Benedetti anticipa salario mínimo de $1,8 millones para 2026 y desata polémica económica

◉ El incremento para 2025 fue de 9,53%, es decir salario mínimo base se ubicó en $1.423.000, y con transporte subió a $1.623.500

El ministro del Interior, Armando Benedetti, encendió el debate económico del país al anticipar que el salario mínimo para 2026 podría fijarse en $1,8 millones, lo que representaría un aumento del 26,4 % respecto al valor base actual de $1.423.000.

La declaración, realizada a través de su cuenta en X (antes Twitter), fue celebrada por sectores cercanos al gobierno de Gustavo Petro, pero duramente criticada por gremios empresariales que advierten posibles efectos inflacionarios.

Si se suma el subsidio de transporte, el incremento real sería del 10,8 % frente al ingreso total vigente de $1.623.500, situando al país ante uno de los ajustes más altos de las últimas dos décadas.

El argumento del Gobierno: un avance para los trabajadores

En su publicación, Benedetti defendió el alza como un logro del actual mandato:

“Cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia, el salario mínimo estaba en menos de un millón. Este año puede terminar en $1.800.000 y un trabajador gana 100 % de sus festivos y domingos”.

El ministro señaló que desde el inicio del gobierno progresista, el ingreso básico habría aumentado casi un 80 %, un reflejo —según él— de la prioridad otorgada a la justicia salarial.
Además, envió un mensaje político directo a la clase media:

“Elegir candidatos de la clase alta no los beneficia a ellos”.

El Ejecutivo ha sostenido que el fortalecimiento del poder adquisitivo es una herramienta para impulsar la demanda interna, reducir la desigualdad y estimular la economía popular.

Críticas empresariales: “Populismo y riesgo de hiperinflación”

Desde el sector privado, las reacciones no se hicieron esperar.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, calificó el anuncio como una medida “irresponsable” y “populista”, al considerar que un incremento de esa magnitud pondría presión sobre los precios y la estabilidad económica.

“Ministro, qué bien le vendrían unas clases de introducción a la economía. El primer paso hacia la hiperinflación es subir los salarios para congraciarse con el pueblo. Eso es pan para hoy y hambre para mañana”, afirmó Cabal.

El dirigente gremial insistió en que una política salarial debe basarse en la productividad y no en decisiones políticas. También acusó al gobierno de usar el tema con fines electorales, señalando que el aumento podría “obedecer más a un cálculo político que a un análisis técnico”.

El Ministerio de Trabajo aclara el proceso de concertación

Ante la polémica, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, intervino para recordar que el salario mínimo no puede fijarse por decreto anticipado, sino a través de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, integrada por empresarios, trabajadores y representantes del Gobierno Nacional.

Sanguino explicó que la mesa se instalará oficialmente el 1 de diciembre, cuando el DANE presentará las cifras del PIB y del mercado laboral correspondientes al tercer trimestre del año.

El ministro enfatizó que la ley 278 de 1996 establece un procedimiento técnico para definir el incremento, con base en variables como la inflación, la productividad y el costo de vida.

El contexto histórico del salario mínimo en Colombia

El anuncio de Benedetti se produce en un contexto de incrementos progresivos desde 2022.
En los últimos años, los ajustes anuales han oscilado entre el 9 % y el 16 %, siendo el más alto el de 2023, con un 16 %.

Si la proyección de $1,8 millones se concreta, sería el mayor aumento nominal en más de una década, consolidando una tendencia de recuperación del ingreso real, aunque bajo un panorama de presiones fiscales y económicas.

Una discusión entre la equidad y la sostenibilidad

El debate sobre el salario mínimo vuelve a reflejar el pulso entre la justicia social y la estabilidad económica.
Mientras el gobierno busca consolidar su imagen como defensor de los trabajadores, los empresarios temen un impacto directo en los costos de producción y el empleo formal.

De aprobarse la cifra propuesta, el país enfrentará el desafío de equilibrar los beneficios de un ingreso más alto con la necesidad de mantener la competitividad y controlar la inflación.
El 2026 se perfila, así, como un año decisivo para medir si el aumento salarial será una victoria social o una apuesta arriesgada para la economía colombiana.

Con información de La República

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