La Administración Trump había invocado la ley en marzo para justificar la expulsión de 137 venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, alegando que la pandilla Tren de Aragua representa una “invasión depredadora”. Sin embargo, la defensa sostuvo que no existe guerra declarada contra Venezuela ni pruebas sólidas que demuestren vínculos estructurales entre el régimen de Nicolás Maduro y la organización criminal.
El Departamento de Justicia insiste en que el grupo actúa como una fuerza paramilitar que amenaza la seguridad nacional, pero expertos independientes y agencias de inteligencia estadounidenses no han confirmado esas acusaciones.
La decisión judicial y los votos divididos
El fallo estuvo respaldado por las juezas Leslie Southwick, designada por George W. Bush, e Irma Carrillo Ramírez, nominada por Joe Biden. Ambas coincidieron en que el uso de la ley en este contexto vulnera el principio de proporcionalidad y el debido proceso.
El único voto a favor de la Casa Blanca fue el del juez Andrew Oldham, nombrado por Trump, quien defendió la autoridad presidencial para invocar poderes extraordinarios en escenarios que considera amenazas a la seguridad nacional.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) celebró el fallo, calificándolo como “un precedente fundamental” que limita la capacidad del Ejecutivo de actuar sin supervisión judicial.
Migrantes en riesgo y el papel del Tribunal Supremo
El caso cobra mayor relevancia debido al traslado de decenas de migrantes venezolanos al centro de detención de Bluebonnet, Texas, una zona donde solo opera un juez federal, Wesley Hendrix, de perfil conservador. Inicialmente, Hendrix se negó a suspender las deportaciones, lo que llevó a la ACLU a escalar el caso a tres niveles del sistema judicial federal, incluido el Tribunal Supremo.
El Supremo, en dos ocasiones, ordenó detener temporalmente las expulsiones y devolvió el expediente al Quinto Circuito. Sin embargo, todo indica que la disputa volverá a llegar a la máxima instancia, que ya ha mostrado interés explícito en definir la constitucionalidad de la medida.
Implicaciones legales y políticas
El debate abre una discusión más amplia sobre los límites del poder presidencial en materia migratoria y sobre el equilibrio de poderes en Estados Unidos. La cuestión central es si un presidente puede invocar leyes de tiempos de guerra para deportar migrantes sin declarar un conflicto formal.
De confirmarse la decisión, se establecería un precedente histórico que restringe la autoridad del Ejecutivo y refuerza el papel del Poder Judicial como garante de los derechos fundamentales de los migrantes. Por el contrario, si el Tribunal Supremo revierte el fallo, se abriría la puerta a deportaciones aceleradas bajo criterios de “seguridad nacional”.
Con información de El País
