El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos quedó nuevamente en el centro del debate político y judicial. Aunque la Administración Trump logró cancelar formalmente la designación de Venezuela bajo este programa, una parte importante de los beneficiarios conserva todavía su estatus migratorio y autorización laboral, gracias a una decisión judicial que extendió su vigencia hasta octubre de 2026.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) publicó un comunicado oficial con los detalles de quiénes continúan amparados y bajo qué condiciones se mantiene su protección.
Una cancelación polémica con efectos limitados
Tras una revisión interna, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, determinó que Venezuela “ya no cumple las condiciones necesarias” para permanecer bajo el amparo del TPS, alegando que su continuidad “no responde al interés nacional de Estados Unidos”. Con ese argumento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación del beneficio emitido en 2023.
El Tribunal Supremo respaldó esta medida el 3 de octubre de 2025, avalando la cancelación con vigencia inmediata. Sin embargo, el panorama no cambió completamente. Una decisión previa del Tribunal del Distrito Norte de California, emitida el 30 de mayo de 2025, había ordenado que los venezolanos reinscritos durante la última extensión mantuvieran sus derechos y permisos hasta el 2 de octubre de 2026.
Gracias a ese fallo, decenas de miles de venezolanos que cumplieron los plazos y requisitos establecidos seguirán protegidos de deportación y con derecho a trabajar legalmente, pese a la anulación general del programa.
Quiénes conservarán su estatus migratorio y laboral
Según explicó el USCIS, únicamente los venezolanos que completaron su reinscripción antes del 5 de febrero de 2025 conservarán sus Documentos de Autorización de Empleo (EAD), los Formularios I-797 de Notificación de Acción y los Formularios I-94 vinculados al TPS.
Estos documentos permanecerán vigentes hasta el 2 de octubre de 2026, permitiendo a sus titulares mantener la residencia legal temporal y continuar desempeñando sus actividades laborales en Estados Unidos.
El organismo precisó que no es necesario realizar una nueva solicitud de extensión, ya que la validez de los documentos fue prorrogada automáticamente por orden judicial.
La decisión aplica también para quienes recibieron sus credenciales antes del 5 de febrero de 2025, bajo la extensión publicada el 17 de enero de ese año.
Fin de la designación inicial de 2021
Además de la revocación del TPS de 2023, la secretaria Noem también firmó una resolución para poner fin a la designación original de 2021, que había sido decretada durante la administración Biden.
Este segundo cese entrará en vigor el 7 de noviembre de 2025, aunque sus efectos no serán inmediatos para los beneficiarios cubiertos por la extensión judicial.
El USCIS aclaró que los venezolanos amparados por la prórroga de 2023 seguirán disfrutando de protección legal hasta la fecha límite establecida por el fallo del tribunal californiano. Una vez venza ese plazo, deberán esperar una nueva decisión judicial o una eventual redesignación del programa por parte del Gobierno estadounidense.
Implicaciones humanitarias y jurídicas
Organizaciones defensoras de migrantes han señalado que la medida genera incertidumbre y ansiedad entre los venezolanos residentes en Estados Unidos, muchos de los cuales dependen del TPS para trabajar y acceder a servicios básicos.
Expertos en derecho migratorio advierten que la decisión de la secretaria Noem podría ser apelada nuevamente si se demuestra que no consideró adecuadamente la situación política, económica y de derechos humanos en Venezuela, la cual, según organismos internacionales, sigue siendo crítica.
En tanto, los beneficiarios que aún conservan protección deben conservar copias digitales y físicas de sus documentos válidos, así como mantenerse informados sobre nuevas actualizaciones del caso.
Un alivio temporal en medio de la incertidumbre
Aunque la cancelación oficial del TPS venezolano marca un golpe para miles de migrantes, la decisión judicial que extendió su vigencia hasta octubre de 2026 ofrece un respiro a quienes lograron reinscribirse a tiempo.
Sin embargo, el futuro del programa continúa dependiendo de nuevas acciones judiciales o políticas, en un contexto marcado por tensiones entre la Administración Trump y las organizaciones de defensa de los derechos migratorios.
Por ahora, los venezolanos beneficiarios siguen trabajando y viviendo legalmente en Estados Unidos, mientras esperan una solución definitiva que les garantice estabilidad y seguridad jurídica en los próximos años.
Con información de la Nación.ar
