
Una niña colombiana de apenas tres años falleció este domingo tras el naufragio de una embarcación que transportaba a migrantes irregulares en la costa de Miramar, distrito de Santa Isabel, en la provincia panameña de Colón. El siniestro dejó a 20 personas rescatadas, entre ellas dos menores de edad, la mayoría de nacionalidad venezolana, según confirmaron autoridades del país.
El suceso ha reavivado la preocupación sobre los peligros que enfrentan quienes buscan regresar o cruzar la región por vías no autorizadas, impulsados por las recientes restricciones migratorias implementadas en Panamá y Estados Unidos.
Rescate y dolor en las aguas del Caribe
De acuerdo con un comunicado del Gobierno de Panamá, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, la menor “de nacionalidad colombiana” murió pese a los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar practicados por personal de rescate. “El Ejecutivo lamenta profundamente la pérdida de esta vida humana”, expresó la nota oficial.
La rápida actuación de una embarcación privada permitió salvar a la mayoría de los ocupantes, mientras unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) reforzaron el operativo y trasladaron a los sobrevivientes a tierra firme para recibir atención médica.
Las autoridades indicaron que la nave siniestrada, pilotada por un ciudadano colombiano, no cumplía con los requisitos de seguridad ni estaba habilitada para el transporte de pasajeros, ya que su registro correspondía a la pesca artesanal. Además, zarpó desde un muelle no autorizado por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), lo que agrava la responsabilidad penal del operador.
Migrantes en rutas cada vez más peligrosas
Aunque el comunicado no detalla la procedencia de todos los viajeros, medios locales informaron que la mayoría eran venezolanos, lo que refleja un fenómeno creciente: el retorno forzado o voluntario de migrantes por el Caribe, en lugar del cruce hacia el norte por la selva del Darién.
La travesía marítima entre Panamá y Colombia se ha convertido en una alternativa para quienes buscan regresar al sur, huyendo de las medidas de deportación que endurecieron los gobiernos de Mulino y Donald Trump. Sin embargo, estas rutas informales son altamente riesgosas debido a las precarias condiciones de las embarcaciones y a la ausencia de control estatal.
Efectos de las políticas migratorias recientes
Desde julio de 2024, tras la firma de un Memorando de Entendimiento Migratorio entre Panamá y Estados Unidos, el flujo de personas cruzando el Darién se redujo drásticamente. Este acuerdo, financiado con 14 millones de dólares aportados por Washington, permitió acelerar las deportaciones y reforzar los operativos de expulsión.
El ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, informó que hasta octubre se habían deportado 2.736 migrantes gracias a este convenio. Estas medidas, sin embargo, han generado nuevos desplazamientos inversos, con personas intentando regresar al sur del continente por rutas marítimas no reguladas.
Lo que antes era un tránsito de norte a sur de apenas unos cientos de casos se ha convertido en un fenómeno frecuente, donde los migrantes toman pequeñas embarcaciones desde puertos clandestinos del Caribe panameño rumbo a localidades fronterizas con Colombia, exponiéndose a naufragios, extorsiones y abusos.
Una crisis humana que no se detiene
El trágico accidente en las costas de Colón refleja las consecuencias humanas de las políticas migratorias restrictivas en la región. Organizaciones humanitarias han reiterado que la falta de vías seguras y legales de movilidad empuja a miles de personas a arriesgar sus vidas en manos de traficantes o capitanes inexpertos.
Mientras Panamá y Estados Unidos celebran la disminución de los cruces irregulares, las tragedias como la de Miramar revelan otra cara del drama: familias desmembradas, víctimas anónimas y una crisis que se desplaza, pero no desaparece.
El cuerpo de la niña colombiana fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Colón, mientras las autoridades investigan las causas del naufragio y la posible responsabilidad penal del operador. Los sobrevivientes permanecen bajo custodia migratoria a la espera de ser repatriados.
Con información de EFE


