Una nueva controversia en materia migratoria enfrenta a Venezuela y Estados Unidos. El gobierno venezolano denunció que 33 menores de nacionalidad venezolana se encuentran actualmente en territorio estadounidense sin la compañía de sus representantes legales, situación que ha sido calificada como una violación a los derechos fundamentales de los niños y a los convenios internacionales de protección infantil.
Una situación que vulnera derechos fundamentales
Según declaraciones del canciller venezolano, Yván Gil, la separación de estos menores de sus familias se ha producido como consecuencia de la detención o deportación de sus padres por parte de las autoridades migratorias estadounidenses. Gil responsabilizó directamente a John McNamara, jefe de la Oficina Externa de EE. UU. para Venezuela en Colombia, de mantener esta realidad que considera “inhumana”.
Las autoridades venezolanas han solicitado el retorno inmediato de los menores, argumentando que la situación atenta contra los principios básicos del derecho internacional y las leyes de protección de la infancia vigentes tanto en EE. UU. como en organismos multilaterales.
Repatriación parcial y presión diplomática
Desde el mes de mayo, el gobierno venezolano ha logrado repatriar a 15 niños que permanecían sin sus familiares en Estados Unidos. Estos menores han sido incluidos en los vuelos organizados por el programa estatal Plan Vuelta a la Patria, que busca facilitar el regreso voluntario y seguro de ciudadanos venezolanos que han migrado bajo condiciones adversas.
El ministro Diosdado Cabello informó que solo en el mes de julio han retornado 14 menores de edad, quienes recibieron atención médica y psicológica al llegar a Venezuela. El gobierno ha asegurado su incorporación al sistema educativo y su reintegración familiar.
Un caso que conmovió a la opinión pública
Uno de los episodios más sensibles fue el de la niña Maikelys Espinoza, de apenas dos años de edad. Separada de sus padres tras ingresar a EE. UU., la menor fue devuelta a Venezuela en mayo. Su madre fue deportada bajo acusaciones relacionadas con delitos graves, mientras que su padre fue trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, antes de ser finalmente liberado y devuelto a su país de origen.
La reunión familiar tuvo lugar el 18 de julio, en un gesto que el gobierno venezolano presentó como símbolo del compromiso de recuperar a cada niño venezolano separado por las políticas migratorias del país norteamericano.
Un llamado a la comunidad internacional
La Asamblea Nacional venezolana, por medio de su presidente Jorge Rodríguez, ha reiterado su disposición a continuar ejerciendo presión hasta que todos los menores regresen a su país. Las autoridades insisten en que este tipo de separaciones constituyen no solo una tragedia familiar, sino también una evidencia de los vacíos legales y humanitarios del sistema migratorio estadounidense.
Mientras el conflicto diplomático persiste, la situación de los 33 niños continúa sin resolverse del todo, dejando en evidencia las consecuencias humanas de una migración sin garantías ni protocolos de protección para los más vulnerables.
