Un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo adscrito a las Naciones Unidas, arrojó datos reveladores sobre la influencia de la migración venezolana en la economía ecuatoriana. Según el estudio, cerca de 900 millones de dólares ingresan anualmente al mercado local gracias al consumo de bienes y servicios por parte de los migrantes. Sin embargo, esta contribución convive con una realidad preocupante: dos de cada tres venezolanos trabajan en la informalidad, a pesar de que gran parte de ellos posee formación profesional.
Una inyección a la economía
La investigación de la OIM, basada en encuestas a 786 hogares, evidenció que el flujo migratorio no solo dinamiza el comercio interno, sino que también representa un aporte significativo en materia fiscal. De acuerdo con los cálculos, los migrantes venezolanos contribuyen con aproximadamente 47 millones de dólares en impuestos cada año, cifra que desmonta la percepción de que la población extranjera únicamente consume recursos públicos.
La edad promedio de esta comunidad también es un factor clave: el 70 % tiene entre 18 y 39 años, lo que los convierte en un grupo con potencial de productividad y capacidad para insertarse en sectores estratégicos del mercado laboral.
Alta preparación, baja inserción profesional
Pese a contar con niveles educativos semejantes a los ecuatorianos, solo el 30 % de los migrantes ejerce en su área de especialización. La mayoría se desempeña en actividades informales, con ingresos promedio de 350,5 dólares mensuales, por debajo de los 460,2 dólares que perciben los nacionales. Esta brecha no responde a la falta de formación, sino a obstáculos relacionados con su estatus migratorio.
La falta de documentos válidos impide que empresas ecuatorianas puedan contratarlos legalmente. Como señaló un empresario consultado de manera anónima: “Sin regularización no podemos contratar formalmente. Ellos pierden y nosotros también”.
El peso de la irregularidad
El estudio subraya que regularizar la situación migratoria eleva los ingresos laborales entre un 4 % y un 14 %. De este modo, garantizar acceso a permisos de residencia y trabajo no solo beneficia a las familias migrantes, sino que también fortalece el tejido económico del país.
Kristina Mejo, jefa de misión de la OIM en Ecuador, lo resumió así: “Cuando los migrantes tienen acceso a derechos y oportunidades, contribuyen sustancialmente a las sociedades que los acogen”. La declaración resalta la urgencia de políticas públicas que eliminen barreras y aprovechen el potencial de esta población.
Beneficios compartidos
Más allá del impacto económico, la integración de migrantes genera efectos sociales positivos. Permitirles acceder a empleos formales reduce la vulnerabilidad, amplía su capacidad de consumo y al mismo tiempo contribuye a la recaudación fiscal. De esta forma, se transforma un reto humanitario en una inversión social rentable que impacta tanto a quienes llegan como a las comunidades receptoras.
El informe de la OIM reafirma que la migración, bien gestionada, no constituye una carga, sino un motor de crecimiento. La clave está en acompañar a esta población con políticas claras de regularización, inclusión laboral y reconocimiento de sus competencias.
El panorama que presenta el estudio deja en evidencia una paradoja: mientras los venezolanos en Ecuador aportan cientos de millones de dólares y representan una fuerza laboral joven y capacitada, la mayoría sigue atrapada en la informalidad. Resolver este contraste depende de la capacidad del Estado y del sector privado para articular mecanismos que garanticen la regularización y la igualdad de oportunidades. Solo así, el aporte económico de los migrantes podrá traducirse en desarrollo sostenible y en un verdadero proceso de integración social.
Con información de El Comercio
