estructura gubernamental habrían participado durante años en un sistema destinado a perseguir, detener y someter a malos tratos a personas consideradas opositoras o amenazas para su permanencia en el poder.
La nueva formulación judicial incluyó alegaciones sobre víctimas estadounidenses que presuntamente sufrieron agresiones físicas, descargas eléctricas, asfixia, violencia sexual, privación de alimentos y amenazas contra sus familiares mientras permanecían detenidas en Venezuela.
La Fiscalía sostiene que estas prácticas formaban parte de un mecanismo de represión que involucraba a organismos de seguridad, unidades militares y otros grupos que actuaban bajo la protección o coordinación de funcionarios estatales.
Es importante precisar que estas afirmaciones corresponden a las acusaciones de los investigadores estadounidenses y todavía deben someterse al examen de un tribunal. Su inclusión en el expediente no constituye una declaración judicial de culpabilidad.
La acusación ampliada contiene cinco cargos que abarcan conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para cometer torturas, conspiración para importar cocaína y dos delitos relacionados con el uso, transporte o posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en conexión con las actividades presuntamente delictivas.
Algunas de estas infracciones contemplan penas máximas de cadena perpetua, aunque cualquier eventual condena dependerá de los cargos que logre demostrar la Fiscalía y de las disposiciones legales que correspondan aplicar.
El 15 de octubre, durante una comparecencia judicial, Maduro y Flores volvieron a declararse inocentes frente a las nuevas imputaciones.
En esa audiencia, el exmandatario rechazó el contenido de la acusación, mientras que su esposa negó haber participado en los hechos que le atribuyen las autoridades estadounidenses.
Hellerstein también había conocido una solicitud de libertad presentada por la defensa de Flores, que invocó razones relacionadas con su estado de salud. El magistrado rechazó esa petición y mantuvo su detención mientras continuaba el procedimiento.
La incorporación de los cargos por torturas llevó a modificar el calendario inicial del juicio, cuya fecha pasó del 1 al 14 de junio de 2027.
Dos semanas después de aquella comparecencia, el fallecimiento del juez dejó en manos de otra magistrada la responsabilidad de continuar las actuaciones preparatorias.
Las decisiones sobre la inmunidad de Maduro y los desafíos que enfrentará la nueva magistrada
El principal desafío inmediato para Analisa Torres no consiste en determinar si Maduro y Flores son culpables de los delitos que les atribuye la Fiscalía, sino en resolver las controversias jurídicas que podrían influir en la posibilidad de celebrar el juicio.
Entre los asuntos pendientes destaca la estrategia de la defensa, que busca obtener la desestimación de las acusaciones mediante argumentos relacionados con la inmunidad soberana y las protecciones jurídicas que pueden corresponder a quienes ejercen funciones de jefatura de Estado.
Los abogados de Maduro sostienen que su condición política y los principios del derecho internacional deben considerarse al evaluar la competencia de los tribunales estadounidenses para procesarlo.
La controversia plantea una pregunta que trasciende el caso venezolano: ¿hasta qué punto puede un tribunal nacional juzgar a quien ejerció la presidencia de otro Estado por actos presuntamente cometidos durante su permanencia en el poder?
La respuesta depende de diferentes factores, entre ellos el tipo de inmunidad invocada, la naturaleza de los delitos, la situación jurídica del acusado y el alcance que las leyes estadounidenses reconocen a determinadas protecciones internacionales.
En términos generales, el derecho internacional distingue entre la inmunidad vinculada al ejercicio de ciertos cargos oficiales y la protección relacionada con determinados actos realizados en funciones gubernamentales.
La primera suele asociarse con altos representantes estatales mientras permanecen en ejercicio. La segunda plantea controversias más complejas cuando las autoridades judiciales examinan conductas atribuidas a antiguos funcionarios.
Estas distinciones resultan particularmente relevantes porque la defensa deberá explicar por qué considera que las protecciones invocadas impiden continuar el proceso, mientras que la Fiscalía tendrá la oportunidad de responder a esos argumentos.
La situación también presenta elementos excepcionales debido a las circunstancias de la captura de Maduro. Su detención ocurrió durante una operación militar estadounidense ejecutada dentro del territorio venezolano, un hecho que podría alimentar cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento utilizado para trasladarlo ante la justicia.
Sin embargo, una eventual controversia sobre la manera en que se produjo su captura no implica necesariamente que los tribunales estadounidenses pierdan competencia para juzgarlo.
La jurisprudencia federal contempla antecedentes en los que personas trasladadas desde otros países han sido procesadas pese a cuestionamientos sobre los métodos utilizados para obtener su custodia.
Por ello, Torres deberá examinar los argumentos concretos de ambas partes y determinar qué precedentes resultan aplicables a las circunstancias del expediente.
Otro aspecto relevante será la relación entre las acusaciones por narcotráfico y los nuevos cargos de tortura.
Aunque forman parte del mismo procedimiento, las conductas atribuidas a los acusados responden a elementos jurídicos diferentes. La Fiscalía tendrá que demostrar los requisitos específicos de cada delito, incluidos los presuntos acuerdos criminales, la participación de los acusados y la conexión entre sus actuaciones y los hechos investigados.
La incorporación de acusaciones relacionadas con violaciones de derechos humanos también podría ampliar el conjunto de testimonios y documentos que las partes necesitan presentar.
Entre los posibles elementos probatorios figuran declaraciones de presuntas víctimas, registros oficiales, comunicaciones, informes de investigación y otros materiales cuya admisibilidad deberá evaluar el tribunal.
Cuando las pruebas proceden de organismos de inteligencia o contienen información clasificada, el procedimiento puede exigir medidas especiales para proteger determinados datos sin vulnerar el derecho de los acusados a preparar su defensa.
Este equilibrio constituye uno de los retos habituales de los procesos federales que involucran cuestiones de seguridad nacional.
La magistrada también deberá supervisar las solicitudes de acceso a las pruebas, resolver desacuerdos entre los abogados y la Fiscalía, y establecer las condiciones necesarias para que ambas partes puedan presentar sus argumentos.
Estas decisiones pueden influir considerablemente en el desarrollo del juicio, aunque no determinan por sí mismas cuál será el veredicto.
El calendario procesal contempla nuevas actuaciones durante noviembre y diciembre de 2026, incluido el examen de las peticiones destinadas a desestimar la causa y de los argumentos relacionados con la inmunidad.
La audiencia prevista para diciembre constituye una de las próximas referencias del procedimiento, aunque la nueva responsable del expediente conserva facultades para modificar determinados plazos cuando existan razones procesales que lo justifiquen.
Por ahora, el juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores mantiene como fecha programada el 14 de junio de 2027, después de que Hellerstein aprobara su aplazamiento por dos semanas tras la ampliación de las acusaciones.
No obstante, esa programación depende de que el caso supere las controversias previas y de que las partes puedan completar la preparación de sus respectivos argumentos.
La llegada de Torres no significa que el expediente deba comenzar desde cero. Las decisiones anteriores, los documentos incorporados y las actuaciones válidamente realizadas continúan formando parte del proceso, salvo que exista alguna razón jurídica que permita revisarlos.
La nueva jueza tendrá acceso al historial de la causa y podrá estudiar las resoluciones adoptadas por su antecesor para comprender el estado de las actuaciones pendientes.
En un procedimiento de semejante complejidad, esa continuidad resulta esencial para evitar que el cambio de magistrado produzca interrupciones innecesarias o afecte los derechos procesales de los involucrados.
Desde el punto de vista político, el caso mantiene una dimensión que supera las fronteras estadounidenses.
Para Venezuela, el juicio representa un acontecimiento extraordinario debido a que involucra a quien ejerció la presidencia del país durante más de una década y a una figura central de su entorno político y familiar.
Para Estados Unidos, constituye un procedimiento en el que confluyen acusaciones sobre criminalidad transnacional, presuntas redes de narcotráfico, seguridad nacional y violaciones de derechos humanos cometidas fuera de su territorio.
El desarrollo de la causa también despierta interés entre organizaciones defensoras de derechos humanos, especialistas en derecho internacional y sectores de la comunidad venezolana que siguen las investigaciones sobre las actuaciones de las autoridades durante los años de gobierno de Maduro.
Sin embargo, las expectativas políticas o sociales que rodean el juicio no sustituyen las exigencias del proceso penal.
La Fiscalía debe demostrar la responsabilidad individual de los acusados mediante pruebas suficientes y conforme a los estándares que establece la legislación estadounidense.
De igual manera, Maduro y Flores conservan el derecho a la presunción de inocencia, a contar con representación legal, a controvertir los elementos presentados en su contra y a solicitar la revisión de decisiones judiciales mediante los recursos disponibles.
La imparcialidad de Torres será, por tanto, uno de los elementos fundamentales para garantizar que el procedimiento avance dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes federales.
Aunque su nombramiento ocurrió durante una administración demócrata, no existen fundamentos para atribuirle una decisión anticipada sobre el futuro del expediente a partir de ese antecedente.
El propio historial de Alvin Hellerstein demuestra que la designación presidencial de un juez no permite deducir automáticamente cómo resolverá controversias que involucran a figuras políticas.
Hellerstein recibió su nombramiento de Bill Clinton y, décadas después, adoptó decisiones que afectaron a dirigentes de distintos sectores, incluido Donald Trump.
De manera semejante, Torres tendrá que construir sus resoluciones a partir de la valoración independiente de los argumentos jurídicos y no de las circunstancias políticas que rodearon su incorporación al tribunal.
La atención estará dirigida especialmente a sus primeras actuaciones, cuando deberá establecer cómo abordará las peticiones pendientes y si considera necesario introducir modificaciones en la organización del procedimiento.
También será relevante observar qué decisiones adopta sobre la presentación de pruebas, las posibles controversias relacionadas con información reservada y los derechos de las partes durante la etapa preparatoria.
Un eventual rechazo de las solicitudes de desestimación permitiría avanzar hacia el juicio, aunque la defensa podría intentar recurrir determinadas resoluciones si la legislación procesal lo permite.
Por el contrario, una decisión favorable a alguno de sus planteamientos podría modificar el alcance de las acusaciones o, dependiendo de sus fundamentos, afectar la continuidad de una parte o de la totalidad del procedimiento.
Ninguno de esos escenarios puede anticiparse únicamente a partir de la identidad de la magistrada.
En los próximos meses, las actuaciones judiciales permitirán conocer con mayor precisión qué argumentos considera determinantes Torres y cómo pretende organizar un proceso que combina acusaciones penales graves con cuestiones complejas de derecho internacional.
El fallecimiento de Hellerstein cerró una etapa de la causa, pero no puso fin a las responsabilidades de la justicia estadounidense frente a las acusaciones que permanecen pendientes.
Ahora corresponde a Analisa Torres conducir el expediente hacia sus próximas decisiones y garantizar que la discusión jurídica se desarrolle con independencia, rigor procesal y respeto por los derechos de los acusados.
En un caso que ha concentrado la atención de Venezuela, Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional, la resolución de las controversias preliminares será decisiva para establecer si Maduro y Flores finalmente comparecerán ante un jurado federal en junio de 2027.
Hasta entonces, el futuro del proceso dependerá menos de los antecedentes políticos de la nueva magistrada que de las pruebas, las normas aplicables y las decisiones que adopte dentro del tribunal de Manhattan.
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