En Colombia, miles de niños venezolanos enfrentan situaciones extremas: sin escolarización, expuestos al maltrato y obligados a laborar para subsistir. Este fenómeno, asociado a la migración irregular y la falta de oportunidades, ha sido identificado como uno de los principales retos humanitarios en las zonas fronterizas y urbanas del país, desde donde emergen alarmantes cifras sobre explotación infantil.
Trabajo infantil detectado por autoridades
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), durante los últimos meses fueron identificados más de 350 niños venezolanos como víctimas de trabajo infantil, en especial en municipios fronterizos como Cúcuta. Estas alertas provienen de operativos móviles del ICBF y denuncias telefónicas. Las labores incluyen ventas ambulantes en puntos de tránsito, trabajo doméstico, limpieza de vehículos o asistencia en mercados.
De acuerdo con la legislación nacional, menores de 15 años no pueden trabajar y está prohibido su empleo en tareas que pongan en riesgo su salud o desarrollo.
Entornos que empujan a los menores a laborar
La escasez de documentos legales impide el acceso de los menores al sistema educativo y de salud, lo que deja a muchas familias en una situación desesperada. Ante dicha vulnerabilidad, niños y adolescentes migrantes se suman a la economía informal o realizan trabajos para contribuir a la manutención familiar.
Estudios de campo en barrios de Bogotá y Maicao evidencian que algunos menores se desempeñan como vendedores en semáforos y zonas de mercado o cargan maletas de otros migrantes. Esta exposición limita su desarrollo emocional y educativo según denuncias de psicólogos especializados.
Impactos en infancia y desarrollo
Expertos advierten que estas prácticas afectan no solo el rendimiento académico, sino la salud física y mental de los niños. No vivir su etapa de juego y aprendizaje temprano genera frustración, aislamiento y posibles traumas persistentes. Además, aumenta su riesgo de explotación sexual o reclutamiento por grupos armados en zonas sin protección institucional
Según estadísticas del DANE, durante 2022 hubo 369.000 menores trabajando en Colombia, y un 44,9 % de los niños venezolanos está fuera del sistema educativo, lo que refleja la magnitud del problema.
Respuesta institucional y desafíos pendientes
El ICBF ha desplegado unidades móviles que han identificado a cientos de menores en situación de riesgo, y ha iniciado acciones de rescate e inclusión. Sin embargo, estas intervenciones no han logrado cubrir la totalidad de niños necesitados, debido a limitaciones presupuestales y de personal.
La falta de cupos escolares, documentación, apoyo a familias migrantes y la ausencia de una política de protección integral dificulta que la regularización avance de manera efectiva.
Organismos internacionales y ONGs insisten en redoblar esfuerzos educativos, sanitarios y de protección judicial para brindar alternativas reales a menores en condiciones de precariedad.
