Un informe reciente de la Unesco ofrece un panorama detallado sobre la integración educativa de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, destacando tanto progresos como carencias que todavía limitan su acceso a la educación, especialmente en el nivel universitario.
Si bien se han implementado políticas públicas y programas para garantizar derechos, la realidad muestra que persisten obstáculos de carácter económico, administrativo y social que frenan su inclusión plena.
Políticas de integración y primeros resultados
Desde 2018, Colombia ha adoptado medidas para atender las necesidades de la población migrante venezolana. Entre ellas, destaca el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV), vigente desde 2021, que sustituyó al Permiso Especial de Permanencia y abrió el acceso a salud, educación, protección social e inclusión financiera.
En educación básica y media, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha establecido lineamientos que flexibilizan requisitos documentales y promueven la regularización migratoria de estudiantes, facilitando su ingreso y permanencia en el sistema escolar.
Brechas en la educación superior
El avance en el acceso a la universidad ha sido más lento. Según el informe, en 2023 se registraron 849 estudiantes venezolanos matriculados, un incremento del 51 % respecto a 2018, pero que representa apenas el 0,10 % de la población en edad universitaria.
Entre los principales obstáculos están el alto costo de los estudios, la falta de reconocimiento de títulos —el 97 % de los profesionales no ha logrado homologar sus credenciales—, la discriminación sufrida por casi la mitad de los estudiantes y las dificultades de adaptación académica reportadas por el 51,7 %.
Programas y estrategias de apoyo
Para contrarrestar estas barreras, se han impulsado iniciativas como el Fondo Solidario para la Educación, la Política de Gratuidad y Generación E, que cubren matrícula y ofrecen apoyos económicos sin distinción de nacionalidad.
Asimismo, se han desarrollado mentorías, procesos de validación de bachillerato y ciclos propedéuticos que facilitan la inserción laboral. Experiencias como el programa Incluye UPB, de la Universidad Pontificia Bolivariana, brindan acompañamiento académico y psicológico, mejorando la permanencia y el rendimiento de estos estudiantes.
Retos estructurales y potencial desaprovechado
Aunque las políticas de regularización y acceso a niveles básicos y medios son significativas, la educación superior continúa enfrentando limitaciones estructurales. Los costos asociados a trámites migratorios, la burocracia en procesos de admisión y la falta de información sobre rutas educativas dificultan que muchos jóvenes puedan iniciar o culminar su formación.
Esta realidad priva al país de capital humano capacitado que podría aportar significativamente al desarrollo social y económico, transformando no solo la vida de los migrantes, sino también el futuro de Colombia.
