La Corte Suprema de Justicia de Colombia negó la solicitud de extradición presentada por el régimen de Nicolás Maduro contra tres empresarios venezolanos acusados de desviar 82 millones de dólares destinados a proyectos productivos en el estado Zulia.
La decisión, fundamentada en la protección internacional de refugiados, marcó un precedente jurídico y reavivó la tensión diplomática entre Bogotá y Caracas. Los empresarios, bajo estatus de asilo humanitario, permanecen en territorio colombiano bajo estrictas medidas de seguridad.
Un caso que enfrenta a dos gobiernos
Los solicitados, Óscar Leonardo Álvarez Mendoza, Marianela Del Carmen Álvarez de González y Carlos Guillermo González Álvarez, forman parte de un proceso judicial que involucra acusaciones de malversación de fondos públicos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Según Caracas, los empresarios habrían incumplido un contrato de financiamiento otorgado por el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), vinculado a la empresa Tuberías Rígidas de PVC, C.A. (Tubrica). Sin embargo, la defensa argumentó que en Venezuela no existen garantías judiciales y que sus vidas correrían riesgo en caso de ser entregados.
El principio de no devolución: la clave del fallo
La Sala de Casación Penal resolvió el caso aplicando el principio internacional de non-refoulement, contemplado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
El magistrado ponente, Gerardo Barbosa, determinó que acceder a la petición venezolana podría poner en peligro la integridad física y la vida de los acusados. Además, la Cancillería colombiana les había concedido la condición de refugiados políticos en enero de 2025, reforzando la imposibilidad de proceder con su extradición.
El Tren de Aragua y las sospechas de represalias
El fallo también tomó en cuenta denuncias sobre operaciones extraterritoriales atribuidas al régimen de Maduro. Según fuentes judiciales, en casos previos se ha señalado que el gobierno venezolano habría utilizado a miembros del Tren de Aragua y agentes de inteligencia para atacar a opositores en el extranjero.
La reciente investigación en Chile por el asesinato del exmilitar opositor Ronald Ojeda refuerza estas preocupaciones, sumando argumentos en contra de la entrega de los tres solicitados.
Implicaciones diplomáticas y tensión regional
Aunque Colombia y Venezuela firmaron un memorándum de entendimiento para desarrollar una zona binacional en materia de salud y educación, fuentes de la Cancillería colombiana aclararon que los acuerdos bilaterales no incluyen cooperación judicial.
La postura de la Corte Suprema reafirma la autonomía del sistema judicial colombiano y coloca un punto de fricción en la relación entre ambos gobiernos. Hasta ahora, el régimen de Maduro no ha emitido una respuesta oficial.
Protección reforzada y secreto sobre su paradero
Por razones de seguridad, las identidades y ubicaciones exactas de los empresarios están bajo reserva. Autoridades colombianas confirmaron que la decisión busca prevenir posibles actos de retaliación desde Venezuela o grupos asociados.
Fuentes del proceso señalan que cualquier entrega a Caracas “equivaldría a exponerlos a persecución, torturas o incluso atentados contra su vida”.
