La historia de María Enriqueta León, una mujer venezolana de 79 años, representa una victoria jurídica con repercusiones colectivas. Tras ser estafada en su país al intentar obtener un pasaporte, llegar a Colombia con serios problemas de salud y enfrentar la negativa tanto al refugio como al Estatuto Temporal de Protección, logró que la Corte Constitucional le reconociera sus derechos fundamentales. Su caso no solo le permitió regularizar su situación y acceder a la salud, sino que también marcó un precedente para otros migrantes en condiciones de vulnerabilidad.
El camino de una mujer vulnerable
La crisis en Venezuela empujó a María Enriqueta a abandonar su hogar. Con limitaciones físicas y sin documentos, cruzó la frontera hasta Bogotá para reencontrarse con su hija. Allí se enfrentó a un laberinto burocrático: primero le fue negado el refugio bajo el argumento de que era una migrante económica, y después tampoco pudo acceder al Permiso de Protección Temporal (PPT), porque su solicitud de refugio seguía abierta.
La incertidumbre se agravó cuando las autoridades le dieron un plazo de 30 días para salir del país. Enferma, analfabeta y dependiente de su familia, su situación era crítica.
La tutela que cambió la historia
El caso llegó a la justicia gracias al apoyo de la Clínica Jurídica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario, que interpuso una tutela en su nombre. La Corte Constitucional evaluó su edad, su dependencia familiar y sus condiciones médicas —entre ellas hipertensión, tendinosis y dolor crónico en la ciática— para concluir que la negativa a otorgarle el PPT había vulnerado sus derechos.
El alto tribunal ordenó su regularización inmediata, dejando claro que las autoridades migratorias no podían condicionar el acceso al Estatuto de Protección Temporal al estado de un trámite de refugio.
Un precedente para miles de migrantes
La decisión de la Corte no solo benefició a María Enriqueta. Abrió la posibilidad para que otras personas en situaciones semejantes —adultos mayores, con enfermedades o en medio de procesos administrativos poco claros— puedan reclamar el derecho a permanecer en Colombia bajo el PPT.
De acuerdo con un informe de la Universidad Católica Andrés Bello, más de 71.000 venezolanos mayores de 60 años han buscado regularizarse en Colombia. Muchos enfrentan obstáculos similares: trámites engorrosos, falta de información y la carga adicional de la edad y la enfermedad.
El tiempo como un desafío adicional
El Estatuto de Protección Temporal otorga un permiso de diez años, vigente desde 2021. Esto significa que para María Enriqueta quedan alrededor de seis años de cobertura, plazo que coincide casi exactamente con el requisito de permanencia para poder solicitar una visa de residencia. Su mayor temor es no alcanzar ese objetivo y volver a quedar expuesta a la incertidumbre de ser expulsada.
Aun así, el fallo le ha devuelto tranquilidad: pudo afiliarse a una EPS, recibir atención médica formal y vivir sin el miedo constante de ser deportada.
Una victoria que trasciende lo individual
El caso de María Enriqueta es emblemático porque refleja tres realidades: las dificultades de los adultos mayores migrantes, la falta de claridad en los procesos administrativos y la necesidad de que la justicia intervenga cuando la burocracia vulnera derechos. Su lucha judicial se convirtió en símbolo de resistencia y esperanza para miles de venezolanos en Colombia que todavía buscan un camino seguro hacia la regularización.
La vida de María Enriqueta León cambió gracias a un fallo que protegió su dignidad y sentó jurisprudencia. Su caso recuerda que detrás de cada expediente migratorio hay historias humanas atravesadas por la fragilidad, la pérdida y la búsqueda de estabilidad. En su nombre, y en el de tantos otros, la justicia colombiana dejó claro que la protección de los derechos fundamentales debe prevalecer sobre los vacíos normativos. Un precedente que podría marcar un antes y un después en la política migratoria de la región.
Con información de El Espectador
