EDITORIAL | El pasaporte venezolano: un arma política contra el derecho a la identidad

➦ El autor es: Periodista venezolano y director de El Venezolano Colombia

Por: José Ramón Villalobos

En la Venezuela actual, tener un pasaporte no es solo un trámite burocrático: es un privilegio condicionado, un instrumento de control y, en muchos casos, un obstáculo impuesto por el propio Estado. Para millones de venezolanos dentro y fuera del país, obtener o renovar este documento esencial se ha convertido en una odisea que vulnera uno de los derechos humanos más básicos: el derecho a la identidad.

En Colombia, país que ha acogido a más de 2.8 millones de venezolanos, esta realidad cobra un matiz urgente. Cientos de miles de migrantes no pueden regularizar su estatus, viajar legalmente, acceder a trámites consulares o ejercer derechos civiles simplemente porque no tienen un pasaporte vigente. Y no por negligencia propia, sino porque el régimen de Nicolás Maduro ha convertido al pasaporte en un mecanismo de exclusión política y castigo ideológico.

Las denuncias son persistentes: costos desproporcionados, demoras interminables, corrupción institucionalizada y una plataforma tecnológica —el SAIME— que opera más como un muro digital que como una solución. Para quienes han expresado públicamente su oposición al régimen o han huido por persecución, la situación es aún más grave: sus datos son eliminados, sus solicitudes bloqueadas y sus derechos negados.

Lo que debería ser una gestión sencilla y garantizada por el Estado, se convierte así en un modo de silenciar, aislar y castigar al disidente. Este uso político del pasaporte no solo afecta la movilidad: rompe vínculos familiares, impide acceder a oportunidades laborales, retrasa procesos legales y restringe la libertad.

Desde El Venezolano Colombia hacemos un llamado a los organismos internacionales, a los gobiernos receptores de migrantes y a las organizaciones de derechos humanos: ignorar esta situación es permitir que se normalice la negación de la identidad como forma de represión.

No se trata solo de un documento. Se trata del rostro legal de millones de personas, de su derecho a existir, moverse, identificarse y construir una nueva vida con dignidad.

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