La tensión entre el Ejecutivo y el Congreso alcanzó un nuevo punto crítico luego de que ambas cámaras avanzaran hacia el archivo de la reforma tributaria impulsada por el Gobierno. El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza y lanzó una advertencia que sacudió al escenario político: el país podría enfrentar una emergencia financiera si la iniciativa es descartada.
Su mensaje, divulgado horas después de que se consolidaran las ponencias de archivo, dejó entrever que el Gobierno no piensa permanecer pasivo ante esta derrota legislativa y que evalúa acciones para evitar un deterioro mayor en la estabilidad fiscal.
Una advertencia presidencial en un momento decisivo
El jefe de Estado afirmó que la posición de la Comisión Tercera del Congreso tiene efectos inmediatos sobre los indicadores financieros. Según Petro, cada pronunciamiento en contra del proyecto aumenta el riesgo país y encarece la deuda pública, situación que ya inquietaba a los mercados. A través de su mensaje publicado en X, denunció que las decisiones legislativas podrían empujar a la nación hacia una situación límite, instando a los congresistas a evitar escenarios de emergencia que pondrían en jaque las obligaciones presupuestales del próximo año.
Petro, sin detallar medidas concretas, insinuó que el Ejecutivo responderá políticamente ante lo que calificó como un comportamiento irresponsable. La frase “el presidente tendrá que actuar” abrió interrogantes sobre los pasos que está dispuesto a tomar y alimentó especulaciones sobre un cambio de estrategia fiscal o un reajuste en las relaciones con el Legislativo.
Mayorías legislativas se alinean contra el proyecto
El hundimiento de la reforma tomó forma al consolidarse dos ponencias de archivo: una radicada en la Cámara de Representantes y otra presentada casi simultáneamente en el Senado. La iniciativa, que desde su presentación enfrentó resistencia, terminó sin espacio político tras el respaldo mayoritario que reunió la ponencia en la Comisión Tercera del Senado.
El senador Efraín Cepeda logró reunir diez firmas de los diecisiete miembros de esa célula legislativa, cifra suficiente para quebrar las mayorías del Gobierno y encaminar el proceso hacia su archivo definitivo. Cepeda subrayó que la propuesta impactaría severamente a los hogares de ingresos bajos y medios, especialmente por el incremento derivado del impuesto al carbono. Recordó que cerca de doce millones de motociclistas dependen de ese medio de transporte para trabajar y sostener a sus familias, y que cualquier aumento en el valor de los combustibles golpearía directamente su economía.
A esa postura se sumaron congresistas de diversas bancadas, quienes coincidieron en que el articulado no afrontaba las necesidades estructurales del país y, por el contrario, podía deteriorar el empleo, frenar la inversión y estimular la caída del ahorro interno.
La Cámara también se distancia del Gobierno
En la Cámara de Representantes, el panorama no fue distinto. La congresista Katherine Miranda presentó su propia ponencia de archivo, argumentando que la ciudadanía atraviesa un profundo desgaste fiscal. Según su planteamiento, la carga impositiva acumulada en los últimos años no permite exigir más sacrificios, especialmente en un contexto económico frágil.
Miranda destacó que la reforma buscaba recaudar 26 billones de pesos mediante medidas que impactarían a trabajadores, campesinos y transportadores. Señaló que, pese a las declaraciones del presidente, el incremento en el costo de la gasolina terminaría elevando los precios de los alimentos y, en consecuencia, el costo de vida de millones de hogares. Su posición reflejó el creciente malestar social frente a nuevas obligaciones fiscales.
Un pulso político que promete escalar
La confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso parece lejos de concluir. Con el proyecto prácticamente derrotado, crecen las dudas sobre la forma en que el Gobierno financiará sus compromisos en 2026. Mientras el Legislativo sostiene que la reforma era inconveniente, el Gobierno insiste en que sin ese instrumento será difícil cerrar el déficit y enfrentar las presiones fiscales que se avecinan.
El escenario, marcado por desconfianza y cálculos políticos, anticipa días de alta tensión institucional, en los que cada movimiento puede redefinir el rumbo económico y la relación de poderes en el país.
Con información de Infobae
