La inadmisión de la visa de Ligia Bolívar, una de las más reconocidas defensoras de derechos humanos venezolanas, ha encendido las alarmas entre organizaciones sociales y sectores académicos en Colombia.
La activista, coordinadora de Alerta Venezuela, quedó en condición migratoria irregular después de que la Cancillería colombiana negara la renovación de su visa tipo M, vigente durante los últimos cuatro años.
El hecho no solo compromete su estabilidad laboral, sino también su tratamiento médico oncológico, al que podría perder acceso si no se revierte la decisión.
“Me inadmitieron la visa supuestamente por falta de interés, como si yo hubiera desistido del trámite, cuando llevo un mes tocando puertas por todos lados”, declaró Bolívar en entrevista con El Espectador, visiblemente frustrada ante la falta de respuestas del Estado colombiano.
Un caso que desnuda la arbitrariedad administrativa
Según relató Bolívar, la inadmisión se basó en un argumento administrativo infundado: la supuesta falta de respuesta a un requerimiento de la Cancillería.
La defensora aseguró que cumplió con todos los requisitos exigidos y que incluso notificó formalmente a la Defensoría del Pueblo sobre la falta de respuesta de las autoridades desde el 14 de septiembre.
“Tengo cuatro años con el mismo tipo de visa y contrato. Nada ha cambiado. Pero, por discrecionalidad de un funcionario, me piden aplicar a una visa distinta cuyos requisitos no puedo cumplir”, explicó.
Esa discrecionalidad, añadió, revela un vacío jurídico peligroso, pues deja a los migrantes a merced de decisiones personales de funcionarios sin criterios uniformes.
El resultado, advierte, es una creciente inseguridad jurídica que amenaza la estabilidad de quienes han hecho su vida en Colombia de forma legal y transparente.
Impacto en su salud y en su trabajo humanitario
Más allá del plano administrativo, la inadmisión tiene consecuencias humanas concretas.
Bolívar, diagnosticada con cáncer, depende del sistema de salud colombiano para continuar su tratamiento oncológico.
Sin una visa vigente, corre el riesgo de quedar sin cobertura médica, además de enfrentar la imposibilidad de trabajar formalmente o viajar para representar a su organización.
La Superintendencia de Salud reaccionó rápidamente ante la controversia y manifestó su disposición a garantizar la continuidad del tratamiento. Sin embargo, la activista advirtió que su caso no debería depender de la empatía institucional ni de su visibilidad pública:
“Esto no puede quedar sujeto a la buena voluntad de un funcionario o de si uno tiene reconocimiento. Es un asunto de derechos”.
Un reflejo de la crisis migratoria venezolana en Colombia
El caso de Ligia Bolívar no es aislado. Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de migrantes venezolanos han denunciado en los últimos meses un aumento en los casos de inadmisión, demoras injustificadas y negaciones arbitrarias de visado.
Los más afectados, señalan, son precisamente quienes trabajan en temas de incidencia política o derechos humanos.
Bolívar considera que su experiencia “refleja un patrón de hostigamiento silencioso” hacia defensores sociales venezolanos.
Su situación ocurre apenas semanas después del atentado armado contra los activistas Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá, un hecho que desató preocupación sobre el nivel de vulnerabilidad en que se encuentran los líderes migrantes.
“Esto no solo me afecta a mí. Hay muchos que no tienen respaldo ni visibilidad y quedan completamente en el aire”, subrayó Bolívar, visibilizando un fenómeno que combina burocracia, desprotección y estigmatización política.
Riesgo para su residencia y permanencia en el país
La defensora teme además que esta inadmisión rompa la continuidad de su permanencia legal, requisito indispensable para solicitar la residencia permanente al cumplir cinco años viviendo en Colombia.
“Esto puede interpretarse como una interrupción y hacerme perder ese derecho”, explicó, recordando que en 2026 alcanzaría el tiempo necesario para aplicar al estatus.
Su caso ha sido acompañado por organizaciones como Human Rights Watch, Dejusticia y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que piden al Gobierno colombiano una revisión urgente del procedimiento migratorio y la creación de protocolos claros que eviten decisiones arbitrarias.
Una advertencia sobre el trato a los migrantes
La situación de Ligia Bolívar se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre la política migratoria colombiana y la protección de derechos humanos. En un país que alberga a más de 2,8 millones de venezolanos, según Migración Colombia, los casos de inadmisión o demora injustificada pueden tener efectos devastadores sobre miles de vidas.
Mientras espera una respuesta oficial, la activista continúa su labor desde la irregularidad y la incertidumbre.
“Sigo confiando en que revisarán mi caso, pero esto debería servir para abrir un debate sobre cómo tratamos a quienes vinimos a trabajar por la democracia y los derechos humanos”, concluyó.
El episodio deja una lección incómoda: incluso en un país que se precia de ser solidario con la migración venezolana, la burocracia puede volverse un nuevo muro invisible, tan alto y cruel como el que muchos huyeron para sobrevivir.
Buen día presidente @petrogustavo
¿Recuerda lo que le dije sobre las inadmisiones?
Bueno, tras 4 años con visa de M, ayer me tocó a mí. Desde hoy estoy en condición irregular, con riesgo de perder trabajo y EPS y, por tanto, tratamiento oncológico. https://t.co/8O5jr9yEOJ— Ligia Bolivar (@ligiabolivar) November 1, 2025
Con información de El Espectador
