Las autoridades colombianas avanzan en la investigación del atentado armado contra los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche Arteaga y Yendri Velásquez, ocurrido el pasado lunes 13 de octubre en el norte de Bogotá.
Durante las últimas horas, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía confirmó haber identificado al dueño del vehículo Mazda 626 que fue utilizado por los agresores para huir del lugar de los hechos.
El hallazgo abre una nueva línea de indagación que podría esclarecer la autoría intelectual del ataque, considerado por defensores de derechos humanos como un acto de intimidación política contra el activismo venezolano en el exilio.
Las pesquisas en el edificio Zahir
La mañana del martes 14 de octubre, un grupo de agentes judiciales se desplazó al edificio Zahir, ubicado en el barrio Cedritos, donde residían las víctimas. Allí recolectaron videos de seguridad, declaraciones de testigos y huellas dactilares con el propósito de reconstruir la secuencia del ataque.
Según las primeras hipótesis, los agresores vivían temporalmente en el mismo edificio, en el apartamento 204, mientras que Peche y Velásquez ocupaban el 504.
Esta cercanía habría facilitado la planificación del atentado, que ocurrió a plena luz del día y dejó a ambos activistas heridos en las piernas y el abdomen.
Los investigadores concluyen que los autores materiales se movieron con conocimiento previo de los movimientos de las víctimas, lo que sugiere un trabajo de seguimiento planificado.
El Mazda 626, pieza clave del caso
De acuerdo con información revelada por El Tiempo, los atacantes se movilizaban en un Mazda 626 Matsuri modelo 1995, color strato perla, con placas PEI-2XX, que fue abandonado horas después en la localidad de Suba.
Dentro del automóvil se hallaron dos armas traumáticas modificadas, presuntamente utilizadas en el atentado.
Las autoridades verifican si las placas del vehículo son auténticas o si se trata de una matrícula gemelada, una práctica común en redes criminales que buscan dificultar la identificación de los responsables.
El carro, según un informe de inteligencia, pertenece a un empresario de Risaralda, identificado como Jhon Jairo R. R., quien también figura como propietario de un establecimiento comercial en Dosquebradas.
Las investigaciones se han extendido a Pereira, Circasia y Cartago, donde se intenta establecer si el vehículo fue robado, vendido de forma irregular o utilizado sin el conocimiento del propietario.
Conexiones que cruzan fronteras
Fuentes de inteligencia no descartan que este ataque esté vinculado con otros episodios de violencia contra exiliados venezolanos en la región.
Uno de los casos más citados es el asesinato en Santiago de Chile del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.
En ese hecho, fue capturado un presunto integrante de los “Piratas de Aragua”, una facción del Tren de Aragua, organización criminal transnacional con operaciones en varios países latinoamericanos, incluido Colombia.
Los investigadores analizan si existe una red coordinada de amenazas y agresiones dirigida contra activistas venezolanos críticos del régimen de Nicolás Maduro, muchos de los cuales han denunciado persecución incluso fuera de su país.
Hipótesis sobre el móvil del ataque
Aunque en un principio se especuló con un intento de homicidio, las pruebas recopiladas apuntan a otra interpretación.
Según un agente del CTI consultado por El Tiempo, “las armas empleadas eran traumáticas alteradas, lo que no corresponde con el patrón habitual de sicariato. Todo indica que el propósito era enviar un mensaje intimidatorio, no ejecutar un asesinato”.
Esta hipótesis coincide con la versión de las víctimas y de la activista Ana Karina García, quien ha denunciado un patrón de hostigamiento sistemático contra defensores de derechos humanos venezolanos en Colombia.
Temor entre los activistas en el exilio
El atentado ha generado inquietud entre los líderes de organizaciones migrantes y defensoras de derechos humanos. Varios de ellos han pedido al Gobierno colombiano reforzar las medidas de protección para los exiliados que enfrentan amenazas, así como acelerar los procesos de investigación.
Luis Peche y Yendri Velásquez permanecen bajo observación médica, mientras el CTI avanza en la identificación de los atacantes y en las conexiones que podrían tener con redes criminales internacionales.
La investigación se perfila como un caso emblemático de violencia transnacional, en el que la seguridad de los refugiados políticos vuelve a estar en el centro del debate.
La identificación del propietario del vehículo usado en el atentado representa un paso importante para esclarecer un hecho que ha conmocionado tanto a la comunidad venezolana en Colombia como a las organizaciones internacionales.
Sin embargo, las autoridades aún enfrentan el reto de determinar si este ataque fue un acto aislado o parte de una estrategia coordinada para intimidar a los opositores del régimen de Caracas.
Mientras tanto, los activistas venezolanos en Bogotá viven bajo una sensación creciente de vulnerabilidad, exigiendo que su condición de refugiados no sea sinónimo de riesgo, sino de protección y justicia.
Con información de El Tiempo
