La organización no gubernamental Transparencia Venezuela reveló un panorama estremecedor: 258.795 ciudadanos fueron víctimas de trata de personas durante 2024, un incremento del 35 % frente a 2021. El informe “Trata de personas en Venezuela: entre la miseria y la corrupción”, publicado el 9 de septiembre, detalla cómo redes criminales se enriquecieron con más de 2,6 millardos de dólares, lo que equivale al 7,2 % de las ganancias generadas por este delito en todo el continente americano.
El reporte precisa que 69.875 venezolanos sufrieron explotación sexual comercial y 188.920 fueron sometidos a trabajos forzados. Las cifras evidencian una tendencia ascendente y un negocio ilícito de alto valor, alimentado por la precariedad económica y la débil respuesta institucional.
Perfil de las víctimas
La mayoría de las personas afectadas son mujeres y adolescentes, particularmente quienes viven en condiciones de pobreza y buscan oportunidades para mejorar su calidad de vida o reunificarse con familiares.
Comunidades indígenas y poblaciones en territorios controlados por grupos armados, especialmente en regiones mineras y fronterizas, concentran los mayores índices de vulnerabilidad.
Riesgos en el exterior
El informe también alerta sobre la exposición de migrantes venezolanos en países de destino. Colombia encabeza la lista con 1.409.000 víctimas, seguido de Perú con 816.000 y Estados Unidos con 288.000. La ONG resalta que el 33 % de quienes emprendieron la travesía terrestre hacia Estados Unidos padecieron abuso sexual, porcentaje que supera ampliamente el registrado en Colombia y Perú, donde predomina la explotación laboral. Brasil, Ecuador y Chile completan el mapa de naciones con altos números de denuncias.
Los tratantes emplean diversas tácticas para someter a sus víctimas: engaños, secuestros, raptos y amenazas. Estas prácticas se ven favorecidas por procesos migratorios improvisados, sin la documentación exigida, que dejan a las personas en situación de extrema indefensión.
Respuesta institucional insuficiente
Pese a contar con una docena de organismos competentes, el Estado venezolano no cumple con los estándares internacionales de prevención y persecución. Transparencia Venezuela advierte que no existe información pública desagregada por sexo, edad ni modalidad del delito. De acuerdo con el Global Slavery Index, el país apenas alcanza 28,2 puntos en indicadores de justicia penal, apoyo a víctimas y coordinación interinstitucional.
El informe de Transparencia Venezuela expone la urgencia de políticas eficaces para frenar un negocio multimillonario que afecta a cientos de miles de personas. La combinación de pobreza, migración forzada y escasa acción gubernamental crea un escenario propicio para que las redes de trata continúen operando con impunidad, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Con información de El Diario
