En cada paso que da un migrante venezolano hacia Colombia, hay una esperanza que se arrastra con ellos: escapar del hambre, de la represión, de un régimen que arruinó un país. Pero en esa misma ruta, entre trochas y caminos clandestinos, se esconde una amenaza oscura que también salió de Venezuela: el Tren de Aragua.
No es solo una banda. Es una estructura criminal transnacional que opera como un cartel, con brazos en Perú, Chile y, con fuerza, en Colombia. Su negocio: extorsionar, secuestrar, traficar personas, armas. Su blanco predilecto: los migrantes más vulnerables.
No hablamos de rumores. Hay documentos oficiales, investigaciones periodísticas y testimonios de víctimas que confirman cómo el Tren de Aragua ha instalado células en puntos clave de la frontera, especialmente en Norte de Santander, donde controla trochas y cobra por el “paso seguro”. Para quienes no pueden pagar, las consecuencias son brutales: desapariciones, violencia sexual, esclavitud.
Una prueba contundente de esta expansión criminal fue la captura, en julio de 2024, de Larry “Changa”, uno de los fundadores del Tren de Aragua, en el departamento del Quindío. Había llegado al país con identidad falsa y logró establecer operaciones delictivas sin ser detectado por meses. Su detención, con cooperación de autoridades venezolanas, evidenció que la amenaza no es difusa: está entre nosotros y actúa con redes y estructuras claras. Esto plantea una pregunta urgente: ¿debería Colombia coordinar directamente con el régimen de Nicolás Maduro para contener esta amenaza, sabiendo que parte de su impunidad ha sido incubada desde el sistema penitenciario venezolano?
UNA MANCHA MÁS
Esto no es solo un problema de seguridad. Es una tragedia humana. Y es también una mancha más sobre el régimen de Nicolás Maduro, cuya represión ha empujado a más de 7 millones de venezolanos fuera del país. Al caos migratorio le ha seguido la ley del más fuerte, y en las sombras, ese “más fuerte” ha sido el crimen organizado.
Colombia ha hecho esfuerzos importantes por acoger y regularizar a los migrantes. Pero esta amenaza exige otra respuesta: una acción binacional e internacional contundente. Las autoridades colombianas deben continuar desmantelando estas redes, pero también necesitan más apoyo de organismos multilaterales, cooperación judicial y presión diplomática contra quienes desde Caracas siguen permitiendo que esta organización crezca como un cáncer en la región.
El venezolano que cruza una trocha no es un criminal: es una víctima. Y cada vez que el Tren de Aragua se cruza en su camino, es una nueva forma de condena. Como medio comprometido con la verdad y con nuestra gente, lo decimos claro: no podemos permitir que el rostro del migrante venezolano sea confundido con el del delincuente. Esa es una narrativa peligrosa y falsa.
Es hora de separar las cosas: el pueblo que huye y la banda que se aprovecha de su sufrimiento no son lo mismo. Y es deber de todos —autoridades, medios, sociedad civil— hacer esa diferencia evidente.
