La isla caribeña de Trinidad y Tobago atraviesa una nueva fase de endurecimiento migratorio. Según cifras oficiales del Ministerio de Seguridad Nacional, el país redujo en un 82 % los permisos de trabajo otorgados a ciudadanos venezolanos durante 2025, al pasar de 4.275 aprobaciones en 2024 a apenas 757 en el presente año.
La medida llega en un contexto de fricciones diplomáticas crecientes entre Puerto España y Caracas, mientras la comunidad venezolana —una de las más numerosas en la nación insular— enfrenta una situación de vulnerabilidad, desempleo y temor a las deportaciones masivas.
Una reducción sin precedentes
De acuerdo con los registros del Ministerio, solo se realizaron dos rondas de aprobaciones para venezolanos reinscritos.
La primera, entre el 25 y el 28 de marzo, otorgó 480 permisos, y la segunda, del 9 al 11 de junio, concedió 277.
Ambos grupos están autorizados a trabajar legalmente hasta el 31 de diciembre de 2025.
En contraste, el programa original —creado en 2019 bajo el llamado Marco de Registro de Migrantes— había regularizado a más de 16.000 venezolanos, otorgándoles permisos laborales anuales renovables.
Esa iniciativa fue vista en su momento como un ejemplo de cooperación regional ante la crisis migratoria venezolana, pero el giro reciente revela una política de cierre y contención que muchos califican de regresiva.
“Pasamos de un modelo de integración a uno de exclusión”, explicó una fuente de la Alianza de Migrantes del Caribe (AMC). “Hoy, la mayoría de los venezolanos trabaja sin papeles, lo que los deja expuestos a la explotación y al abuso”.
Venezolanos entre la precariedad y el miedo
En los últimos años, miles de venezolanos han denunciado condiciones laborales precarias, discriminación y amenazas de deportación.
El clima se ha vuelto aún más hostil tras la difusión de un memorándum oficial que anuncia una deportación masiva de migrantes indocumentados, a ejecutarse “de forma inmediata”.
Las cifras de violencia son alarmantes: al menos 55 venezolanos han muerto en Trinidad y Tobago entre 2020 y agosto de 2025, incluidos 10 casos de mujeres asesinadas, según datos de la Red Caribeña de Derechos Humanos.
Siete de esas muertes han sido clasificadas como crímenes vinculados al narcotráfico, un estigma que las autoridades locales utilizan para justificar las medidas restrictivas.
El discurso de seguridad nacional
El abogado trinitense Criston J. Williams, conocido por representar a migrantes y solicitantes de asilo, advirtió sobre el discurso securitista que está ganando terreno en el país.
“Hay una narrativa peligrosa que vincula migración con criminalidad. Se habla de infiltración de agentes venezolanos y de narcoterrorismo sin pruebas sólidas”, afirmó Williams en rueda de prensa.
El jurista alertó que esta retórica podría usarse como justificación para medidas represivas o cierres fronterizos, mientras la población venezolana continúa sin opciones legales para regularizar su permanencia.
El argumento de la seguridad nacional ha sido reforzado por sectores conservadores del Parlamento trinitense, que sostienen que “Venezuela podría estar infiltrando agentes o redes criminales” en territorio insular.
Tensión diplomática y presencia militar estadounidense
El deterioro de las relaciones bilaterales se acentuó tras el arribo del destructor estadounidense USS Gravely al puerto de Puerto España, lo que Caracas interpretó como un gesto de provocación.
El propio Nicolás Maduro acusó a Washington de “usar a Trinidad y Tobago como plataforma de agresión” y advirtió:
“No permitamos que Estados Unidos meta una guerra en el Caribe”.
Por su parte, Diosdado Cabello, número dos del chavismo, aseguró que el plan de deportaciones responde a una “estrategia coordinada por Estados Unidos para enviar mercenarios a Venezuela”.
El gobierno trinitense, sin embargo, ha negado estas acusaciones y reafirmó que su prioridad es “mantener la estabilidad interna y el control migratorio”.
Seis años después: el fin del sueño caribeño
A casi seis años de la creación del sistema de permisos, la comunidad venezolana en Trinidad y Tobago vive una de sus etapas más difíciles.
La combinación de restricciones legales, incertidumbre laboral y tensiones geopolíticas ha transformado lo que alguna vez fue una ruta de esperanza en un escenario de temor y supervivencia.
Las organizaciones internacionales alertan que, si no se corrige el rumbo, miles de venezolanos quedarán en el limbo legal antes de 2026, sin acceso a servicios básicos ni protección contra abusos.
“La crisis en Trinidad y Tobago refleja la fragilidad del sistema de protección regional”, señala un informe de Acnur, que insiste en la necesidad de renovar los permisos humanitarios y establecer canales permanentes de regularización.
En medio del pulso entre gobiernos, los migrantes siguen siendo las principales víctimas de un conflicto que mezcla burocracia, política y geoestrategia, en una región donde el mar Caribe se convierte cada vez más en frontera y no en puente.
Con información de Infobae
