El drama de los venezolanos que han abandonado su país no solo se mide en kilómetros recorridos o maletas perdidas. También se mide en derechos arrebatados. Entre ellos, uno de los más esenciales: la facultad de elegir a sus gobernantes. Lejos de casa, millones de ciudadanos han sido despojados, de forma deliberada, de su posibilidad de incidir en el rumbo político de Venezuela.
Una diáspora masiva con derecho, pero sin acceso
Con más de 9 millones de venezolanos residiendo fuera del país —según cifras actualizadas al 2025—, el éxodo nacional constituye uno de los mayores desplazamientos humanos de América Latina. Esta vasta población migrante conserva, en teoría, sus derechos civiles, incluido el sufragio. Sin embargo, los mecanismos para ejercerlo han sido prácticamente desmantelados.
Durante los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, apenas 69.000 ciudadanos pudieron registrarse en consulados, una fracción ínfima frente a los más de 4,5 millones que legalmente podrían haber votado desde el exterior.
Barreras que impiden votar desde el extranjero
Lejos de facilitar el acceso al sufragio, las autoridades venezolanas colocaron un sinfín de trabas. Entre ellas, exigencias documentales difíciles de cumplir, especialmente para migrantes en situación irregular o con trámites de refugio aún sin resolver. Las condiciones en los consulados tampoco ayudaron: largas filas, horarios reducidos y negativas infundadas fueron la norma.
Estas barreras no responden a negligencia administrativa, sino a una estrategia premeditada para silenciar a un electorado que mayoritariamente se opone al gobierno actual.
Una elección sin participación plena
La exclusión alcanzó su punto máximo en las elecciones presidenciales de 2024. Mientras en el país se acumulaban denuncias de fraude, en el exterior miles de venezolanos observaban impotentes. Paradójicamente, fue la sociedad civil quien logró preservar la transparencia: el 85% de las actas fueron recolectadas por voluntarios y se resguardan hoy en el Banco Central de Panamá.
Estos documentos confirman que Edmundo González ganó ampliamente, superando al candidato oficialista por más de 4 millones de votos. Aun así, el gobierno sigue en funciones y no ha presentado evidencia oficial de sus supuestos resultados.
Derechos pisoteados y silencio internacional
La marginación del voto en el exterior viola flagrantemente el artículo 63 de la Constitución venezolana, que garantiza el sufragio universal y secreto. También contraviene pactos internacionales firmados por Venezuela. Pese a los reclamos, la respuesta diplomática global ha sido tibia y fragmentada.
España, donde residen más de 700.000 venezolanos, ha sido uno de los escenarios de mayor movilización política. Aunque en su Parlamento se debatieron iniciativas para apoyar el derecho al voto migrante, ninguna prosperó.
¿Puede haber democracia sin los que se fueron?
La negación del voto a millones de ciudadanos fuera de sus fronteras es más que una omisión: es una forma de represión. Silenciar sus voces es borrar una parte esencial del país. Porque reconstruir una nación también implica incluir a quienes, desde la distancia, no han dejado de pertenecerle.
